El escándalo de los seguros: revelan la explosiva cifra que los brokers cobraron durante el gobierno de Alberto Fernández
El monto surge de un informe preliminar elaborado por la Casa Rosada sobre las comisiones que obtuvieron los intermediarios con nexos políticos; la auditoría repasa los cuatro años de la gestión kirchnerista
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LA NACIONCamila Dolabjian
La investigación por el escándalo de los intermediarios de seguros durante la gestión de Alberto Fernández avanza en la Justicia y, en paralelo, algunas áreas del Gobierno llevan adelante su propio seguimiento. Una auditoría interna preliminar realizada por oficinas gubernamentales arrojó que el total estimado de las comisiones pagadas durante los cuatro años de Fernández alcanzó los $3500 millones, no actualizado por inflación. Esta cifra corresponde a la suma de desembolsos que hizo Nación Seguros, la compañía estatal que estaban obligados a contratar en el Estado por un decreto de Fernández, a los productores privados que oficiaban de intermediarios, entre los cuales se encontraba Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, y Pablo Torres García, de vínculos con el Frente Renovador de Sergio Massa y con Pro.
De acuerdo con las estimaciones que confió a LA NACION una fuente oficial que tuvo acceso a la auditoría, por lo menos $1600 millones de los $3500 millones que se abonaron durante toda la gestión de Fernández fueron a las cuentas bancarias de Bachellier SA, una empresa “satélite” de Martínez Sosa. Esta compañía tenía, entre otras, la intermediación de la póliza de Gendarmería. Las mismas fuentes detallaron que, del 15% total que representaba la comisión, cerca del 12% iba para Bachellier SA y 3% para Martínez Sosa.
La sociedad figura a nombre de Osvaldo Alfredo Tortora, un productor de 71 años que, según múltiples conocedores de las gestiones del gobierno anterior, representaba los intereses de Martínez Sosa en reuniones. Su empresa, por otra parte, habría recibido unos $400 millones.
Pablo Torres García, por su parte, habría percibido unos $160 millones. LA NACION consultó por el monto abonado a Castello Mercuri SA, una de las firmas investigadas y cuyo caso se destaca por haber aportado cerca de US$16.000 a la campaña de Fernández en 2019, y a Fernando Salim y Guillermo Alonso, los dos brokers que cenaron en la Quinta de Olivos en 2020, pero no precisaron una cifra concreta.
Los números que fueron elaborados hasta ahora son iniciales. El área técnica de Nación Seguros está realizando un estudio de todos los pagos hechos en los últimos 15 años y esperan finalizar una porción del informe la semana que viene. Las oficinas públicas que encontraron pedidos de intermediación también recopilan datos. El Ministerio de Seguridad, por ejemplo, dijo que se habían pagado unos $800 millones durante 2022 y 2023, pero en referencia a un número actualizado por inflación a la póliza de diciembre del año pasado.
El juez federal Julián Ercolini, por su parte, luego de realizar una serie de allanamientos, solicitó a 27 brokers “toda la documentación referida a las contrataciones de seguros o convenios celebrados con el Estado Nacional y/o las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156, desde el 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023″, incluidos aquellos bajo la modalidad de coaseguro o reaseguro. El despacho agregó que se entreguen “las actuaciones de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones, y toda otra documentación que resulte de interés para la investigación”.
Los organismos bajo la lupa
Al mismo tiempo, se requirió a 45 dependencias estatales que entreguen toda la información relativa a la contratación de sus seguros, antecedentes administrativos y solicitudes. No se solicitó información sobre Presidencia de la Nación, la oficina que ocupaba uno de los imputados. La exclusión de alguna manera coincide con los testimonios de varias fuentes, que remiten que el área del presidente particularmente no tenía intermediador, y con los documentos que se conocieron hasta ahora.
Algunos otros excluidos, por el momento, son los ministerios de Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, Interior y Justicia y Derechos Humanos. En las órdenes del juez comienzan a figurar empresas públicas, como la Administración General de Puertos y Dioxitek, pero no están otras más grandes como YPF o Aerolíneas Argentinas.
Los requeridos fueron el Servicio Geológico Minero Argentino, Estado Mayor General de la Armada, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG) S.A., Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), Radio y Televisión Argentina S.E., Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa), Corredores Viales S.A., Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes (ex-Ministerio de Turismo y Deportes), Termoeléctrica José de San Martín S.A., Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Seguridad de la Nación, Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (Invap), Belgrano Cargas y Logística S.A., Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Ministerio de Economía de la Nación, Fundación ArgenINTA, Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, Secretaria de Turismo, Ambiente y Deportes (ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Dirección Nacional de Vialidad, Comisión Nacional de Energía Atómica, Gendarmería Nacional Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), S.E. Casa de Moneda, Fondo Nacional de las Artes, Ministerio de Capital Humano (ex-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), Tribunal de Tasaciones de la Nación, Dioxitek S.A., Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat), Pampa Energía S.A., Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) y Administración General de Puertos S.E.
Por Camila Dolabjian
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