El desvelo de los gobernadores del interior: las tarifas de la energía y los subsidios al transporte

CORDOBA.- Los tironeos por fondos entre los gobernadores peronistas y la Casa Rosada demoran el decreto para implementar el demorado presupuesto 2022. La principal traba pasa por las transferencias del Fondo Compensador del Transporte. En ese punto, los mandatarios oficialistas terminaron asumiendo la misma posición que venían planteando el peronista disidente cordobés Juan Schiaretti y sus colegas de Juntos por el Cambio: la creación de un “boleto federal” sobre la base de un proyecto que está a estudio del Senado.

Según pudo saber LA NACION, los mandatarios buscan incluir en la agenda oficial el intento de resolver las deudas que las empresas de energía provinciales mantienen con Cammesa, la administradora del mercado mayorista. “En el medio del revuelo y de las internas es difícil encontrar interlocutores válidos”, admitió un ministro de una provincia del noroeste argentino.

Precisamente, en la asamblea del viernes de esa región, el tema de la distribución de fondos fue uno de los ejes. Los ministros nacionales que participaron intentaron enviar señales de “unidad” y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, les prometió que en los próximos días les harán una propuesta para resolver el tema del transporte.

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, aseguró que “hay voluntad” de encontrar una salida al reclamo y dijo que están trabajando “en conjunto” con el ministerio de Economía. Según declaró a Cadena 3, la decisión final está en el Congreso: “Si allí deciden que el Estado nacional tiene que hacer un aporte que equipare al 50%, nosotros acataremos”, afirmó. Hasta ahora la ampliación del Fondo Compensador se hizo por decretos de necesidad y urgencia.

Aunque los giros nacionales totales a las provincias (los de coparticipación y los discrecionales) crecieron en el primer cuatrimestre, lo hicieron a menor velocidad que en 2020 y en 2021. Son los envíos arbitrarios los que preocupan a los gobernadores, ya que cayeron bajo la órbita de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin más dinero, a los gobernadores se les hace cuesta arriba atender “extras” como los subsidios al transporte -sin los que es imposible evitar nuevos paros del servicio- y, además, enfrentar los mayores reclamos salariales que cabalgan sobre las proyecciones anuales de inflación de entre 70% y 80%. Desde La Rioja, incluso, pidieron sumar a otras provincias a los reclamos.

Tarifas de luz y gas

Preocupados por cómo la inflación golpea el humor social, inquieta a los gobernadores la suba de tarifas de luz y gas. Es la de electricidad la que más los afecta porque las empresas provinciales deben resolver si trasladan alzas al consumidor actualizando el Valor de Distribución (VAD) o las absorben. Al igual que en el caso del transporte, en la mayor parte del interior del país la luz se paga más que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el incremento podría estar por debajo porque la base es más alta.

En ese esquema, algunos distritos quieren “canjear” deudas con Cammesa por montos de otras áreas que le reclaman al Gobierno nacional. Desde la administradora la respuesta es que la negociación es con las empresas y no con las gobernaciones. El rojo de distribuidoras suma unos $360.000 millones, con Edenor y Edesur a la cabeza.

En el área de Energía, la escasez de gasoil también integra el menú de planteos. En abril, en una reunión del NOA el secretario Darío Martínez les prometió que no faltarían ni gas ni gasoil. En las últimas semanas, para conseguir el combustible los productores están pagando sobreprecios, por lo que hacen llegar sus quejas a los mandatarios.

Son temas permanentes de discusión en las reuniones formales e informales que mantienen los gobernadores peronistas y que son bastante frecuentes desde abril. Lo cierto en que en esos encuentros se mezclan estrategias políticas y desvelos económicos. Intentaron mediar entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner y fracasaron. Presionaron por medidas más agresivas contra la inflación y no obtuvieron resultados. Tampoco encuentran un referente propio con potencial para ser candidato en 2023.

De esos mitines salió la propuesta -que lleva la firma de 16 mandatarios- de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia y darle “un verdadero carácter federal”. La idea (no hay ningún proyecto hasta el momento) empezó a circular en medio de la disputa judicial por la coparticipación que mantiene la ciudad de Buenos Aires con la Rosada y en la que los mandatarios tomaron parte con un documento enviado al máximo tribunal. En la cumbre del NOA, el riojano Ricardo Quintela lo volvió a plantear e incluso insistió en llamar “parásitos” a los porteños.

“Manifestaron esa idea, pero por el momento no hay nada más -describió un legislador nacional norteño-. Hay que ver si prospera”. Con esa escueta explicación intentó desligar la movida de la que lleva adelante el kirchnerismo duro en el Congreso y que hizo pico con las designaciones en el Consejo de la Magistratura y una iniciativa para ampliar el número de miembros. Es difícil separarse porque el planteo es el mismo que sostuvo el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, en su presentación en el plenario de comisiones que discute los proyectos presentados para modificar la composición del tribunal.

En un escenario revuelto, los gobernadores no quieren jugarse ni enfrentarse con ninguno de los sectores que integran la alianza nacional. En el caso de los fondos del transporte, Guerrera responde a Sergio Massa, quien también coquetea con los referentes provinciales y se ofrece a ser interlocutor ante la Rosada en algunas cuestiones.

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