El dilema de una Justicia incapaz de condenar
LA NACIONPaz Rodríguez Niell
Lázaro Báez va a salir de la cárcel. Lo ordenó el Tribunal Oral Federal 4, en un fallo en el que subrayó que la Cámara Federal de Casación no le había dejado otra alternativa. Los camaristas sostienen que ellos tampoco tenían opción: los fiscales habían estado de acuerdo con que Báez dejara la prisión.
Pero la suerte de Lázaro Báez, emblema del empresario kirchnerista enriquecido, jefe de los hombres de "La Rosadita" que desparramaban millones de dólares sobre la mesa de una financiera, tampoco es endilgable a los fiscales.
Cuatro años y tres meses lleva Lázaro Báez en prisión preventiva, cuando el máximo que establece la ley es de dos, solo prorrogable por uno más. Es cierto que la Corte Suprema, de modo excepcional, avaló prórrogas de prisiones preventivas aún vencidos los tres años (abrió esa puerta en casos de lesa humanidad, con el fallo Acosta), pero mantener en la cárcel a un acusado sin condena va en contra del principio de inocencia y no es una respuesta que la Constitución permita sostener en el largo plazo.
La lentitud de la Justicia convirtió las prisiones preventivas en condenas anticipadas. Son, para colmo, las únicas condenas que existen para la enorme mayoría de los casos que involucran al poder
El problema no es por qué Báez, que además es "grupo de riesgo" de coronavirus, deja la cárcel pese a todas las acusaciones en su contra. La pregunta es por qué, cuatro años después, ninguna de sus causas tiene sentencia.
La lentitud de la Justicia convirtió las prisiones preventivas en condenas anticipadas. Son, para colmo, las únicas condenas que existen para la enorme mayoría de los casos que involucran al poder.
La condena no es condena hasta que no está firme. Cuando finalmente un caso tiene sentencia, se abre una instancia de recursos donde los expedientes suelen eternizarse en manos de la Casación o de la Corte Suprema, que no tienen plazos para resolver. Así, las causas que logran llegar a una condena entran en un limbo y las sentencias jamás se ejecutan.
Carlos Menem recibió, hace cuatro años, una pena de cuatro años y medio de prisión por hechos que ocurrieron hace 27 (el caso "sobresueldos"), pero todavía no empezó a cumplir la sentencia porque está pendiente, desde hace un año y medio, un recurso extraordinario en la Corte. Un ejemplo insuperable del arte de los tribunales de dejar correr el reloj: la "cronoterapia" de los expedientes, la llamó el juez Carlos Fayt.
Báez enfrenta distintas causas penales, pero la más avanzada es la conocida como "la ruta del dinero k", el caso en el que está acusado del lavado de más de 60 millones de dólares, una causa donde le incautaron bienes por 3000 millones de pesos. Hace dos años y medio que fue elevada a juicio oral y el juicio todavía no terminó.
Carlos Menem recibió, hace cuatro años, una pena de cuatro años y medio por hechos que ocurrieron hace 27, pero no empezó a cumplir la pena porque está pendiente, desde hace un año y medio, un recurso extraordinario en la Corte
Empezó en octubre de 2018. Ocho meses estimaban entonces los jueces que demoraría y, si bien el tribunal dio señales de que quiere avanzar, un año y ocho meses después, el proceso no terminó. La pandemia -y los increíbles problemas de la Justicia para funcionar vía remota- fueron el último inconveniente, pero las fallas del sistema son muy anteriores al coronavirus.
Una audiencia por semana es el ritmo que llevaba el juicio, una megacausa con 24 acusados.
Es un mal generalizado de los juicios de Comodoro Py. La causa Vialidad, la única que tiene en el banquillo a Cristina Kirchner, se hacía solo los lunes. También los lunes únicamente se hacían las audiencias del caso donde se juzga a Ricardo Jaime por presunto enriquecimiento. Son otros dos procesos que los jueces intentan, por ahora sin éxito, reactivar los juicios vía remota.
¿Por qué solo una vez por semana?
En los tribunales orales explican que, con un 25% de los cargos vacantes, no dan abasto con la cantidad de causas que tienen. Las agendas de los jueces están estalladas.
A esta dificultad se suma la extrema burocracia favorecida por un código obsoleto que habilita las chicanas de los abogados defensores, que muchas veces son permitidas por los tribunales por miedo a futuras nulidades.
Ahora, para colmo, a las agendas de los jueces hay que compatibilizarlas con la del Consejo de la Magistratura, que tiene que darle turno a cada proceso para que se pueda hacer por vía remota. Esta semana se suspendió por tercera vez el reinicio del juicio de la ruta del dinero k por problemas técnicos. Este proceso atravesaba por fin la instancia de los alegatos cuando todo quedó frenado por la pandemia.
El lunes próximo el tribunal hará una nueva prueba cambiando de plataforma, de Jitsi Meet a Zoom. Si funciona, el juicio se retomará el 22 de julio. A esta altura, en los tribunales cada vez son más los que creen que el fin de la cuarentena va a llegar antes que las soluciones informáticas.
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