El desafío que perturba al Gobierno

El presidente Javier Milei estaba terminando de dar su discurso en el coloquio de IDEA con un compilado de sus grandes éxitos contra los “econochantas”, los “mandriles” y los “degenerados fiscales”. En una de las mesas de atrás un referente del Pro que lo conoce bien reflexionó: “Si a Javier le sale bien su aventura, jubila a muchos de los que están acá; pasa a retiro a los acuerdistas y a la prédica del consenso que siempre se cultivó en este ámbito”. Una definición de la lógica con la que entiende el ejercicio del poder.

Minutos después, cuando ya el presidente se había retirado, el titular de la entidad organizadora, Santiago Mignone, cerró el evento con un mensaje alternativo: “Muchos de los problemas económicos y sociales de la Argentina son también producto de una institucionalidad débil. Se requieren instituciones sólidas y republicanas”. Un homenaje a Daron Acemoglu y James Robinson (Federico Sturzenneger recordó su paso por IDEA hace muchos años como “una catástrofe), que acaban de ganar el premio Nobel de Economía junto con Simon Johnson, y que se hicieron famosos por su libro Por qué mueren las democracias, donde plantean que la prosperidad o la pobreza de una nación dependen del nivel de desarrollo de sus instituciones, de las reglas que influyen en cómo funcionan la política y la economía y de los incentivos que generan en las sociedades.

Las expresiones de Mignone fueron una sutil manifestación del tema de fondo que más preocupa a los empresarios y que uno de ellos lo sintetizó en una frase: “Lo que propone Milei nos identifica, pero, ¿qué garantías tenemos de que no habrá desvíos, o de que no se caerá todo de nuevo cuando él pierda apoyo social?”. En definitiva, la duda vigente de si el experimento libertario es una bisagra en la historia del país, o un mero paréntesis temporal. El fantasma de Cristina Kirchner de nuevo arriba del tablado político hizo su aporte.

El sol caía a pleno en una elegante bodega en la periferia de Mar del Plata donde se había reunido un nutrido grupo de participantes del coloquio. Acodado sobre una mesa, un aliado del oficialismo admitía la preocupación profunda que hay en la Casa Rosada por la ofensiva opositora para flexibilizar el mecanismo de rechazo de los DNU -que tiene muchas chances de éxito en el Congreso- y reconocía que la única vía que exploran apunta a intentar que el debate se postergue hasta el año próximo para que lo consuma el calendario electoral. El kirchnerismo, que inventó la regla que establece que hace falta la impugnación de las dos cámaras del Congreso para que un decreto pierda vigencia, ahora se arrepintió. El Pro, que en su intento por limitar a sus históricos rivales presentó proyectos para acotar ese mecanismo, ahora busca frenarlo.

Detrás de estos toques de elegante hipocresía, se esconde una amenaza certera al precario trípode que había construido Milei para gobernar en minoría: decretos, vetos y tercios. Todos mecanismos previstos en la Constitución, pero con un espíritu de excepcionalidad. La oposición se encamina a limarle una de esas patas en nombre de una mayor calidad institucionalidad. Pero todos entienden que se trata de la embestida más filosa contra el poder libertario, porque no condicionaría sólo una medida, como las jubilaciones o las universidades, sino todas sus decisiones. El Presidente revalida así su creencia de que quienes le demandan mayor cuidado por las formas en realidad buscan disimular sus verdaderas intenciones.

En todas estas aguafuertes costeras que dejó el coloquio de IDEA se evidenció la tensión irresuelta entre el ejercicio frontal del poder que emana de la tradición presidencialista, y la necesidad de una mayor institucionalización que la restrinja y la ordene, un clásico debate profundizado ahora por la excepcionalidad que representa el gobierno libertario. Milei está hoy claramente reafirmado en su papel y en su entorno reconocen que “así como hasta marzo sentíamos que era muy difícil avanzar con las medidas y había una amenaza cierta de que nos voltearan, hoy tenemos garantizada la gobernabilidad, estamos blindados políticamente”.

Esa percepción es muy nítida. Hasta los gobernadores aliados que estuvieron en el coloquio y reclamaron una “mesa del diálogo, no del insulto”, por lo bajo admiten que no tienen mucho margen para enfrentarse a la Casa Rosada. Igual que Mauricio Macri. Lo que durante el kirchnerismo era chequera y látigo, ahora se transformó en milanesa y Twitter. Es una versión más austera de la misma doctrina. Guillermo Francos suele decir en charlas informales que “a Javier no lo atrapa la política, pero entiende el juego del poder”. Tan es así que muchas veces se exacerba en peleas improductivas que podría dosificar para no abrir tantos conflictos al mismo tiempo. Se lo han aconsejado; pero ahí prevalece su iracundia.

Al Presidente se lo nota siempre más cómodo con las rectas del presidencialismo que con las inflexiones del republicanismo. Las normas lo encorsetan, los debates lo impacientan, el Estado lo irrita. Quisiera hacer como en la televisión y arrancar de un tirón no sólo regulaciones y empleados públicos como hasta ahora, sino también atribuciones legislativas y judiciales. La Constitución de 1994 es desde su mirada una reversión desmejorada de la original de Juan Bautista Alberdi, que tuvo el mal influjo alfonsinista de estructurar el funcionamiento institucional en base a los consensos.

Se requieren dos tercios para nombrar un juez de la Corte Suprema o al Procurador General de la Nación, entendimientos para designar al Defensor del Pueblo, mayorías para tomar decisiones en el Consejo de la Magistratura. El problema del consensualismo virtuoso que demanda la carta magna es que la Argentina desechó hace tiempo la opción de los acuerdos para la construcción política, primero por la grieta, y ahora porque Milei entiende que los pactos sólo representan concesiones que desfiguran las decisiones. Es decir, el país tiene una constitución consensualista, pero no hay consensos. Un problema entre el diseño y el funcionamiento que traba desde hace tiempo a todos los gobiernos. El próximo round será el debate por el presupuesto, para cuando gobernadores, legisladores y hasta rectores esperan poder reparar las partidas que resignaron este año. Pero, ¿cuáles son los incentivos de Milei para hacer concesiones y trastocar su plan económico 2025?

Síganme, no los voy a defraudar

El sendero económico del Gobierno discurre en estos días por dos planos diferenciados. En público, hay una exposición de los logros macro conseguidos hasta ahora, que a juzgar por los objetivos trazados al principio han sido muy importantes. Luis Caputo y el propio Milei se encargaron de resaltarlos extensamente y fueron elogiados por un empresariado que les reconoce la determinación férrea. Se percibió un clima de querer creer, un optimismo impulsado por momentos más por la necesidad que por la convicción plena. Si bien esperaban mayores precisiones de los funcionarios, se nota que el mensaje oficial de que los privados tomen la iniciativa frente a una administración que sólo se dedica a fijar las reglas de juego empieza a interpretarse. El Gobierno les ofrenda déficit cero y desregulaciones, y los empresarios admiten que no habrá mucho más por ahora. La salida del cepo es una ilusión vana; la baja de impuestos, una utopía.

Sin embargo, en las charlas reservadas, aparecen otras profundidades. Así como hay un consenso en torno de que la estabilización de las variables macro ha sido fundamental, emergen con fuerza las disparidades entre sectores. Los representantes de los rubros minería, energía e incluso automotrices, están entusiasmados y proyectan más inversiones; los que se dedican al consumo masivo, arrastran la mirada y reconocen que no descartan la posibilidad de despidos. Lo reflejó el último informe de Scentia, que observó un retroceso en el consumo del 22% interanual, más allá de que todos admiten que comparar con los números de 2023 induce a error por el efecto distorsivo del “plan platita”.

A partir de estas asimetrías surgen dos interrogantes decisivos para el futuro de Milei. El primero: ¿compensar esas diferencias es sólo una cuestión de tiempos hasta que la economía cobre más vigor? En la cúspide del Gobierno admiten una preocupación real por los ritmos de la recuperación. “El gran tema es cómo construimos un puente entre el presente y el futuro, que a veces se demora en llegar un poco más de lo que desearíamos. En el medio no tenemos nada para hacer, más que esperar. Somos un gobierno que no cree en la política pública segmentada, no vamos a decidir la política económica en base a las demandas sectoriales”. Quien habla es una de las figuras que mejor interpreta el pensamiento del Presidente.

En la Casa Rosada tienen datos que marcan una caída en la popularidad de Milei, que pasó de unos 55 puntos hace tres meses a 49 ahora, especialmente por el impacto de la suba de tarifas. Pero al mismo tiempo dicen que no les preocupa que eso ocurra en este momento porque su prioridad es el 2025, para cuando esperan un repunte económico que ellos apalancarán con licitaciones, concesiones y privatizaciones. Para el votante promedio de Milei hay una promesa económica cumplida, que es la baja de la inflación, y otra pendiente, que es la recuperación económica, un objetivo que en los focus group lo expresa como “llegar a fin de mes”. En el Gobierno lo saben y por eso miden esa variable todos los meses. Según sus datos, del 40% que en marzo decía que llegaba a fin de mes, ahora subió al 53%. Pero ese trasvasamiento es lento para las necesidades oficiales. Uno de los funcionarios que pasó por Mar del Plata reconoció que perciben un recalentamiento del clima social a partir del debate por las jubilaciones y las universidades, y anticipó que puede haber un in crescendo hacia fin de año, estimulado por una oposición que busca perfilarse para el año electoral. El peronismo se ilusiona con que este escenario le dé algún sentido a su desordenado intento por volver al poder.

El segundo interrogante que deja plantado el actual escenario es si la Argentina se está dirigiendo estructuralmente hacia una economía de dos niveles muy estratificados, con un segmento superior integrado a las dinámicas globales y con alto potencial competitivo; y uno inferior atado al mercado interno y al consumo doméstico, sin capacidad de reconversión en términos de costos y productividad. En este caso no se trataría de un problema de tiempos, sino de diseño. El Gobierno tampoco intenta ofrecer una receta en este aspecto porque no cree en un Estado que deba encargarse de esas asimetrías. Si así fuera, la sustentabilidad del modelo podría verse amenazada por sus límites para incluir a una mayoría de la sociedad, y esto también se transformaría a la larga en una amenaza para la legitimidad de Milei, tan dependiente del apoyo social.

Es a lo que apunta el consultor Fernando Moiguer, quien advirtió que “en un año la desigualdad avanzó y creció casi un 10% (de 41,7% a 46%). En Argentina, en el año 2000 el coeficiente de Gini fue de 51%. En 2001 de 53,3%. Luego del estallido en el 2002, estaba en 53,8%. Es decir, Gini, advierte potente y tempranamente lo que puede estar incubando la sociedad”.

El Gobierno da muestras de que avanza con pasos firmes en sus objetivos, y el mercado se lo reconoce. Ahora debe dar señales claras de que comprende que el desafío que afronta es de mucha mayor profundidad.

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