El diputado de Pro que pidió la pena de muerte para los delitos de corrupción ahora da marcha atrás
Francisco Sánchez había anunciado un proyecto para castigar con la pena capital a los condenados por corrupción, e incluyó a Cristina Kirchner; ante las críticas oficialistas y la presión de su bloque, no avanzará en la iniciativa
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Tras recibir feroces críticas no solo del oficialismo sino también de colegas de Juntos por el Cambio, el diputado de Pro Francisco Sánchez decidió volver sobre sus pasos y anticipó que no presentará un proyecto de ley para aplicar la pena de muerte a los responsables por hechos de corrupción, entre los que mencionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Teniendo en cuenta la gravedad de la situación social en Argentina, derivada de la crisis económica y de los permanentes agravios a las instituciones republicanas, considero atendible el pedido de evitar la continuidad de manifestaciones que puedan afectar la sensibilidad de personas individuales o colectivas, por lo que desistiré de impulsar un proyecto de estas características”, indicó el diputado neuquino en una carta dirigida al presidente de su bloque, Cristian Ritondo.
Sánchez, no obstante, ratificó su postura de equiparar los delitos de corrupción agravada como delitos de traición a la Patria y que, por lo tanto, deben ser imprescriptibles y exentos de indulto, amnistía o conmutación de pena.
“Respecto de mis manifestaciones respecto de la aplicación de la pena capital para este tipo de delitos, si bien no está expresado en mi proyecto, sí lo expuse como una alternativa de tratamiento, no dirigido a ninguna persona en particular, sino a todos los casos en los que se pruebe fehacientemente delitos de latrocinio”, aclaró el neuquino.
“Esta posibilidad se encuadra en lo que puede y debe considerar cualquier legislador”, sostiene Sánchez, quien admite no obstante que la única forma de incorporar en la legislación argentina la pena capital es por medio de una reforma constitucional.
De todas maneras, no lo hará: el legislador, por presión de su propio bloque, aclaró que no presentará ninguna iniciativa para castigar con la pena de muerte los delitos de traición a la Patria.
“No compartimos para nada sus dichos y le generó un problema gratuito a Juntos por el Cambio y al Pro, porque el oficialismo encontró la excusa perfecta para involucrarnos en lo que ellos llaman los ‘discursos del odio’”, deslizaron en la bancada.
Pedido de expulsión
En efecto, en medio de la conmoción política que desató el intento de homicidio de la vicepresidenta, la semana pasada, en el Frente de Todos avanzaba la idea de impulsar la expulsión del diputado Sánchez por sus declaraciones. Una iniciativa en ese sentido fue presentada por la diputada riojana Hilda Aguirre.
Frente a la presión interna, el jefe de la bancada, Germán Martínez, y la secretaria parlamentaria Paula Penacca, enviaron una misiva a la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, para que tome cartas en el asunto. “Apelamos a su rol de presidenta (de Pro) a efectos que su partido se expida repudiando dichas declaraciones y que se solicite al diputado (Sánchez) que se rectifique de sus dichos, toda vez que son inconstitucionales y generan un agravio al pueblo argentino y a la democracia”, reclamaron los oficialistas.
Ante un conflicto que prometía escalar con el paso de los días, desde la cúspide del bloque disuadieron a Sánchez a que dé marcha atrás con su proyecto. Bullrich, no obstante, defendió al legislador. “No somos una fuerza política que impone una disciplina ideológica”, sostuvo a La NACION.
“No estoy de acuerdo con la pena de muerte bajo ninguna circunstancia –enfatizó-. Pero que no venga el oficialismo a tratar de utilizar la retórica del ‘discurso del odio’ para involucrar a Pro y a Juntos por el Cambio. No vamos a entrar en eso”.
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