El cumpleaños que violó la cuarentena: los invitados debieron pagar medio millón de pesos

SANTA CRUZ.- En mayo del 2020, un multitudinario cumpleaños realizado en Río Gallegos y transmitido en vivo y en directo por Facebook terminó en una causa penal por violación del decreto presidencial 297/2020 que estableció la cuarentena en todo el país. El video del festejo fue viral, y entre los invitados se lo vio al histórico dirigente kirchnerista Rudy Ulloa Igor: los participantes del festejo terminaron pagando como parte de un acuerdo judicial cerca de medio millón de pesos en insumos médicos que fueron destinados al Hospital Regional de Río Gallegos.

El monto de la fiesta significó la mitad de lo que lleva recaudado ya el Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo del juez federal Claudio Vázquez en las cerca de 250 causas que se realizaron entre 2020 y 2021. En la mayoría de ellas se firmaron acuerdos consensuados con los fiscales y el juez para donar fondos o insumos por un millón de pesos. La Justicia determinó que el destinatario fuera el Hospital Regional de Río Gallegos en la primera etapa, en tanto que los futuros acuerdos de infracciones se destinarán al Consejo Provincial de Educación ante el regreso a la presencialidad.

Los hechos que originaron los expedientes corresponde a personas en la vía pública sin permiso para la circulación, locales comerciales funcionando pese a no formar parte de los rubros habilitados según la época o reuniones sociales no permitidas que se conocen como “fiestas clandestinas”. En la mayoría de los casos se convocó a indagatoria a los infractores y se les propuso llegar a soluciones alternativas que tienen como finalidad la extinción de la acción penal, ya sea a través de la reparación económica o bien la prestación de un servicio comunitario.

La fiesta en la que estaba Ulloa Igor no fue a escondidas. Tuvo lugar el 25 de mayo y su organizador lo transmitió en vivo por su teléfono móvil. Por momentos, más de 90 personas siguieron la transmisión. El video fue borrado de la cuenta, pero ya era tarde para cuando empezó a circular. Cuando arribó la policía, el festejo ha había concluido en la calle Entre Ríos al 500 de Río Gallegos.

En mayo del 2020, si bien aún no había casos de Covid-19 en Río Gallegos, el ASPO era estricto en la ciudad que tiempo después viviría horas críticas. En las imágenes que se vieron por las redes sociales ninguno de los asistentes usaba tapabocas ni mantenía distancia social en el salón donde Ulloa Igor, comerciantes y exfuncionarios locales compartían cumbia, vinos, cervezas y whisky. En el video que circuló se escuchan frases que indican que eran conscientes de estar incumpliendo con la cuarentena: “Vamos a terminar todos presos” y “me cago en la cuarentena”, se oía mientras pasaban los minutos y una voz contabilizaba la audiencia en vivo.

Aunque lejos de la magnitud que tuvo el escándalo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en Olivos, que incluyó entre sus asistentes al presidente Alberto Fernández, quien decretó el aislamiento estricto que rompió el propio festejo, la fiesta en Río Gallegos -que se realizó menos de un mes antes que el evento en la quinta presidencial- también rozó al poder kirchnerista.

Rudy Ulloa Igor fue el puntero que construyó parte del capital político de Néstor Kirchner en Santa Cruz. Fue cadete, amigo y confidente del expresidente y luego de su hijo Máximo. Llegaron a compartir la titularidad de cuenta de un millón de dólares en el Banco Santa Cruz. En los buenos tiempos se dedicó a construir un mini imperio de medios que vivió de la publicidad oficial por lo menos durante dos décadas y hasta coqueteó con comprar medios en Buenos Aires

Fuentes oficiales del juzgado federal de Río Gallegos detallaron a LA NACION que los diferentes acuerdos obtenidos variaron según la entidad de los hechos atribuidos y la capacidad económica de los involucrados. Los fondos fueron transferidos a la cuenta del Hospital Regional de Río Gallegos en tanto que las donaciones en insumos se tradujeron en barbijos, batas, alcohol en gel, elementos de ortopedia, dispositivos electrónicos y oxímetros. En algunos pocos casos, se acordó que se prestaría colaboración comunitaria. Desde el juzgado aclararon que para sobreseer a los imputados, se debía acreditar que efectivamente hubieran cumplido con el acuerdo comprometido.

El funcionario despedido y renombrado

A final de agosto del año pasado, y cuando ya la pandemia estaba escalando en Río Gallegos, resonó la orden de la gobernadora Alicia Kirchner que pidió la renuncia al presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado SPSE, Nicolás Michudis, y a otros once funcionarios por participar en una reunión social en Río Gallegos, en horas en que el índice de ocupación de camas de terapia intensiva en Río Gallegos ascendía al 94,44%.

Todos los funcionarios de la empresa estatal de energía participantes de la cena afrontaron la causa penal, no llegaron a la indagatoria y presentaron un acuerdo en conjunto a la Justicia para subsanar la infracción y quedar sobreseídos. En este caso, en función de la categoría del funcionario, realizaron el aporte en insumos destinados al Hospital Regional. El monto para los funcionarios de mayor jerarquía estuvo en el orden de los $20.000, según detallaron fuentes judiciales LA NACION.

Horas antes de la cena, el titular de la empresa estatal había compartido con Alicia Kirchner el acto de apertura de sobres de la licitación pública para la ampliación del sistema de interconexión eléctrica en el noroeste de Santa Cruz, cuyo financiamiento se realiza a través de Fondos Unirse. En su momento el funcionario explicó que no era una fiesta, sino que estaba cenando con su equipo al final de la jornada de trabajo.

Michudis había asumido al frente de la empresa en marzo del 2020, para lo cual había renunciado a su banca de diputado provincial por el Frente de Todos. El pedido de renuncia a la presidencia del ente estatal se concretó, pero permaneció en el directorio de Servicios Públicos Sociedad del Estado, SPSE, con un cargo de director.

Hubo otro caso resonante en Río Gallegos: fue un evento organizado por el área de cultura del municipio local, en el cual el funcionario responsable finalmente fue sobreseído. Se trató de un evento organizado por el municipio local en abril del 2020 en el que se construyó un escenario cultural móvil sobre la estructura de un camión municipal para llevar bandas musicales a los barrios. El evento duró apenas unas horas y fue suspendido cuando los vecinos empezaron a acercarse al camión. La Justicia entendió que en el mensaje de la convocatoria se pedía a la gente que se quedar en su domicilio, y no tenía la intención de atentar contra la cuarentena.

Un centenar de personas

La semana pasada la policía desbarató una fiesta clandestina en el Barrio ARA San Juan, en la ciudad de Caleta Olivia, ubicada en el norte de la provincia, de la que participaban más de 100 personas. En el lugar había más de 80 vehículos de los asistentes a la fiesta que fue organizada por un joven de 22 años. La causa judicial quedó abierta en el juzgado de instrucción N°1 de Caleta Olivia.

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