El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina también quiere evitar el juicio por el “caso cuadernos” y reclama ir a la justicia electoral

El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina le reclamó al tribunal oral federal a cargo del juicio por el caso de “los cuadernos de las coimas” que lo excluya de ese proceso, con el argumento de que él no recibió sobornos de empresarios sino aportes irregulares para la campaña del Frente de Todos de 2013 y, por ende, es la justicia electoral la competente para investigarlo.

Abal Medina, exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner, sigue el mismo camino que otros acusados -empresarios- que señalaron que los fondos que pagaron a exfuncionarios kirchneristas no eran coimas, sino donaciones para la campaña de 2013 que no declararon.

El empresario Angelo Calcaterra consiguió este año que la Justicia atendiera sus argumentos. Él hizo 16 pagos en el garage subterráneo del hotel HiIton de Puerto Madero y señaló que eran aportes para la campaña. El Tribunal Oral Federal N° 7, a cargo del juicio, rechazó sus pretensiones, pero la Cámara de Casación Penal hizo lugar al pedido del empresario.

Los jueces de la Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone resolvieron enviar su caso a la jueza federal electoral María Servini. Pero el fiscal Raúl Pleé pidió anular esa decisión porque la tomaron sin escuchar los argumentos de un organismo que es parte en el juicio, la Unidad de Información Financiera (UIF).

Con ese mismo argumento, también la UIF pidió anular la decisión que favoreció a Calcaterra y ahora los camaristas convocaron a una audiencia “multipropósito”, donde escucharan a la UIF, a Pleé y a los acusados, y resolverán si anulan su propio fallo y dan marcha atrás con su decisión. Hay voluntad de hacerlo, al menos en alguno de los jueces del tribunal, lo que prenuncia un fallo con disidencias, tal vez contra Calcaterra.

Abal Medina basó su reclamo actual en este fallo. En el escrito de su abogado Gabriel Presa rescata la sentencia de Casación que “dispuso la declinatoria parcial de competencia en favor de la justicia electoral, expresamente y sin margen de dudas, en relación también al proceso de recepción de fondos en el que participara nuestro asistido por lo que de ningún modo puede mantenerse al margen de las consecuencias de esta decisión la situación de nuestro defendido, Juan Manuel Abal Medina”.

“Se observa la relevancia que en dicho pronunciamiento judicial se da a las manifestaciones vertidas justamente por nuestro asistido, en consonancia con las de su secretario, Martín Larraburu, al afirmarse la finalidad exclusivamente electoral de los aportes realizados por privados durante el año 2013″, dice el escrito.

El planteo de Abal Medina está aún en el Tribunal Oral Federal N° 7, donde los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero deben resolver. La fiscal Fabiana León ya se opuso a que el legajo de Abal Medina pase a la justicia electoral, pero la última palabra la tienen los jueces del tribunal oral. En Comodoro Py creen que el planteo de Abal Medina tiene más chances de prosperar que los de otros acusados.

En su momento, el juez Claudio Bonadio sacó del caso de las coimas y envió a la justicia electoral a otros imputados, pero obvió a Abal Medina. Sin embargo, Bonadio lo separó de la asociación ilícita dedicada a recaudación de sobornos y lo dejó con una acusación como partícipe secundario en un cohecho pasivo. Lo sobreseyó por la asociación ilícita y ese fallo quedó firme.

La versión de Abal Medina

Abal Medina viene declarando desde 2018 que el dinero que recibió de empresarios fue para la campaña electoral. Lo dijo en su declaración del 9 de agosto de 2018 y a través de un escrito que presentó en ese momento al entonces juez Bonadio.

Ahora, en su escrito de 27 páginas al que accedió LA NACION, mencionó que la totalidad de las “entregas/recepciones” de estos dineros ocurrieron y se limitaron “única y exclusivamente” al tiempo entre mayo y octubre de 2013, “justamente período en el que se celebraron las elecciones “PASO” (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias); entre el 1° de Agosto y las “Elecciones Generales de Legisladores” del 27 de octubre -también de 2013- y, la última, el 22 de octubre, cinco días antes de los últimos comicios.

El exfuncionario y su secretario Martín Larraburu aparecen mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del detenido exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. “Lazarte y Hugo Martín Larraburu retiran dinero en una oficina de Puerto Madero para luego lleváselo a Juan Manuel Abal Medina”, escribió el remisero en los cuadernos que investiga la Justicia. LA NACION investigó el caso y aportó esos cuadernos a los tribunales.

Abal Medina desvinculó a su secretario privado de cualquier responsabilidad con el argumento de que “actuó de acuerdo a sus instrucciones generales”, dijeron cerca del exjefe de Gabinete.

Abal Medina, en su declaración, señaló que Baratta era la persona que “recolectaba” los pagos que realizaban los empresarios para financiar la campaña. “Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción”, indicó Abal Medina en un comunicado. También dijo desconocer quiénes eran los empresarios que hacían los pagos y negó cualquier vinculo con ellos.

Oscar Centeno, exchofer de Baratta, escribió que Larraburu recibió un pago de US$200.000 de “Armando” (en supuesta referencia al empresario Armando Loson), “que llevan luego a la Rosada”. Dos meses después, Centeno anotó en su famoso cuaderno: “Entraron con Martín [Larraburu] y retiraron en cada lugar US$1 millón y se lo llevó Martín a Presidencia para entregar a Abal Medina”.

Abal Medina explicó que “a finales de julio o principios de agosto de 2013″ fue contactado por Baratta. “Me informó que debía coordinar con él la entrega de algunos eventuales fondos que él recaudaría de aportes voluntarios”, dijo. Detalló que le encomendó a Larraburu “la coordinación con el mencionado Baratta para la recepción de los eventuales aportes de campaña” y que coordinó su entrega con Juan Carlos “Chueco” Mazzón -por entonces Coordinador General de Asuntos Políticos-Institucionales de la Unidad Presidente-, “quien a su vez, y según el caso, instrumentaba su reenvío a distintos puntos del país para ser utilizada [la supuesta donación electoral] de acuerdo a las necesidades político-partidarias que este último establecía”.

“En ningún caso tal requisitoria me pareció impropia o desajustada, me refiero a la de Baratta, más allá de la informalidad, pues ningún elemento tenía en aquel momento para dudar de su procedencia”, dijo Abal Medina.

Las palabras de Abal Medina coinciden con el relato aportado por los empresarios arrepentidos, que repitieron que los pagos que se realizaban a pedido de Baratta eran aportes para campañas electorales.

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