El Enacom desistirá de ser querellante contra Martín Sabbatella en una causa por el manejo de subsidios
Se trata de una denuncia contra el extitular del Afsca por irregularidades en el manejo de un fondo para medios comunitarios
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LA NACIONGustavo Ybarra
En línea con las medidas adoptadas en otras causas que involucran a exfuncionarios kirchneristas, la mayoría oficialista que conduce el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se prepara para desistir de la denuncia penal por sospechas de corrupción que el organismo presentó en 2016 contra Martín Sabbatella, extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Así lo dispone la resolución firmada por el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, que será sometida este martes a consideración del directorio. Con cinco de los siete directores que responden el oficialismo, todo indica que el exintendente de Morón y uno de los más firmes defensores de la ley de medios del kirchnerismo se verá beneficiado con la decisión de que la entidad se retire como querellante.
Sabbatella se encuentra procesado en una causa por el supuesto manejo irregular del Fomeca, un fondo destinado a medios comunitarios. La denuncia fue presentada en 2016 por el Enacom bajo la conducción de Miguel de Godoy y fue ampliada durante la administración siguiente, a cargo de Silvana Giudici.
En diálogo con LA NACION, le exdiputada radical y actual directora por la oposición en el Enacom criticó la medida y la adjudicó a una directiva de Cristina Kirchner para beneficiar a funcionarios que sirvieron durante su presidencia.
“El desistimiento de las causas de corrupción de los funcionarios kirchneristas por parte de los organismos públicos fue una orden de la vicepresidenta. Como en el caso de vialidad, o la oficina anticorrupción ahora le toca el turno al Enacom”, dijo
Giudici adelantó el rechazo a la medida. “Como oposición votamos en contra de cualquier desistimiento judicial. La justicia debe culminar la investigación sin trabas ni interferencias”, explicó.
Según la directora del Enacom, Sabbatella está procesado por el manejo irregular de 10 millones de pesos en subsidios del Fomeca. Dijo que entre las pruebas entregadas a la justicia figuran facturas duplicadas y fotocopiadas y el pago de programas en la provincia de Mendoza con comprobantes emitidos en Buenos Aires.
La resolución que firmó Ambrosini instruye a la abogada del organismo, Deborah Lichtmann, “a que proceda a desistir del actual rol de parte querellante” en la causa por defraudación al Estado que se le sigue a Sabbatella ante el Tribunal Oral Federal 1.
La medida se basa, entre otros fundamentos, en un dictamen de la Subdirección de Asuntos Laborales, Compras y Contrataciones que advierte que “no surge la existencia de perjuicio fiscal” de la actuación de Sabbatella en el manejo del Fomeca.
“De todo lo expuesto, no se observa un interés particular respecto de la acción penal vigente con relación a los imputados en la causa, ni se avizoran expectativas concretas que permitan concluir que existe algún perjuicio patrimonial sufrido que pueda ser recuperado, por lo que cabe concluir que resulta improcedente la intervención de este organismo en la causa involucrada, no teniendo injerencia alguna sobre su resultado y sobre la conducta que adopten los titulares de la vindicta pública, siendo el Ministerio Público Fiscal la responsable del ejercicio de la acción pública en cuestión”, concluye la resolución.
Giudici cuestionó la medida por considerar que “si Sabbetella cometió ilícitos es una cuestión que le corresponde a la Justicia dilucidar”.
Conectividad en las cárceles
Por otra parte, la oposición volverá a la carga con su reclamo para que el Enacom cancele el programa de conectividad en las cárceles que beneficiaría a los detenidos.
La cuestión cobra actualidad en medio de la crisis narco en Rosario y el papel que los líderes de los grupos violentos juegan desde sus lugares de detención, controlando las bandas a través de teléfonos celulares desde las cárceles de máxima seguridad de Marcos Paz, Ezeiza y Rawson (Chubut).
“Estamos pidiendo que anulen el programa y que se detengan todos los actos administrativos en curso que le den conectividad a las cárceles de máxima seguridad”, precisó Giúdici, quien destacó que “el Enacom tiene que actuar en consonancia con el Gobierno y anular este programa”.
La funcionaria se refirió así a la decisión del Gobierno nacional de tomar medidas más directas en el combate al narcotráfico y la violencia que vienen desatando las bandas de Rosario.
El programa del Enacom que cuestiona la oposición fue pedido a fines de 2021 por la interventora del Servicio Penitenciario Federal, la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, para que se invierta en dotar del servicio de internet a los penales nacionales, no sólo para el ámbito administrativo sino también para el esparcimiento y conectividad de los detenidos con sus familiares.
En mayo del año pasado, el Enacom realizó un llamado a empresas para que oferten por el tendido de fibra óptica en los penales de Marcos Paz y Rawson por un monto varias veces millonario.
“Ya en ese momento nos volvimos a negar junto a José del Corral (el otro director de la oposición en el Enacom) porque, en vista de lo que había pasado en ese tiempo con el narcotráfico en Rosario, era conveniente que retiraran ese programa porque era darle conectividad a Los Monos”, explicó Giúdici.
Por Gustavo Ybarra
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