Trampa para el oficialismo: Macri había eliminado las listas colectoras por decreto
El PJ criticó al Gobierno por pretender manipular las reglas de juego electorales
Lo que era una jugada maestra del Gobierno contra la oposición peronista en Buenos Aires se convirtió, a la postre, en una trampa que enredó al propio oficialismo.
El decreto 259/19, que dictó el presidente Mauricio Macri en abril pasado y por el cual se eliminó el uso de las llamadas "listas colectoras" en las próximas elecciones mantiene su plena vigencia y, por lo tanto, constituye un serio obstáculo legal para que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pueda adherir su boleta a la de los candidatos presidenciales de Alternativa Federal.
Ahora, el Gobierno analiza cómo eludir aquel decreto que el propio Macri firmó. Paradojas de la política, lo hizo para satisfacer una demanda de la propia Vidal, que por entonces temía que las distintas vertientes del peronismo presentaran un único candidato a gobernador en su provincia colgado de las boletas de distintos candidatos presidenciales. Para Vidal, eso hubiese jaqueado sus posibilidades de reelección.
El decreto fue expeditivo y contundente. "La proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como 'listas colectoras' genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores. Ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral", argumentó el Gobierno.
Dos meses más tarde, urgida por las necesidades electorales de ganar la provincia, Vidal cambió de parecer: ahora necesita de listas colectoras para enfrentar al kirchnerismo. El decreto se convirtió, entonces, en un estorbo.
"Un papelón", agita el peronismo. El presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, anticipó que se presentará ante la Justicia para impedir que el oficialismo manipule las reglas electorales a su conveniencia cuando faltan pocos meses para las primarias y las elecciones generales.
En este sentido, Gray acusó al Gobierno de intentar al menos una decena de cambios a la legislación electoral en los últimos meses, desde la amenaza de desdoblar la fecha de las elecciones en la provincia hasta los decretos relativos al voto de los argentinos en el exterior, de las fuerzas de seguridad y de los presos.
"En su desesperación para tapar la realidad, Macri y Vidal se tropiezan contra sus propias trampas y contradicen las medidas que ellos mismos tomaron", agregó Gray.
El oficialismo se sabe en una trampa. A priori el Gobierno no anularía su propio decreto, a sabiendas del costo político que ello le depararía. Por ello, seguirá adelante con su estrategia de las colectoras y esperará que la Justicia Electoral defina la eventual inconstitucionalidad del decreto cuando resuelva sobre las impugnaciones que se le presentaron.
"Es un tema que ya está judicializado", afirman en la Casa Rosada. Citan amparos pendientes de resolución en la Capital, en Santa Fe y en Santiago del Estero. El peronismo no realizó ninguna impugnación, aclaró su apoderado, Jorge Landau; solo hubo una presentación del apoderado de Eduardo Duhalde, indicó, pero fue desestimado por la jueza María Servini de Cubría.
"El decreto está en plena vigencia", advirtió Landau.
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