El desliz de Rodríguez Larreta que facilitó la unidad sindical
El jefe de gobierno porteño dijo que la indemnización debería ser reemplazada por un seguro de desempleo, una opción que es rechazada por la mayoría de los gremios
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LA NACIONNicolás Balinotti
Puertas adentro de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta reconoce que fue una equivocación haber blanqueado en la campaña electoral las intenciones de avanzar hacia una reforma de la legislación laboral. Evitó, de hecho, profundizar sobre el tema en su reciente exposición en el coloquio de IDEA, frente a un auditorio de empresarios. Se trata de un debate incómodo, que divide aguas, pero que tanto en el oficialismo como en la oposición admiten, paralizados, que algo hay que hacer. Incluso en los despachos sindicales aceptan que los convenios colectivos deber ser modernizados, aunque solo en negociaciones sectoriales y sin que implique una pérdida de derechos.
Apenas unos días antes de las PASO, Larreta dijo en una entrevista con Alejandro Fantino que la indemnización debería ser reemplazada por una suerte de seguro de desempleo. Como ejemplo mencionó, sin argumentar, el fondo de desempleo que rige en la industria de la construcción, también promovido por Roberto Lavagna. Quien cruzó la frontera retórica fue Martín Lousteau: presentó el 15 de septiembre en el Congreso un proyecto de ley para eliminar las indemnizaciones. Es por ahora una movida simbólica. El expediente tiene destino de cajón, al menos hasta la configuración del nuevo mapa legislativo. No hay interés ni siquiera en dar el debate en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, en el Senado, a cargo del pampeano Daniel Lovera, y mucho menos en la de Legislación Laboral, en Diputados, donde manda la camporista Vanesa Siley.
Para el sindicalismo, en todas sus versiones, el debate de una eventual reforma laboral resultó el atajo ideal para dejar de lado diferencias. De la boca para afuera, surge un rechazo unánime al reemplazo de las indemnizaciones. En privado, algunos dirigentes reconocen que debería haber una modernización de las relaciones laborales. No mucho más. Por lo pronto, una comitiva de la CGT ya le dijo al Presidente que si la situación sanitaria se normaliza, el 1° de enero de 2022 se debería levantar la prohibición de despidos y el pago de la doble indemnización, establecidas por decreto hasta el 31 de diciembre. “Si la pandemia se termina, todo debería volver a ser como antes”, sugirió un influyente dirigente de un gremio industrial. ¿Cómo era antes si solamente durante las primeras 72 horas de la gestión de Alberto Fernández no rigió ningún cepo laboral? Fernández dio una pista ayer en IDEA.
Cuando Juntos por el Cambio fue gobierno, hubo dos intentos frustrados entre 2017 y 2018 para avanzar en una reforma laboral. En el proyecto inicial, el más ambicioso en lo relativo a los cambios, se buscó flexibilizar el régimen de despidos al excluir del cálculo indemnizatorio el sueldo anual complementario, los premios y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe al trabajador. Si bien no estaba en la letra chica, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo de entonces, insistía en reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral “a la brasileña”.
La iniciativa macrista contemplaba además un blanqueo laboral; el regreso del régimen de pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de la salud, cuya finalidad era reducir el nivel de litigiosidad en contra de las obras sociales y fijar un nuevo programa médico obligatorio. Algo curioso que desnuda el gen camaleónico de los sindicalistas: más de un importante dirigente de la CGT apoyó las modificaciones a pesar de que hoy sostienen lo contrario. Diego Santilli, uno de los referentes de Pro que más nexo tienen con los gremios, ya abrió negociaciones para reflotar la iniciativa en caso de que el debate llegue al Congreso.
Hace dos semanas, la Legislatura porteña, con el impulso de Pro y sus aliados, votó una ley que permite que todas las causas que tramitan en la ciudad de Buenos Aires, ya sea civiles, laborales, comerciales o penales, puedan ser apeladas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Constituye así la Corte porteña en tribunal de alzada de las decisiones de la Justicia nacional.
El kirchnerismo denunció que es una ley a medida de la causa del Correo Argentino, que involucra a la familia Macri. Pero también apuntó que sería una maniobra para influir en el fuero laboral, blanco permanente de filosas críticas por parte del macrismo. Lucía Cámpora, legisladora del Frente de Todos, mencionó durante la sesión que la empresa Pedidos Ya, la aplicación que se dedica a coordinar los deliveries, apeló ante el TSJ un fallo de la Justicia nacional que reconoce los derechos laborales de los repartidores. Antes de la pandemia, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvo en sus manos el borrador de un proyecto de ley para regular las aplicaciones, pero nunca prosperó. En la Legislatura porteña le ganaron de mano, aunque con una salvedad: la legislación porteña puso más el foco en la seguridad vial que en los derechos del trabajador.
Juntos por el Cambio distingue la influencia del sindicalismo y el PJ en la mayoría de las decisiones del fuero laboral. Durante su presidencia, Macri se refirió a “las mafias de los juicios laborales” y su gestión denunció a jueces y camaristas por diferentes motivos: desde avalar un reclamo salarial y retrotraer los descuentos por huelga hasta ordenar la reincorporación de empleados despedidos. Dos abogados laboralistas de diferentes escuelas y fuentes del gobierno porteño relativizaron el poder que pueda tener el TSJ. “Habrá una mayor dilación de los procesos: un juicio por un despido podría durar hasta cinco años”, dijo un asesor legal de varios gremios.
Los nexos sindicales
Con la mira en 2023, Larreta y su entorno admiten que la legislación laboral y el vínculo con los sindicatos estarán entre los temas centrales para abordar en la planificación de un eventual plan de gobierno. El jefe de gobierno porteño confía en las relaciones que cultivó durante años. Sobre todo, con Amadeo Genta. Genta es el jefe histórico del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, el gremio municipal que multiplicó afiliados y poder de la mano del macrismo.
Descuentan en el oficialismo porteño que Genta será otra vez reelegido a pesar del desafío de Carlos Elías, un opositor que es dirigente del PJ y que fue el que presentó un amparo en la Justicia para impedir el regreso a las aulas en pandemia. Un ladero de Genta es Alejandro Amor, defensor del pueblo en la ciudad desde 2014 y hoy candidato a diputado por el Frente de Todos. Amor considera a Larreta “un desarrollista” y elogió más de una vez su plan de integración social y urbana de las villas.
Los nexos sindicales de Larreta son mucho más variados que sus aceitados interlocutores del gremio municipal. Con Omar Viviani lo unió el mercado y la regulación de las licencias de los taxis, y con Víctor Santa María lo liga el Consejo de la Propiedad Horizontal. En el Instituto de la Vivienda de la ciudad trabaja a sueldo como director ejecutivo Roberto Alejandro Fernández, hijo del jefe de los colectiveros de la UTA. La Uocra es mano de obra recurrente para las obras públicas y hace unos meses el jefe de gobierno ordenó intervenir con fondos públicos para resolver temporalmente un conflicto salarial entre el Sindicato de Comercio, que lidera Armando Cavalieri, y la empresa Garbarino. ¿Y con los Moyano? Esa relación la maneja Santilli, acostumbrado desde hace años a negociar con Hugo y Pablo por la recolección de residuos. El vínculo quedó tenso después de un intento de recortar el servicio, en el que se desempeñan 6300 camioneros y cuyo contrato anual rondaría los $30.000 millones.
La por ahora lejana posibilidad de una reforma laboral que les quite músculo sirvió para alinear a la tropa sindical. Sin embargo, no hay dirigente que no siga expectante la configuración del nuevo mapa de poder que podría trazarse a partir del 15 de noviembre. No fue casual el rechazo de la CGT a las presiones kirchneristas para suspender su movilización del lunes por el Día de la Lealtad y plegarse a la celebración del domingo, en la Plaza de Mayo. Los gremios escenificarán su poder con una marcha que se anticipa multitudinaria. No habrá oradores y se divulgará un documento cuyos ejes serán el “desarrollo, la producción y el trabajo”. Del abroquelamiento sindical deberían tomar nota tanto el Gobierno como la oposición.
La unidad que se viene de la CGT es parte de la contribución gremial a la agitada turbulencia que sacude al peronismo. La CGT avanza en su proceso de reunificación que se coronará el 11 del mes que viene. Ese día nacería un nuevo triunvirato con Héctor Daer, Pablo Moyano y Antonio Caló en la conducción. El reparto no fue al azar: se contemplaron el peso y la jerarquía de cada sector. Habrá representación de los gremios de servicios, del transporte y de la industria. Perdió en la distribución Luis Barrionuevo.
Barrionuevo calló de un día para otro sus críticas contra la gestión kirchnerista a partir de la ayuda estatal en pandemia para sostener al turismo y la gastronomía. El jueves fue anfitrión de Alberto Fernández con la excusa de convertir planes sociales en empleo. Hace apenas dos años, había dicho sobre Fernández: “Es un pícaro que nunca trabajó. Primero estuvo con Menem, en la Superintendencia de Seguros. Decía que Menem era el mejor presidente de la historia. Después estuvo con Duhalde en el Bapro y lo fundió. Después se fue con Cavallo, fue legislador y su cajero. Después se fue con Néstor Kirchner y luego fue con Cristina, que lo echó”. En campaña, la memoria es fugaz y selectiva.
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