El crimen de Gutiérrez: el abogado de la familia fue fiscal en causas contra el kirchnerismo que no avanzaron

Gabriel Giordano, el abogado de la familia de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner asesinado, hizo una larga carrera en la justicia de Santa Cruz y, como fiscal, intervino en causas clave contra el kirchnerismo que no prosperaron. La más recordada fue la investigación sobre los fondos de Santa Cruz, pero Giordano dictaminó además en favor del cierre de una causa contra Néstor Kirchner y Lázaro Báez por presunta corrupción en la obra pública.

"Descartamos en prima facie que este crimen tenga vinculación con la vicepresidenta Cristina Kirchner", afirmó Giordano este fin de semana a LA NACION. Como abogado de la madre de Gutiérrez dijo también que no estaba de acuerdo con quienes sostienen que el caso debería pasar a la justicia federal, como pretende la oposición, que cuestiona que la fiscal del caso sea Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de la vicepresidenta.

El rol de Giordano puede ser muy importante en la causa. En paralelo con la fiscalía, la querella puede pedir medidas de prueba, controlar las que se ordenan y apelar las decisiones del juez.

Giordano conoce muy bien foro penal de Santa Cruz. Fue fiscal de primera instancia y en 2011 juró como fiscal de la Cámara Criminal de Río Gallegos. Se jubiló en la justicia provincial y desde su retiro, ejerce la actividad privada en temas económicos. Durante el fin de semana atravesó los 300 km de nieve que separan Calafate de Río Gallegos para convertirse en el abogado de la madre de Gutiérrez.

Giordano fue el fiscal de la causa sobre los fondos de Santa Cruz, caso que llegó a principios de 2005 a la provincia desde un juzgado federal de la Capital Federal. Giordano defendió la competencia de la justicia provincial. Con la causa radicada en Santa Cruz, nadie fue llamado a prestar declaración indagatoria y el juez Santiago Lozada sobreseyó a los funcionarios originalmente acusados. Entre ellos, Néstor Kirchner, acusado de presunta malversación de fondos, que como gobernador manejó fondos extraordinarios de la provincia que superaban los 1.100 millones de dólares.

La sentencia no fue apelada y es permitió que, cinco días después de firmada, quedara firme. Durante cuatro años ese fallo se mantuvo en secreto. Solo en 2009, después de un pedido de acceso a la información que impulsó LA NACION, el juez dio a conocer los argumentos de su decisión.

Los negocios de Lázaro Báez

Diez años después, Giordano intervino en una causa contra Lázaro Báez por presunta cartelización, corrupción y sobreprecios en la obra pública. En ese caso lo hizo ya en su rol de fiscal ante la Cámara. En mayo de 2015, Báez fue sobreseído junto a Néstor Kirchner y al gobernador Daniel Peralta. En ese expediente, Giordano dictaminó que no se habían acreditado actos de corrupción ni de cartelización. Por el contrario, estimó que se trató de una "vacua denuncia que intenta judicializar una denuncia periodística".

Los sobreseimientos alcanzaron a los hijos de Báez, Martín y Leandro, miembros titulares en la empresa Austral Construcciones SA, principal contratista de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo. "No se advierten vicios en los actos administrativos que precedieron a las adjudicaciones, mas allá de las afirmaciones de la denunciante", dice el dictamen y sostiene que las licitaciones atravesaron los mecanismos de control previstos, como el Tribunal de Cuentas y la aprobación de las partidas presupuestarias entre los años 2003 y 2013 en la Legislatura provincial.

Giordano fue además presidente de la Asociación de Fiscales de Santa Cruz, que se creó en Comandante Luis Piedra Buena. Presidió también la Comisión Binacional Argentina-chilena de Fiscales, que nucleaba a funcionarios de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, con sus pares de las regiones de Aysén y Magallanes.

Desde sus tiempos de fiscal, es uno de los promotores de la reforma procesal penal en Santa Cruz, para que la provincia pase del sistema inquisitivo mixto al sistema acusatorio. En el régimen actual, el fiscal posee facultades más limitadas; el peso y la dirección de la investigación están en manos de los jueces.

Desde que Giordano se jubiló, a finales de 2016, se dedica a la actividad privada en su estudio jurídico, que se especializa en temas empresariales.

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