El Gobierno informó que en depósito de Villa Martelli tiene más de 339.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio
Según informó el Ejecutivo a la Justicia, el 49,5% de lo acopiado es yerba; también hay más de 1.300.000 kg de aceite; lo ya vencido son 3792 kg de yerba y 40 de “hortalizas y arroz”
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LA NACION
En el depósito del Gobierno de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, hay 339.401 kg de leche en polvo que vencen en julio, según el informe que el Ministerio de Capital Humano presentó en la causa que instruye el juez federal Sebastián Casanello. Son marca Vidalac e ingresaron al depósito entre noviembre y diciembre del año pasado.
En kilogramos, casi la mitad del total (49,5%) de los alimentos que están en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, Tucumán, es yerba, siempre según ese informe oficial. Le siguen en el ránking de productos -por cantidad- distintos tipos de aceite (22,33%) y paquetes de un kilo de leche en polvo (15,54%). La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue denunciada por retener sin distribuir estos alimentos.
Hay incluso algunos que ya vencieron, si bien son una parte minoritaria del total de lo acopiado: 40 kg de “hortalizas y arroz” marca La Terre, que entraron el 3 de marzo de 2023 y vencieron el 28 de febrero de 2024, y 3792 kg de yerba, marca La Hoja, que llevan dos años vencidos: ingresaron el 28 de enero de 2020 y expiraron el 31 de enero de 2022, de acuerdo con el informe oficial presentado ante Casanello, informaron fuentes con acceso a la investigación judicial.
Todo esto está en el galpón de Villa Martelli. Ese depósito tiene, en total, 3,642.626 kg de comida. El de Tafí Viejo tiene 2.275.172 kg, según con el inventario del Gobierno.
El Ministerio de Capital Humano presentó el detalle del stock de los dos depósitos por orden del juez Casanello, que además le había pedido que informara el plan de reparto de todos estos alimentos “en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
Con esa parte, el Gobierno no cumplió. Así se lo hizo saber hoy Casanello a la Cámara Federal. Si el incumplimiento persiste, es muy probable que el juez cite a algún funcionario para que le de explicaciones, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.
El plazo que el juez le había dado al Ministerio de Capital Humano venció este jueves, sin que el Gobierno respondiera ni tampoco -destacó Casanello en su nota a la Cámara- “pidiera una prórroga o suspensión” de la medida dispuesta.
El Ministerio de Capital Humano apeló el fallo de Casanello y fue con ese argumento (de que el fallo estaba apelado) que el Gobierno dijo, por vías informales, que no iba a presentar la información requerida por el juez. Sí manifestó públicamente que el Ejército Argentino iba a empezar a repartir los alimentos.
En los tribunales de Comodoro Py advirtieron que lo resuelto por el juez es una medida cautelar que debe ser cumplida aunque se esté discutiendo en la Cámara su procedencia.
El miércoles próximo, la Cámara realizará una audiencia con el Gobierno para tratar el planteo contra la cautelar dispuesta por Casanello. Los jueces que decidirán sobre este planteo son Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
Como consecuencia de este caso, Pettovello desplazó de su cargo a Pablo de la Torre, que era el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, a pesar de que el Gobierno había defendido la decisión de no distribuir estos alimentos. Además, se abrió una investigación contra él en la Oficina Anticorrupción.
La denuncia que dio origen al expediente penal la presentó Juan Grabois contra Pettovello el 5 de febrero pasado. Sostuvo que con la parálisis en la entrega de alimentos se estaban violando las obligaciones internacionales contraídas por el Estado porque no se estaba cumpliendo con lo dispuesto al comprar los lotes de comida. También advirtió que estaban siendo afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza. Este último dato fue considerado clave por Casanello para avanzar con la medida cautelar que dispuso el lunes.
En paralelo, se abrió además una causa en la justicia federal de Tucumán, donde se ordenó que la Gendarmería Nacional se presentara en el galpón de Tafí Viejo para hacer un inventario de lo que hay allí.
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