El “examen de idoneidad” que prepara el Gobierno para los estatales genera resistencia entre los gremios

El Gobierno anticipó que tomará un examen de “idoneidad” a unos 40.000 empleados que pertenecen a la planta transitoria o son contratados por el Estado nacional. El anuncio, que fue realizado por el portavoz Manuel Adorni, generó las primeras respuestas críticas por parte de los gremios estatales.

La decisión aparece enmarcada en las facultades que forman parte de la Ley Bases. Desde su llegada al poder, unos 10 meses atrás, el gobierno de Javier Milei puso en marcha una reducción de la planta de contratados. “Es en línea con la racionalización del Estado”, aseguró el funcionario, en referencia a los exámenes.

Adorni explicó que se trabaja en conjunto con varias áreas y en coordinación con la Universidad de Buenos Aires (UBA). La alusión a la UBA fue sorpresiva, en especial en el epílogo de jornadas de conflicto con las universidades por el veto a la ley que aumentaba su financiamiento.

“Se tomarán aproximadamente 2000 exámenes por día y la gente que se contrate a partir del 1° de enero también va a pasar por eso”, puntualizó Adorni, durante la conferencia de prensa. El funcionario especificó, asimismo, que los exámenes se van a “convertir en una práctica normal y habitual en el Estado nacional”.

El anuncio provocó las primeras reacciones en contra por parte del sector sindical más alineado con el kirchnerismo. En diálogo con LA NACION, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios que nuclea empleados públicos, Rodolfo Aguiar, adelantó que no aceptarán los exámenes. “Para nosotros es ilegal”, contestó el gremialista.

El examen está previsto para diciembre, fecha en que vencen los contratos anuales que históricamente se renuevan todos los años. Desde su llegada a la Casa Rosada, la administración libertaria apuntó al universo de los contratados para ir reduciendo la planta del Estado.

Según dejaron trascender poco después desde las filas de la cartera de Modernización y Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, el examen “va a ser un requisito necesario pero no suficiente”. En otras palabras, la aprobación del examen no garantiza a los contratados la continuidad de su lugar de trabajo.

“Más allá de la evaluación, la renovación de los contratos se va a definir por los parámetros usuales para determinar si la persona merece la continuidad del contrato”, agregaron. Precisamente, la relación con el empleo público la lleva adelante el ministerio de Modernizacion y Desregulación.

Se espera que la definición y la implementación de los exámenes se defina en el ministerio a cargo de Sturzenegger. Por otro lado, según aseguraron distintas fuentes consultadas, se evalúan convenios con entidades académicas para la elaboración de los exámenes, entre las que aparece la Universidad de Buenos Aires.

Según pudo reconstruir LA NACION, el examen será “básico”, de características estándar y se aplicará el mismo para todas las dependencias y órbitas del Estado. “El gobierno nacional ha decidido tomar un examen de idoneidad para 40 mil empleados de la planta transitoria y contratados”, explicó Adorni al realizar el anuncio.

“El examen va a ser online para que no haya subjetividad”, agregó el funcionario y detalló que su puesta en marcha está contemplada en la Ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público. Según lo que detalló el vocero, “las personas discapacitadas no van a participar del examen en primer instancia ya que los sistemas requieren una adaptación adicional”.

Sin matices, Aguiar aseguró que ATE rechaza “cualquier posibilidad de rendir un examen que determine como resultado si se sigue o no siendo trabajador del Estado”. ATE viene protagonizando las principales medidas de fuerza contra el Gobierno por parte del sector sindical, en tanto el gremio UPCN se muestra más dialoguista.

“El único examen que podemos rendir es para pasar a la planta permanente y ese proceso debe contar con las veedurías gremiales porque eso estipula la normativa actualmente vigente”, contestó Aguiar. La postura irreductible de ATE anticipa un nuevo conflicto, pero desde el Gobierno ratificaron su postura y aseguraron “no temer” a los escenarios que puedan abrirse.

“Es inaceptable que se pretenda someter a un examen a los trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad para decidir si tienen idoneidad para ser estatales”, sostuvo Aguiar, en referencia a la situación de miles de trabajadores que trabajan desde años para el Estado, pero sin estar en planta permanente, con contratos que se renuevan año a año. Una situación de inestabilidad que el propio Estado también sostuvo a lo largo de diferentes gobiernos.

“Si alguien lleva tantos años en el Estado no se trata de ninguna designación transitoria. ¿Le van a exigir idoneidad a médicos y especialistas que llevan más de 15 años contratados? Esto es un disparate”, agregó.

Apuntó también que “el convenio de la Administración Pública se encuentra vigente y, por lo tanto, los únicos procesos de evaluación y selección son los ahí reconocidos. Esta es una medida sensacionalista para ganar votos pero que no les va a dar resultados y no respeta ninguna legalidad”. Por último completó que que en la administración libertaria “a los empleados públicos nos han intentado estigmatizar y desprestigiar pero sin resultado, porque es el Gobierno el que pierde apoyo popular. Si hay un rasgo distintivo del Estado argentino es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario mientras que en el sector privado ese porcentaje baja a menos del 25%”.

Achicar el Estado

Desde que fines de diciembre pasado, poco después de que comenzó el gobierno libertario, se apuntó a reducir la planta del Estado. Las primeras bajas se dieron pocos días después cuando no se renovaron los contratos que vencían ese 31 y que habían sido emitidos por primera vez en 2023.

A eso le siguieron otras dos olas de despidos, la última en julio pasado. Y entre diciembre y mayo, cuando se registraron las dos primeras, en el Gobierno ya se estimaba, en base a datos oficiales, que las bajas en el Estado superaban los 25 mil trabajadores, tanto si contempla la Administración Pública Nacional como las empresas y sociedades del Estado.

Extraoficialmente, el número total de empleados en la mira podría ascender a 70 mil. A ese número se aspiraría a llegar a través de las revisiones trimestrales que se implementan desde hace diez meses y que se realizan por “evaluaciones” y decisiones de los jefes de cada sector. Otro de los puntos en los que se acortó el número de empleados es por el achicamiento de la estructura del Estado y por lo que en el gobierno consideran la duplicación de áreas, para “cajas de la política”.

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