El ente que debe velar por el agua potable y saneamiento no rindió millones de pesos y dejaba obras sin terminar

No es la primera vez que un funcionario público denuncia irregularidades alrededor del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) como hizo en estos días el ministro de Economía, Luis Caputo. Una reciente auditoría hizo mención a por lo menos otros 10 informes previos en los que encontraron graves problemas en la ejecución de obras del organismo, según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) al que accedió LA NACION. Caputo se refirió a esta entidad como un “antro de corrupción” y anunció que lo cerrarán.

Este organismo manejó, el año pasado, un presupuesto de $87.472.626.465 y concretó el 87% de sus compras a través de contrataciones directas, lo cual siempre implica mayor discrecionalidad que licitaciones privadas o públicas. La auditoría de la Sigen, de febrero pasado, marcó demoras en la finalización de obras y destacó como agravante que se trataban de proyectos de provisión de agua potable y saneamiento. Marcó atrasos de casi dos años en rendición de anticipos financieros.

El Enohsa funcionaba en paralelo con la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), algo que, para el gobierno actual, generó duplicación de tareas. Fuentes del Ministerio de Economía dijeron que mientras la SSRH mantenía 184 obras en su cartera hacia fines de 2023, de las cuales ahora 29 serán priorizadas, el Enohsa gestionaba 1485 proyectos, de los cuales 122 se mantendrán en ejecución tras la reestructuración. Todos pasarán a la órbita de la subsecretaría, dijeron fuentes del ministerio a este medio.

Con una plantilla de entre 365 y 358 empleados al inicio de la gestión de Javier Milei, el Enohsa superaba a la planta de la subsecretaría, que contaba con apenas 145 trabajadores. Por ahora, se redujo el número de empleados a 234, y se espera que el 50% de ellos sea desvinculado, mientras que el resto será reubicado en otras áreas de la administración donde se necesiten recursos humanos.

El ente había vuelto a la órbita de Economía en diciembre de 2023 (después de pasar por varias dependencias a lo largo de los años) y como administrador oficializó en marzo a Bernardo Bartolomé Heredia, que venía de ser funcionario de Juan Schiaretti en Córdoba.

Entre los programas más importantes del ente se encuentra el Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitarios (Proarsa) y el “Plan Argentina Hace”, dos iniciativas clave para llevar agua potable y saneamiento a las zonas más vulnerables del país. Sin embargo, los informes de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) entre 2017 y 2021 evidenciaron una serie de irregularidades que despertaron sospechas de falta de control y transparencia en la ejecución de estos proyectos.

En el caso del Proarsa, se señaló la falta de supervisión sobre la ejecución de las obras, con incumplimientos contractuales y modificaciones no notificadas al ente. Además, en múltiples casos, los fondos transferidos no fueron invertidos en las obras previstas, lo que generó retrasos significativos y, en algunos casos, dejó obras fuera de servicio. Los informes de la UAI, como el N° 4/2017 y el N° 10/2019, reflejaron el desorden administrativo y la falta de seguimiento por parte de la entidad.

Obras inconclusas

Por otro lado, el “Plan Argentina Hace” mostró deficiencias similares, con obras inconclusas, falta de presentación de certificados y anticipos financieros abonados sin que hubiera avances en los proyectos. Las inconsistencias en los procedimientos de adjudicación, como lo detalló el Informe UAI N° 12/2021, demostraron la falta de un sistema riguroso de control interno en el ente.

El Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAyS) también estuvo bajo la lupa de las auditorías. Un ejemplo relevante fue el caso del proyecto para el sistema de agua potable en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde los ajustes realizados al proyecto no fueron documentados adecuadamente, lo que dificultó la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales (Informe UAI N° 9/2020).

A nivel organizativo, el Enohsa no cumplía con los estándares de una estructura funcional adecuada. La última actualización aprobada por la Jefatura de Gabinete de Ministros data de 1996 (el organismo fue creado en 1995), y desde entonces, las modificaciones que se implementaron no contaron con la aprobación formal requerida, según la Sigen. Esta situación derivó en una inadecuada segregación de funciones y la existencia de áreas acéfalas, lo que complicó aún más la operativa del organismo.

Una auditoría de 2021 reveló que $302.081.391,55 transferidos en ese período no fueron justificados en su totalidad. “Al respecto, no surgen acciones de intimación y recupero de los fondos, así como la realización tardía de las mismas por parte del Enohsa”, denotó la auditoría de febrero pasado.

Una de las observaciones de la auditoría marcó: “Se verificaron demoras en la finalización y habilitación de obras, con el agravante que se trataban de provisión de agua potable y saneamiento con alto impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria, lo cual denota falta de seguimiento de las mismas por parte del Enohsa. A su vez, se visualizaron demoras significativas que exceden los plazos estipulados para la presentación de la documentación correspondiente a la rendición del Anticipo Financiero, constatándose en algún caso un atraso de casi 2 años, no evidenciándose los correspondientes reclamos por parte del Organismo”.

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