El desafío veraniego de Fernández: desactivar la bomba de la deuda
Entre marzo y mayo vencen unos 30.000 millones de dólares y para entonces debería tener acordada una renegociación; las señales del ministro Guzmán
El verano será temporada alta en la política argentina. Alberto Fernández se juega gran parte del éxito de su gobierno en la renegociación urgente de la deuda pública, cuyo límite temporal es marzo, cuando empiezan a caer un rosario de vencimientos "impagables". El Presidente tomó una primera decisión trascendente: no habrá por el momento una declaración de default unilateral como se especuló en los días previos a la asunción. En la cautelosa presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobrevoló la meta última de dejar de pagar deuda por un período -¿dos, tres años?-. Pero la estrategia trazada por Fernández es mostrar el látigo y tender la mano. El jueves se pagaron letras por un total de 500 millones de dólares. Se dejó de lado incluso la idea de un nuevo reperfilamiento para obligaciones emitidas bajo ley argentina, al estilo del que dispuso Mauricio Macri.
El deadline del verano lo impone la realidad: entre marzo y mayo vencen entre capital e intereses unos 30.000 millones de dólares, muy por encima de las reservas líquidas disponibles en el Banco Central. En el entorno de Fernández reafirman que él tiene muy en claro los riesgos que implicaría para la Argentina declarar otra vez la cesación de pagos. Por eso hubo una intención expresa de que Guzmán expusiera en público su aspiración al equilibrio fiscal, su aversión a la maquinita de hacer pesos y la vocación de bajar gradualmente la inflación. Esa "economía tranquila" con la que dicen soñar los referentes más cercanos al Presidente y que contrasta con el manual de la última experiencia kirchnerista, escrito por el protegido de Cristina Kirchner, Axel Kicillof.
El equipo de Guzmán se prepara para viajar a Estados Unidos en la semana que empieza. Intentarán avanzar en los contactos con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo sello de aprobación se convirtió en aspiracional para el Gobierno más allá de lo que sugiera la retórica. Hasta marzo Fernández se dispone a vivir de gestos y discursos reivindicativos. Mostrar que el barco de la Argentina viró en U. La ley ómnibus que mañana enviará el Congreso impondrá el dólar turista, subirá el impuesto a los bienes personales y dará al Poder Ejecutivo amplias facultades para otorgar aumentos de salarios, planes sociales y jubilaciones, reorientar partidas para el reparto de alimentos y revisar tarifas. En paralelo se negocian frenos en la suba de precios.
Otras medidas se impusieron sin anestesia ni aviso, como la doble indemnización y la suba de las retenciones a los productos agrícolas, que ya colocó al gobierno naciente en el umbral de un conflicto con el mayor sector productivo del país. Nada de eso permite vislumbrar un horizonte de largo plazo. En charlas con empresarios y dirigentes políticos, Fernández insiste en la idea de recuperar la "credibilidad" de la Argentina, algo impensable si el plan se limitara a gobernar por decreto y con remedios improvisados para atacar cada nuevo síntoma.
La clave maestra del plan todavía inédito pasa por patear los pagos de deuda y liberar de ese modo una masa de fondos equivalente en 2020 al 19% del total de las partidas nacionales. Solo en ese contexto se podría cumplir con la promesa de cortar el ajuste en un país que no tiene acceso al crédito y cuya economía lleva años de estancamiento.
La jugada es delicada y se debe ejecutar sin errores en el cortísimo plazo de dos meses. Seguir pagando vencimientos en el mientras tanto aparece como una señal de buena voluntad. Pero Fernández sabe que no alcanza: es vital que la nueva administración exhiba un programa fiscal consistente que muestre como una posibilidad concreta eso de "crecer para volver a pagar" que se ha convertido en un lugar común del albertismo. El mercado ansía ver qué medidas piensa tomar el Gobierno para garantizar unos superávits crecientes de donde saldrían los dólares para retomar los compromisos superado el eventual período de gracia que surja de la negociación.
No hay dogmas escritos en piedra. El cepo al dólar que dejó Macri -el mayor analgésico de la crisis- si es necesario se hará aún más restrictivo. El impuesto a los consumos en el exterior reforzará el torniquete. Se buscarán más ingresos con una suba de Bienes Personales (más simbólico como "impuesto a los ricos" que efectivo) y con los cambios ya iniciados en materia de derechos de exportación. Con los gobernadores ya empezaron a hablar de postergar la aplicación del pacto fiscal, con lo que no se afectará por esa vía los niveles de ingresos.
Queda la tarea amarga de revisar la fórmula de actualización jubilatoria, que implica una carga fiscal agobiante en el horizonte. Requerirá una contorsión discursiva interesante para el peronismo después del escándalo que montó cuando Macri impulsó el mecanismo actual. Una reactivación palpable de mediano plazo, producto de la inyección de fondos desafectados del pago de deuda, debiera completar el cuadro. Siempre según la versión más optimista.
Qué hacer con la inflación
La inflación altísima resalta como un peligro latente capaz de dinamitar cualquier programa de recuperación. Guzmán ya dijo que para él es una enfermedad de la economía argentina (y no un símbolo de dinamismo como parecían interpretarla en la anterior etapa kirchnerista). Añadió que no hay margen para la expansión fiscal y que es consciente de los riesgos que implica la emisión descontrolada.
Un diagnóstico extendido entre la Casa Rosada y el nuevo jefe del Banco Central, Miguel Pesce, es que por el momento hay un margen para emitir sin causar un shock inflacionario. Sin embargo, entienden que hay que moverse con cuidado en esto de "poner plata en el bolsillo de la gente".
Otra regla de oro del nuevo oficialismo es que se deben evitar a toda costa las megadevaluaciones. Quedaron a un lado quienes pensaban en que Fernández impulsaría otro salto del tipo de cambio en los inicios de su mandato. A $63 está bien, repiten en la Casa Rosada. El cepo y el "impuesto al viaje" debieran ser suficientes para administrar el dólar a niveles que no empujen la inflación. Siempre atentos a que no se origine otro ciclo de atraso cambiario que afecte la balanza comercial.
¿Será capaz Alberto Fernández de ganarse la confianza de los acreedores con un plan "indoloro"? Las señales que llegan desde Estados Unidos todavía son ambiguas. El FMI se muestra disponible, pero sin comprometerse a ciegas. No ayuda la tensión fundacional con el gobierno norteamericano, expresada por el abierto disgusto de Mauricio Claver-Carone, enviado de Donald Trump a la jura de Fernández, por la presencia en el país de un jerarca del gobierno chavista y por la decisión de refugiar en la Argentina a Evo Morales. ¿Tarea urgente para el canciller Felipe Solá? En realidad, Fernández pretende llevar personalmente esa relación de la que tanto depende su suerte como líder político.
La alternativa al acuerdo es un default puro y duro. Pero otra cesación de pagos convertiría en una utopía cualquier plan que apunte al equilibrio y la recuperación de confianza. "Sería ajustarse los cinturones y ver qué pasa", sintetiza un influyente legislador peronista. Consciente de la dificultad, Fernández busca acumular todo el poder posible. Hoy no parece importarle demasiado el papel preponderante de Cristina Kirchner. Compartir el poder con ella es una forma de blindarse en medio de la tormenta. Con ella, con los gobernadores, los sindicatos, los movimientos sociales. Incluso, con gestos a la oposición.
Es una lección que aprendió de la frustración de Macri: en tiempos de crisis, perseguir la "identidad" como bien supremo puede ser una lapidaria condena política.
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