El escándalo en Diputados amenaza con trabar leyes clave que reclama el Gobierno

El escándalo que ayer protagonizó la Cámara de Diputados no sólo profundizó la fractura ya expuesta entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, sino que además amenaza con trabar la sanción de un paquete de leyes que el ministro de Economía, Sergio Massa, reclama al Congreso con cierta urgencia antes del final del año parlamentario.

Una de las iniciativas que quedó en jaque es la que la reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Gobierno envió la iniciativa en junio pasado con el fin de adaptar la legislación argentina a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que el próximo año realizará una auditoría sobre el sector público y privado argentinos para evaluar la efectividad en la prevención del lavado de dinero.

El oficialismo aceleró en los últimos días el debate del proyecto luego de que Massa avanzara en la firma del acuerdo con Estados Unidos para que la AFIP reciba información sobre las cuentas de argentinos sin declarar que existan en ese país. Estiman que hay allí unos U$S 100.000 millones y que la recaudación para la Argentina podría ser de U$S 5.000 millones. Massa ansía contar cuanto antes con esos dólares frescos para apuntalar las exhaustas reservas del Banco Central.

La iniciativa, que propone entre otras cosas dotar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, está pendiente de dictamen en las comisiones de Legislación General y Legislación Penal y Finanzas de la Cámara de Diputados. Si bien el oficialismo y Juntos por el Cambio se encaminaban esta semana a acordar un dictamen, el escándalo que se desató ayer en el recinto amenaza con dejar trunca su aprobación.

Otros proyectos

Otro de los proyectos del oficialismo que queda a medio camino es el que propone instrumentar un nuevo plan de pago de deudas previsionales antes de que venza, a fin de este año, la actual moratoria previsional. Desde ANSES estiman que sin esta ley unos 800.000 adultos mayores no podrán jubilarse y deberán recurrir a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de una jubilación mínima.

La iniciativa, impulsada por la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y la legión kirchnerista en el Congreso, plantea un plan de pagos para que las personas en edad jubilatoria y pre-jubilatoria que no tengan los 30 años de aportes puedan precancelar deuda previsional. Ya cuenta con media sanción del Senado y en la Cámara baja el oficialismo logró aprobar el dictamen respectivo con la expectativa (ahora incierta) de convertirlo en ley antes de fin de año.

No será una tarea sencilla. Juntos por el Cambio, contrario a instrumentar nuevas moratorias previsionales, expresó su rechazo. El interbloque Federal, si bien firmó con disidencias, advirtió que no votará el proyecto hasta tanto el oficialismo revele cómo se financiará esta nueva moratoria. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la estimación del “costo fiscal arroja un 0,36% del PBI para el primer año y de 0,48% del PBI acumulado al segundo año”.

“El planteo es que hoy no están los fondos para hacer frente al impacto fiscal de la moratoria. Por lo tanto, el Gobierno y el oficialismo en el Congreso deberán informar qué finalidades, funciones y partidas presupuestarias van a eliminar o reestructurar para hacer frente a ese eventual nuevo compromiso de recursos que implicará la moratoria previsional”, advirtió Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque Federal.

Debates truncos

En la agenda de los asuntos pendientes figura, además, el demorado proyecto de agroindustria, iniciativa que elaboró el Gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), espacio conformado por más de 60 entidades del sector. Apunta a consolidar por medio de una serie de beneficios fiscales el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones, al tiempo que proyecta la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2030, cuando vencerá el programa.

Una iniciativa sensible a los ánimos electoralistas del Frente de Todos y que quedó trunca con el escándalo desatado en el recinto es la que propone la creación de nueve universidades nacionales, en su mayoría emplazadas en Buenos Aires, bastión electoral del kirchnerismo.

Juntos por el Cambio ya anticipó su rechazo –a excepción de Evolución Radical que, a instancias de Emiliano Yacobitti, diputado y vicerrector de la UBA, pugna por la sanción de la ley-, mientras que el interbloque Federal avaló, aunque con reparos, la propuesta.

“El planeamiento estratégico de la educación superior tiene que ser un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y creación de universidades como si fueran una fábrica de churros”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, al anticipar el rechazo de su bancada.

La iniciativa estaba por ser aprobada en la última sesión de la Cámara, pero el escándalo que se desató en el recinto la dejó en suspenso sin nuevo aviso de tratamiento. El detonante de la pelea fue la decisión de la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, quien suspendió la designación de los cuatro representantes del cuerpo ante el Consejo de la Magistratura. Justificó su decisión en el fallo que el lunes dictó el juez Martín Cormick, quien objetó el nombramiento de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo.

La actitud de Moreau desató un fuerte malestar en Juntos por el Cambio que, juntos con otros bloques opositores, rechazaron su reelección al frente de la Cámara. El principal bloque de la oposición advirtió que la decisión de Moreau es “ilegal” y debe revertirse; sin embargo, en el Frente de Todos anticipan que la sostendrán.

De no acercar posiciones, el oficialismo, en minoría, difícilmente pueda avanzar con la agenda de proyectos del Gobierno. El conflicto entre ambos escaló a tal nivel de virulencia que va a ser muy complicado recomponer las relaciones y la confianza, admiten oficialistas y opositores. “Está todo roto”, se lamentan.

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