El dilema de Cristina: ¿judicializar o vetar?

Será muy difícil para el oficialismo demandar ante la Justicia la anulación de lo votado por la oposición en el Senado; pero vetar la ley que eventualmente se sancione, mucho más sencillo, tendrá un costo político alto.

Esa es parte del problema que enfrenta el Gobierno, pero hay que desmenuzar la situación.

Dinero empaquetado o dinero mezclado. En primer lugar, las leyes de impuestos se aprueban con mayoría de los presentes, es decir, no se requiere una mayoría calificada. Así también se vota lo relativo a la coparticipación. Esa es la regla, el principio general.

Pero la Constitución permite que, en ocasiones, se separe parte del dinero que se va a recaudar y se lo empaquete (como si se lo pusiera en una bolsa aparte, con un moño que la cierra) para asignarlo a un fin determinado. Esto es una asignación específica y, como esa decisión supone que las provincias hacen un esfuerzo extra, cediendo dinero que de otra manera les correspondería recibir, se necesita la mayoría calificada, es decir, se necesita el voto de la mitad más uno de todos los miembros de cada cámara (no alcanza la mitad más uno de los presentes ese día en la sesión).

El impuesto al cheque y el debate. El impuesto al cheque nació como una asignación específica, porque parte de lo recaudado iba a ser destinado a darles créditos a las pymes. Por eso, el Gobierno, dice ahora que su modificación requiere mayoría absoluta y aplica el artículo 75 inciso 3 de la Constitución. (es la mayoría que establece la Constitución para "establecer o modificar"

Pero la oposición dice que basta la mayoría simple, porque aplica otro inciso de la Constitución, el artículo 75 inciso 2. ¿Por qué? Porque en 2006 se destinó aquel paquete de dinero que iba a ir a las pymes para financiar al Tesoro nacional. Es decir, aquella bolsa se abrió ya en 2006 y el Estado nacional, por necesidades de caja, tiró el moño que lo empaquetaba. Además, aAhora, ya no se trata de "establecer o modificar", sino de derogar.

La justicia llegaría tarde. Evidentemente, el oficialismo sufrió una derrota en el Senado, en la cámara donde tiene más fuerza, y estima complicado poder triunfar en una votación en Diputados. Por eso presiona para que Fellner, presidente de la Cámara baja, no lo gire a comisión. Encima, el proyecto debería pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está presidida por Graciela Camaño, del PJ disidente.

Ante ese escenario de debilidad política, el jefe del bloque de senadores K dijo que podrían presentarse una demanda ante la Justicia.

Pero las dificultades que enfrentaría el Gobierno serían muchas:

1) Si el Gobierno presenta ahora la demanda, estará impugnando un proyecto de ley, que sólo tiene media sanción y la Justicia podría decirle que, por ahora, no sufrió daño alguno.

2) Si, por el contrario, el Gobierno impugna judicialmente la votación una vez que haya sido votada por Diputados, es decir, si impugna la ley ya sancionada, entrará en un camino que deberá transitar por varias semanas, mientras que el plazo que tiene la Presidenta para vetar la ley vence necesariamente antes, a los 10 días hábiles (artículo 80 Constitución nacional).

Es decir, el Gobierno está en una encrucijada: se debilitó en el Senado, por lo menos en esta votación, tiene una situación complicada en Diputados, difícilmente tenga éxito en la Justicia y ese problema sólo podría ser destrabado por la Presidenta, dictando un veto que le traerá una nueva controversia y un aumentará el desgaste.

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