El escándalo de la criptomoneda $LIBRA: Cúneo Libarona y una colaboradora “juntarán” información, pero no investigarán el caso

El Poder Ejecutivo no investigará si hubo un delito de estafa o de corrupción en la trama detrás de la criptomoneda $LIBRA, que incluyó un tuit de Javier Milei para difundir el lanzamiento del activo digital seguido por un mecanismo que los sitios serios sobre blockchain calificaron como de “rug pull” (“tirar de la alfombra”), porque se generó un interés masivo en la coin para que los insiders obtengan gigantescas ganancias dejando a los nuevos inversores con enormes pérdidas.

Altas fuentes oficiales señalaron que la Oficina Anticorrupción (OA) -un órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia- se limitará a observar si Milei o algún otro funcionario incumplieron la ley de Ética en la Función Pública. La flamante Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por el Presidente para dedicarse al caso $LIBRA se dedicará únicamente a “recopilar información” de distintos organismos públicos.

“Es importante que se entiendan las competencias. La tarea de investigar si hubo delito es del fiscal federal que lleva la causa en Comodoro Py. La OA observa el cumplimiento de la Ley de Ética Pública y emite dictamen en función de eso. Y la nueva UTI va a recopilar información y a juntar papeles de forma muy expeditiva para elevarla a la Justicia. No va a emitir opinión”, dijo a LA NACION un importante funcionario.

Vía Boletin Oficial, el ministro de Juticia, Mariano Cúneo Libarona, designó hoy al frente de la UTI (que dependerá de su cartera) a su mano derecha en la diaria, la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio, María Florencia Zicavo.

Según fuentes oficiales, Zicavo trabajó como sumariante en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y es de extrema confianza de Cúneo Libarona. También es coautora del libro Régimen Migratorio y de Ciudadanía Argentino, declarado de interés por la Legislatura porteña. El ministro de Justicia, de todas formas, estará muy encima de las tareas de la UTI que llevará el tema $LIBRA.

Esta mañana, el vocero Manuel Adorni subrayó: “La UTI va a recabar información y a colaborar con el Poder Judicial. No tiene el mote de investigadora”. Los funcionarios insisten con esta idea pese a que la denominación de la nueva unidad -que se disolverá apenas termine su labor en este caso- alude a “tareas de investigación”.

Según pudo saber LA NACION de altas fuentes del Gobierno, en el Ministerio de Justicia preparan pedidos de informes a distintos organismos. Solicitarán información a la Inspección General de Justicia (el organismo que controla a las sociedades anónimas); a la Unidad de Información Financiera (UIF), para conocer si hubo reportes de operaciones sospechosas ligados al entremado de firmas detrás del “Viva La Libertad Proyect”; a la Procuración del Tesoro (donde trabajan los abogados del Estado), a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -aunque se estima que la información estará protegida por el secreto fiscal- y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

De todas formas, según trascendió en los últimos días, Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis, el cerebro detrás del fallido crptoactivo $LIBRA, nunca se inscribió en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la CNV, creado a princpios de 2024 para tener control sobre las billeteras cripto que operan en el país a partir de una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Además, tal como reveló LA NACION, uno de los nexos entre Milei y los empresarios norteamericanos que participaron en el proyecto $LIBRA fue Sergio Morales, uno de los organizadores del Argentina Tech Forum que figura como asesor del Directorio de la CNV.

Las tareas que planea la UTI, en tanto, se superponen con las medidas de prueba que ya comenzó a ordenar el fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada la investigación del caso $LIBRA. El fiscal ya pidió informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la CNV y a la IGJ, además de a empresas tecnológicas, como Google, para trazar el devenir de la criptomoneda en la Argentina. También le dio intervención en el caso a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para rastrear los sitios de internet desde los cuáles se crearon y operaron los sitios webs vinculados al activo digital.

Está por verse, entonces, si logra acumular información valiosa de forma expeditiva que sea de utilidad para la Justicia.

Respecto a la OA, ese organismo está a cargo de Alejandro Melik, un abogado especializado en derecho penal y lavado de activos que es amigo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Fue su socio y en la década de los 90 integró con el ministro el equipo de abogados defensores de Guillermo Coppola que logró la absolución en el caso del jarrón.

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