El dramático aceleramiento de la conflictividad

Era la madrugada del jueves y en el chat de los dirigentes de la CGT se apilaban mensajes de asombro y rechazo por el alcance del mega decreto de Javier Milei. “Nos cagó”, se lamentó un experimentado dirigente que confiaba en una reforma laboral más light después de haber cruzado previamente mensajes con dos ministros importantes del gabinete. Fue un mazazo para los gremios enterarse por la letra chica del DNU las modificaciones en el régimen de las obras sociales, los obstáculos que les impusieron para recaudar la cuota sindical y los denominados aportes solidarios y las nuevas limitaciones al derecho a huelga. Para encontrar cambios de esta magnitud hay que remontarse a 1976, en dictadura militar. En democracia, no lo consiguieron ni la ley Mucci, ni la Banelco. Las fuerzas del cielo apelaron a la revolución del decreto.

“El Presidente nos pegó una trompada de callado, le tenemos que devolver con dos golpes: movilización el miércoles y paro al día siguiente”, propuso el ferroviario Omar Maturano en la reunión de consejo directivo de anteayer. Su propuesta quedó neutralizada por el sector más moderado, que avaló una marcha a los Tribunales y sugirió esperar los coletazos que tendrá el decreto en la Justicia y en el Congreso antes de activar una huelga.

Antes de conocerse la normativa, en los días que les siguieron a las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, la CGT había cerrado filas entre sus diferentes tribus para conservar un posicionamiento prudente y cauteloso. Darle tiempo y oxígeno al nuevo Gobierno a pesar de la amenaza de hiperinflación que se arrastra desde la gestión de Sergio Massa, el candidato presidencial que impulsaron ellos mismos.

Hubo dos argumentos consensuados entre los dirigentes para adoptar esta postura. Uno simbólico: tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista. “No queremos ser nosotros los que tiremos la primera piedra”, metaforizó uno de los líderes cegetista. Hasta Hugo Moyano, con sus casi 80 años, evitó la semana pasada dar un mensaje combativo. La pasividad se comprobó el miércoles, cuando la CGT se limitó solo a cuestionar retóricamente el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y evitó sumarse la movilización de la izquierda.

El otro motivo de la moderación fue más estratégico. Hasta antes del DNU, los dirigentes sindicales creían que la clase media iba a ser el fusible que encienda la protesta social, con marchas espontáneas y cacerolazos para expresar su descontento. Proyectaban ese primer estallido recién para marzo o abril, cuando la inflación haya devorado aún más los salarios, el ajuste ya haya dejado de su huella y el dinero de muchas familias no alcance para alimentos, pagar las tarifas, prepagas y ni hablar para gastos en educación privada. Esos tiempos se aceleraron ahora dramáticamente a pesar de la proximidad en el calendario de la Navidad y el Año Nuevo. Se prevé un verano caliente en el que el debate legislativo por la restitución del impuesto a las ganancias podría sumarse a un mapa ya por demás conflictivo. En la CGT ya se preparan escraches y marchas en contra de los gobernadores que apoyen el regreso del tributo que pesa sobre los salarios.

El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación por Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT. Daer fue uno de los que había participado en conversaciones con Guillermo Francos antes de que se convierta en ministro del Interior para explorar un canal de diálogo entre los gremios y la gestión libertario. Ese vínculo jamás se terminó de construir. Desconcierta a los gremios no tener un interlocutor. No les había pasado nunca, ni siquiera con los militares. Un sindicalista de peso e influyente contó que Francos les confesó que la toma de las decisiones es exclusiva de Milei y su hermana Karina.

La desconfianza también guía hoy la relación con Omar Yasin, el abogado laboralista de Pro al que una asamblea de trabajadores estatales de UPCN le dio la bienvenida en su primer día a cargo de la Secretaría de Trabajo. Federico Sturzenegger, el cerebro del decreto para desregular la economía, convocó el sábado pasado tempranísimo a Yasin para afinar detalles del capítulo laboral. A las 48 horas, Yasin llamó a los sindicalistas para anticiparles el tenor de algunas de las medidas. “Los cambios van a generar empleo”, repitió en busca de apoyo. Apeló al refrán “el que avisa no traiciona” para forzar una sintonía que ya está agrietada. La jugada de habilitar paritarias cortas y con cláusula gatillo de ajuste automático por la inflación fue bien recibida por los gremios, aunque ese primer gesto quedó ya absorbido por el lío del DNU. Detrás de Yasin se dibuja la sombra de Jorge Triaca, el exministro de Trabajo de Mauricio Macri que identifica en esta reforma laboral una revancha de su frustrado intento, en 2017.

Patricia Bullrich dispuso el miércoles pasado la militarización de las calles de la Ciudad de Buenos Aires y sus accesos para neutralizar una movilización de agrupaciones piqueteras y de izquierda. El Ministerio de Seguridad activó el rígido protocolo antipiquetes a pesar de que se trataba de una mera manifestación en conmemoración del 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, del cual Bullrich fue parte. El gran despliegue de fuerzas para acotar los movimientos del Polo Obrero evidenció que para Milei el control de la calle es tan importante como la batalla fiscal. Lo escenificó con su visita al cuartel de la policía para seguir el operativo.

En esa lógica de neutralizar los reclamos se encuadran algunos puntos críticos del DNU que buscan regular los conflictos. De la elaboración de la normativa, según averiguó LA NACION, participaron estudios jurídicos vinculados a empresas multinacionales. Se impone una reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exigirá un 75% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican de “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 50% del servicio. Además, se le otorgan amplias facultades a los empleadores para despedir con causa a trabajadores que participan en medidas de fuerza. Por ejemplo, si afectan la libertad de trabajo de quienes no adhieran mediante bloqueos, intimidaciones o amenazas. Esto atenta directamente contra la metodología de protesta de los camioneros de Moyano. También se regulan de manera restrictiva las asambleas sindicales.

En materia de relaciones individuales, el cambio más grande es que se reduce el cálculo de la indemnización por despido y se habilita en su reemplazo un fondo de cese laboral por la vía de la negociación colectiva. Milei admitió el jueves en una entrevista radial que la indemnización sería menor, pero buscó compensar al argumentar que después al damnificado le será más fácil encontrar otro empleo. Incomprobable. Curiosamente, en la CGT habían dado luz verde de manera preliminar a este punto de la reforma porque creían que únicamente se iba a habilitar lo del fondo de cese, como rige con la Uocra. Pero hubo más. Muchísimo más.

Marcha y ¿paro?

Lo que realmente sacudió a los viejos jefes sindicales fue cuando vieron que las nuevas normas amenazan su recaudación y poder. En una unidad casi inédita, las diferentes tribus de la CGT acordaron impugnar judicialmente con amparos el DNU y movilizarán a sus militantes el miércoles al mediodía hasta los Tribunales, donde está la Corte Suprema, para exigir que se invalide la medida. Harán presentaciones en diferentes fueros: Laboral, Contencioso Administrativo y Civil y Comercial. La masividad de la marcha será otro desafío a los operativos de Bullrich. “Vamos a poner a prueba el plan antipiquete. La CGT no es el Polo Obrero. La CGT que duerma lo que quiera, pero cuando se despierta es un león”, dijo el ferroviario Maturano en Zónica +. Y desafió, con algo de ironía: “El paro debería ser el 6 de enero, para decirle a la gente que los Reyes Magos no vienen porque no hay plata”.

El jueves próximo, al día siguiente de la marcha a los Tribunales, la CGT, en un Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo y del que participan las regionales de todo el país, resolvería un paro general que podría ser para los primeros días febrero, según confiaron fuentes sindicales. La última huelga de la central obrera fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Macri. Después de cuatro años de silencio y letargo, la CGT se enfrenta a Milei antes de lo que hubiera imaginado.

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