El exgobernador entrerriano Sergio Urribari evitó la prisión y lo habilitaron a recurrir su condena en la Corte

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos concedió un recurso al exgobernador de la provincia Sergio Urribarri para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta por corrupción, con lo que evitó empezar a cumplir su condena.

El fallo por el cual se le concedió el recurso extraordinario federal fue dictado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia con el voto de la jueza Gisela Schumacher -que cambió su posición inicial-, Germán Carlomagno y la disidencia de Miguel Giorgio.

La vocal Schumacher es la pareja del presidente de la Cámara de Diputados durante el Gobierno de Gustavo Bordet, donde Urubarri era ministro. Juró como vocal del Superior tribunal de Justicia un día antes de que empiece el jury con el que destituyeron a la fiscal Cecilia Goyeneche, que venía trabajando en la causa en la que Urribarri fue finalmente condenado.

La jurisprudencia en Entre Ríos señala que en caso de que le negaran el recurso extraordinario se empezaba a cumplir la pena inmediatamente, con lo que el exmandatario ganó tiempo hasta que se pronuncie la Corte, que no tiene plazos.

Además de Urribarri fueron beneficiados Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera entre otros condenados en la causa conocida como “megajuicio”. Urribarri fue gobernador entre 2007 y 2015 y embajador en Israel en el gobierno de Alberto Fernández, desde donde tuvo que regresar a las apuradas y antes de tiempo debido a que fue condenado.

“Por mayoría, con disidencia del vocal Giorgio, resolvió conceder los recursos extraordinarios federales, interpuestos por Sergio Daniel Urribarri; Gerardo Daniel Caruso; Corina Cargnel; Emiliano Giacopussi; Juan Pablo Aguilera y Luciana Belén Almada, contra la sentencia que resolvió el recurso de queja, en lo que respecta a la causal de arbitrariedad por la falta de conformación de mayoría”, expresó el tribunal.

Respecto a la situación de Pedro Báez, que era el jefe de prensa de Urribarri, el STJ también revirtió su postura. La defensa de Báez, a cargo de Ignacio Díaz, no había presentado el escrito haciendo reserva del caso federal y esto lo ponía en una situación de inminente detención tras quedar firme su sentencia. Sin embargo, con este voto del Superior tribunal se le permitió a Báez acudir a la Corte nacional.

La decisión de la Sala Penal se dio en la víspera de una audiencia de Casación en la cual se iba a discutir el cumplimiento efectivo de las penas. En una primera instancia, Schumacher había votado en sintonía con Giorgio, rechazando los planteos de la defensa y dejando a Urribarri y compañía cerca de la prisión. Ahora, la jueza cambió su voto y permitió darle tiempo al exgobernador.

“Causa de las imprentas”

En esta causa fueron condenados exfuncionarios por diversos actos de corrupción. El “megajuicio” ventiló cinco causas acumuladas, vinculadas entre sí por las maniobras desplegadas, y las personas involucradas. Durante cinco meses de 2022 se expusieron las pruebas en lo que se conoció como “causa de las imprentas”, a partir de la cual se estableció que se constituyó una empresa para realizar trabajos y recibir pauta publicitaria oficial.

Se ventiló también el caso que se conoció como “sueño entrerriano”. Un expediente que acumuló tres causas vinculadas al financiamiento de la campaña de Urribarri como precandidato a presidente (el exfuncionario se bajó). Se investigó la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015; la difusión de cuatro spots publicitarios en la Cumbre del Mercosur en Paraná, en diciembre de 2014; y la publicación en 18 medios gráficos del país de una solicitada contra los fondos buitre. Los jueces dieron por probado que todas estas contrataciones que realizó el Estado tuvieron como real objetivo la promoción de la precandidatura presidencial del exmandatario. Por eso lo condenaron por el delito de peculado.

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