Vacunas de privilegio: Waldo Wolff propone penalizar a los funcionarios que se inmunizaron pese a no tener prioridad
LA NACIONInés Beato Vassolo
En el marco de las denuncias por irregularidades en la asignación de vacunas contra el Covid-19, el diputado Waldo Wolff (Pro) presentó este jueves un proyecto de modificación del Código Penal, que tipifica como delito la asignación de vacunas a quien no corresponda –en el orden de prioridad–, y establece como agravante de la pena que esa persona sea un funcionario público. El proyecto también busca penalizar el uso de la campaña de vacunación como propaganda política.
"Hoy, la vacuna es la diferencia entre la posible vida y la posible muerte. Debemos procurar que las leyes contemplen y aseguren que se vacunen los grupos de riesgo primero y, el resto, después", dijo Wolff a LA NACION, y agregó: "Existe un orden de vacunación y hay muchos que no lo siguen. Lo hacen a la luz del día y lo publicitan. Es inmoral".
El proyecto, que lleva la firma de otros 15 diputados de la oposición, propone la modificación del artículo 205 del Código Penal, que reprime con una pena de seis meses a dos años de prisión a quien "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
"Con mi equipo de penalistas analizamos que hoy, siendo la pandemia un tema de actualidad, es oportuno tipificar como delito la asignación de la vacuna a quien no le corresponde, más si es funcionario, y penalizar el aprovechamiento político de la vacunación", explicó el legislador de la oposición.
En este marco, Wolff había enviado una carta a Alberto Fernández para advertir acerca de la asignación de vacunas sin criterio. Este jueves recurrió a la Cámara de Diputados. "La semana pasada mandé una carta al Presidente para que arbitre los mecanismos necesarios [para que no se vacunen contra el coronavirus más políticos que no son de riesgo] y ahora envié un proyecto de ley. La vacuna es de todos, no de ellos", sostuvo el diputado por la provincia de Buenos Aires.
Los otros 15 diputados que adhirieron a la presentación fueron Álvaro Lamadrid, Soher El Sukaria, Victoria Morales Gorleri, Jorge Ricardo Enríquez, Francisco Sánchez, Pablo Torello, Alejandro García, David Schlereth, María Carla Piccolomini, Mónica Frade, Omar de Marchi, Hernán Berisso, Adriana Ruarte y Fernando Iglesias.
Pedido de informe por la arbitrariedad en Santa Cruz
En paralelo, Wolff e Iglesias adhirieron a un pedido de informe al Poder Ejecutivo nacional por la vacunación de funcionarios kirchneristas en la provincia de Santa Cruz, presentado por el presidente de Pro en Chubut, Ignacio Torres.
"La falta de control sobre quienes recibieron las primeras vacunas, que estaban destinadas a los equipos médicos y personal de salud de la provincia, y la utilización política de esos recursos no puede suceder sin la complicidad de las más altas autoridades", afirmó Torres en el pedido.
El proyecto también pide que se informe acerca del rol de los municipios en la planificación de los operativos de vacunación y la asignación de las dosis, y que se aclare cómo será la reposición de vacunas y el cronograma para aquellos trabajadores de salud que aún no fueron alcanzados por el operativo.
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