El coronavirus, germen de la explosión de violencia y miedo que sacude las cárceles
En la capilla el ruido es ensordecedor. Una batucada de tambores de fierros baja desde los pabellones y tiene a los negociadores casi a los gritos. Alrededor, la cárcel amotinada. Con presos en los techos, tirando piedras a las calles y quemando colchones. Es viernes 24 de abril. El ruido, el fuego y el caos llevan horas. Cae la noche en Devoto.
"Cuando se empiezan a escuchar las batucadas es porque adentro están fabricando facas", dijo a LA NACION un hombre con años de experiencia en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que ese viernes estuvo dentro de la cárcel, en lo que fue el día uno de un conflicto todavía irresuelto.
Los presos quieren salir. Dicen que el coronavirus los va a matar. Alimentan sus expectativas las noticias que llegan de la provincia de Buenos Aires: el hábeas corpus colectivo y las centenares de prisiones domiciliarias concedidas en las últimas semanas.
El día que Devoto se amotinó, mientras los internos tenían tomada buena parte de la cárcel, funcionarios y delegados de distintos pabellones firmaron un acta y el SPF recuperó el penal. "Se hacía de noche y estábamos al límite", dijo un hombre que participó de las negociaciones. Acordaron con la promesa de que las conversaciones seguirían al día siguiente y que se sumarían jueces a la mesa.
Así, con tironeos, batucadas, negociaciones y un clima muy violento, cumple hoy una semana el conflicto en Devoto, una cárcel icónica, punta de lanza de los reclamos de los penales de todo el país.
Como réplicas del motín del viernes, el fin de semana hubo huelgas de hambre en distintas cárceles federales, desde Salta y Chaco, hasta Viedma. Pero el principal temor -incluso de las autoridades federales- es lo que pueda pasar en los penales provinciales, que registran los números de hacinamiento más extremos. El hacinamiento es el escenario ideal para la expansión del coronavirus.
En la Unidad 23 de Florencio Varela, una de las cárceles más superpobladas del sistema penitenciario más superpoblado -el bonaerense- la semana pasada hubo una revuelta que casi termina con la cárcel tomada. Un interno murió y tres guardiacárceles son investigados por esa muerte.
La primera cárcel que se levantó, solo tres días después de que se decretó la cuarentena, fue Las Flores, en Santa Fe. Un motín muy violento destruyó el 90 por ciento de las instalaciones del penal. La madrugada del 23 de marzo fueron asesinados cuatro internos, tres de ellos del pabellón de delitos sexuales, a quienes otros presos calcinaron después de golpearlos salvajemente. En todos los penales el clima sigue enrarecido.
El cononavirus fue el germen de las revueltas. En sus formas más variadas. Por el miedo al contagio, en rechazo a las restricciones que llegaron con la cuarentena -como la prohibición de las visitas- o por la oportunidad que implica para aquellos que sin pandemia no tenían chances de dejar la cárcel en el corto plazo.
En Devoto, hay cuatro casos confirmados de Covid-19 de personas que trabajan en la cárcel, informaron fuentes oficiales. Fue la noticia de los primeros contagios lo que encendió el conflicto.
"En planta 2 unos cobanis [guardiacárceles] se contagiaron y están los pibes del 2.5 en aislamiento completo. Acá en el pabellón de la 1.1 decidimos arrancar con fuego hoy a las 12 de la noche, que está toda planchada la ciudad. Hacer quilombo con fuego (…) Todas las cárceles del país están esperando que Devoto ponga primera", dice un audio que salió de adentro de la cárcel antes de que estallara el motín.
Habilitado en 1957, Devoto es el último gran establecimiento carcelario de la ciudad de Buenos Aires
El primer objetivo era "hacer quilombo con fuego" y "ganar la reja", según ese audio. Para el mediodía del viernes estaba cumplido. Antes de las 11, entre chapas arrancadas, fueron apareciendo en el techo del módulo uno los primeros internos que ocuparon las alturas de la cárcel, en el extremo que da a la esquina de Nogoyá y Bermúdez. La escena se reprodujo en lo alto de todos los edificios del viejo penal.
"El viernes a la noche estuvimos soldando barrotes hasta las tres de la mañana", dijo un funcionario a LA NACION. "Es una cárcel muy antigua. Estaba regalada."
Habilitado en 1957, Devoto es el último gran establecimiento carcelario de la ciudad de Buenos Aires. "Es la cabecera", explicó una funcionaria nacional que sigue de cerca todo lo que pasa en las cárceles. "Si hay un motín en Viedma, ¿quién se entera? Devoto está en el corazón de Buenos Aires y además tiene el CUD", afirmó. El Centro Universitario de Devoto (CUD) depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es un espacio de conexión entre la cárcel y el afuera, donde los internos tienen un trato directo con profesores y están atenuadas las medidas de seguridad.
"Estamos en consonancia con los penales federales y provinciales. Todxs tenemos derechos. Hay un libro. Se llama Constitución", reza una bandera que ayer colgaba entre dos ventanas del módulo 1.
Al frente de las negociaciones del viernes estuvo Juan Martín Mena, el secretario de Justicia de la Nación y número dos del ministerio que dirige Marcela Losardo. El clima era muy tenso. Del otro lado estaban los representantes de los distintos pabellones. Uno de los referentes de los presos era Guillermo Antonio Álvarez, conocido como "El Concheto", condenado por cuatro homicidios. Mena les contestó a los presos que no habría conmutaciones de pena del Presidente. "No es una posibilidad", les dijo, según relataron a LA NACION fuentes que conocieron lo que sucedió. Sin embargo, ese pedido de los presos quedó en el acta.
El sábado, dos jueces se sumaron a la mesa de la capilla: Gustavo Hornos, juez de la Casación Federal y presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, y Daniel Morín, presidente de la Casación Nacional.
Hornos llegó con un mensaje de paz. "Estuve preso y me viniste a visitar", dijo, citando a Jesús. En ese momento, uno de los delegados de los presos -había unos 30- le pidió silencio a sus compañeros. La batucada no paraba nunca. Más tenso fue el diálogo con otro interno, que le recordó a Hornos que como consecuencia de un fallo suyo de esa semana, él seguía en prisión.
La reunión duró seis horas y media. El acuerdo fue volver a reunirse ayer. Los funcionarios -sin los jueces- iban a revisar legajos de internos y Mena iba a acelerar los trámites adeudados por el ministerio de Justicia, pero fue la última aparición de Mena y Hornos en Devoto. Ninguno de los dos volvió ayer, la fecha fijada para el nuevo encuentro. Los internos se quejaron cuando advirtieron las ausencias.
Hornos no contaba con el mandato de la Casación Federal para estar ahí, dijeron fuentes de la cámara, y eso generó malestar entre sus colegas. El Gobierno no había convocado formalmente al tribunal; el Ministerio de Justicia se había comunicado directo con Hornos para pedirle que fuera. Mena le agradeció a Hornos que hubiera ido. Las vueltas de la vida. Hornos, como juez de Casación, reabrió la causa por el memorándum con Irán, el caso de la denuncia de Alberto Nisman, expediente en el que Mena está procesado por encubrimiento.
En el caso de Mena, hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner, su lugar en la negociación pareció haber sido ocupado por Pablo Barbuto, subsecretario de Política Criminal, y por Emiliano Blanco, el jefe del Servicio Penitenciario Federal, a quien Losardo promueve para que el Presidente lo nombre subsecretario de Asuntos Penitenciarios, un plan que rechaza el ala kirchnerista. Le reprochan a Blanco todos sus años de servicio durante la gestión macrista (a pesar de que está en el ministerio desde los tiempos de Horacio Rosatti). Blanco participó de todas las reuniones de Devoto, pero ayer asumió un rol más protagónico.
Al margen de estas intrigas, Devoto volvió a sacudirse el fin de semana con otra noticia. Ya no eran solo guardiacárceles: dos internos se habían contagiado coronavirus. Uno ya había sido excarcelado y el otro estaba internado (cayó del techo durante el montín).
Solo después de una visita de tres horas de Carla Vizzotti, la virtual viceministra de Salud de la Nación, que conversó con los presos, la cárcel volvió a la tensa paz que mantiene estos días.
"Mi hijo está ahí adentro. Desde el viernes los tienen muy mal, les dan muy poca comida", dijo a LA NACION la madre de un preso, parada sobre la calle Nogoyá, con la mirada fija en las ventanas del módulo dos.
A la vuelta manzana, desde un pabellón del módulo tres que da a la calle Desaguadero, le gritan a un guardiacárcel: "Da la cara, chaqueño. Sos cobarde. Te quiero ver acá arriba". El agente lleva un barbijo y está parado, armado, en la pasarela elevada que recorre todo el perímetro del penal. Sobre ese camino los penitenciarios montaron refugios con techos de chapa. Cuando se calienta el clima, desde los pabellones llueven piedras. Los vecinos de Devoto lo saben. No hay un solo auto estacionado en esas calles, donde decenas de policías de la Ciudad y agentes penitenciarios controlan a la distancia la cárcel.
Violencia y muerte en Florencio Varela
No hubo una coordinación. Tampoco una orden de una voz líder. El clima era tenso y se sabía que era cuestión de tiempo para que la situación estallara. Un pabellón del sector de máxima seguridad llevaba casi 48 horas de huelga de hambre. Otros analizaban sumarse a la protesta. De pronto, todo explotó. Primero fue un preso que, después de romper las rejas, ganó los techos. Luego se sumaron otros y la situación se descontroló. Fue una batalla entre reclusos y personal penitenciario. Un motín donde los internos estuvieron cerca de tomar el control de la cárcel y un preso fue asesinado.
Además hubo otros 40 internos y 15 agentes penitenciarios heridos. Hoy, nueve días después del violento motín y de un diálogo entre representantes de los presos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Comisión Provincial por la Memoria y del Poder Judicial, en la Unidad 23 de Florencio Varela hay una tensa calma.
Los presos quieren negociar, según explicaron a LA NACION fuentes que participaron de la mesa de diálogo, para conseguir medicamentos, un "trato humano" en el sector de sanidad, aceleraciones en la presentación de los escritos judiciales y el análisis de los casos de población de riesgo de contagio de coronavirus.
"No quieren una amnistía general", explicó una fuente que participó el viernes pasado de la mesa de negociación que se hizo después del motín.
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, conducido por Julio Alak, la situación actual en la cárcel de máxima seguridad "está tranquila" y el diálogo con los representantes de los presos está abierto. En cambio, gente allegada a los internos sostuvo que la calma no existe y los días se viven con mucha tensión en el penal de Florencio Varela.
Una fuente que conoce el mundo interno de la Unidad 23 sostuvo que la mayor tensión se vive en el denominado D1, que fue donde internos tomaron de rehenes a violadores y los golpearon salvajemente. La población general de esta prisión es joven. En promedio, en la mayoría de los pabellones los presos no superan los 30 años.
El momento de mayor dramatismo se vivió cuando los amotinados tomaron como rehenes a 12 internos acusados de delitos sexuales
Se trata, como la mayoría de las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), de una prisión superpoblada. Inaugurada en 1997, la Unidad 23 de Florencio Varela tuvo una capacidad original de 380 plazas, luego se agregaron módulos y la capacidad llegó a 980, pero en la actualidad hay 1490 internos. Esta dividida entre un sector de máxima seguridad y otro de media.
El día del motín fue asesinado Federico Rey, de 23 años, que estaba detenido desde 2017, condenado por un robo con armas doblemente agravado. Fue uno de los presos que se subió a los techos. En un primer momento, las autoridades de la cárcel le informaron a sus superiores del SPB que el interno había muerto durante una pelea de presos en una discusión por la huelga de hambre. Pero eso no era cierto. El mismo día del motín, poco después del crimen, Alberto Sarlo, docente de Filosofía y profesor de boxeo en la Unidad 23 de Florencio Varela, había dicho a LA NACION: "No fue una pelea entre presos. Fue un motín que comenzó para protestar por las condiciones de hacinamiento y de falta de higiene".
La autopsia confirmó que Rey había sido asesinado por disparos con posta de plomo realizados con una escopeta calibre 12/70 cuando estaba en el techo del pabellón 6, donde había comenzado el motín. Hay tres penitenciarios detenidos por presunto homicidio. El SPB reveló de sus cargos al director de la unidad, a los tres subdirectores y al subjefe de la guardia (uno de los tres detenidos). El caso es investigado por la fiscal de Florencio Varela Roxana Giménez.
Una funcionaria judicial que recorrió la cárcel de Florencio Varela durante el motín y allegados a los internos afirmaron a LA NACION que el momento de mayor dramatismo se vivió cuando los amotinados tomaron como rehenes a 12 internos acusados de delitos sexuales. Era el sector de mediana seguridad, donde hay pabellones de presos que profesan el evangelismo. "A los violadores los golpearon y los ataron a las rejas de las celdas", afirmó una de las fuentes consultas. "Los abusadores sexuales y los denominados «ciervos» [presos considerados buchones o ayudantes de los agentes penitenciarios] son los que peor la pasan durante estos motines", aseguró una persona que visita las cárceles bonaerenses de manera cotidiana.
La calma llegó después de las 19.30. Habían pasado diez horas desde el inicio de la revuelta. Los presos obtuvieron la promesa de que no iba a ser trasladados a otras unidades como represalia por el motín.
"Con algunos de los presos se pudo conversar de forma coherente", recordó a LA NACION la jueza de ejecución penal de Quilmes Julia Márquez, que se hizo presente en la Unidad 23 durante el motín. Relató que, más allá de los reclamos por sus situaciones procesales, los internos pedían medidas de seguridad, como que los penitenciarios usaran guantes y barbijos. Marquez celebró el rol de los internos que ese día, pese a las presiones para que su sumaran al motín, conservaron la calma en medio de la violencia.
Huelga de hambre en las ruinas de Las Flores
El sábado empezaron a llegar los mensajes, como si provinieran de un call center, pero desde adentro de la cárcel de Devoto. "Ya tenemos la moneda pero hay que ir por más, por la conmutación [de penas]", decía uno de los WhatsApp que recibió un preso del pabellón Nº 4 de Las Flores.
La moneda, según fuentes del Servicio Penitenciario de Santa Fe, significa, en la jerga carcelaria, detenciones domiciliarias, salidas transitorias y condicionales. En Las Flores la realidad era otra.
La instigación a una revuelta general, que se ramificó a varias cárceles del país, no logró prender en este penal de Santa Fe. Los presos ya se habían anticipado el 23 de marzo, apenas tres días después de que se decretara el aislamiento social obligatorio, cuando en un violento motín destruyeron el 90 por ciento de las instalaciones de la cárcel. Esa madrugada asesinaron a cuatro internos, tres de ellos del pabellón de delitos sexuales, a quienes calcinaron después de golpearlos salvajemente.
El germen de la protesta había surgido en el pabellón Nª9 módulo norte de Coronda, donde fue asesinado Alen Montenegro, ligado a un sector de la barra de Colón llamado "Los de siempre".
A los pocos minutos, los disturbios se ramificaron a Las Flores, donde entre los fallecidos está Andrés Behler, alias Pistolita, tío de Alen y también miembro de la hinchada, actualmente en conflicto con el histórico líder Juan Abel Leiva, preso en Coronda, condenado a 30 años de prisión por homicidio. Behler era el único de los fallecidos que no había cometido delitos sexuales. Estaba preso por un intento de homicidio.
Los reclamos por mejores condiciones sanitarias ante la pandemia provocaron que en el medio regurgitaran viejos conflictos entre barras y narcos, que aprovecharon el momento de descontrol para saldar deudas internas, como apunta la investigación que realizó el Servicio Penitenciario, en paralelo con la del Ministerio Público de la Acusación.
En lunes, como reacción al motín de Devoto, en Santa Fe se declaró una huelga de hambre. En el Servicio Penitenciario temían lo peor, pero con el correr de las horas notaron que quienes tienen cierto poder de liderazgo dentro del penal no se plegaban a las protestas de manera violenta.
El penal de Las Flores quedó destruido por la voracidad de los disturbios del 23 de marzo. Luego, los internos estuvieron varios días encerrados en sus celdas sin salir a los pabellones, sin agua, ni electricidad, en varios sectores.
"La pasaron muy mal, sin agua ni comida, porque durante varios días no ingresaron los bagayos de los familiares", advirtió Rosa, la madre de un interno de 22 años, condenado por robo calificado. "Nadie quería volver a pasarla mal", sentenció uno de los agentes que ingresó a la madrugada al penal con el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín.
"En un espiral de ira incontenible los presos destrozaron todo lo que tenían enfrente: la farmacia y el hospital, las salas de educación primaria y secundaria y el SUM", señaló Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios.
Después de varios días de incertidumbre tras los motines, en la justicia de Santa Fe decidieron no dar concesiones de manera masiva a los internos, sino que cada hábeas corpus se analizara de manera individual. Fue una decisión que se tomó en una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo y el Servicio Penitenciario. Había cierta impaciencia sobre cómo reaccionarían los presos.
Esa madrugada asesinaron a cuatro internos, tres de ellos del pabellón de delitos sexuales, a quienes calcinaron después de golpearlos salvajemente
Según informó la Defensoría Pública de Santa Fe, a cargo de Jaquelina Balangione, ese organismo presentó 371 pedidos de hábeas corpus, de los cuales sólo 50 fueron aceptados.
El temor de las autoridades del Poder Judicial y del gobierno era que se detectara algún caso de coronavirus y la situación volviera a desmadrarse. "Hasta ahora eso no ocurrió", según Gálvez, quien detalló que se adecuaron las instalaciones de los penales para enfrentar un posible caso de Covid-19.
"Nosotros pedimos al Servicio Penitenciario que elaborara un informe sobre los presos en situación de riesgo, para que los jueces pudieran actuar con mayor información. Nos comunicaron que son 240 los internos en esta situación", advirtió en diálogo con LA NACION el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien sostuvo que "había una demora importante de la anterior gestión de gobierno sobre los informes para que los jueces decidieran las libertades condiciones y salidas transitorias".
A mediados de este mes se desalojó el Penal N°9, situado en la localidad de Recreo, para montar allí un hospital de campaña exclusivo para el Servicio Penitenciario, donde funciona un sistema de aislamiento. En total en Santa Fe hay 250 plazas sanitarias entre todas las unidades de detención.
En Las Flores el pabellón donde estaban los presos por delitos sexuales, que quedó totalmente destruido tras el motín, se convirtió en un sector de aislamiento, y a los 36 internos que estaban allí los enviaron a la Unidad Penal 10 de Santa Felicia, en Vera, en el norte de Santa Fe.
La situación sigue tensa, pero no surgieron nuevos motines ni disturbios. Además de Las Flores, las miradas apuntan al penal de Piñero, donde están los presos de mayor perfil, como los jefes de las bandas narco. Muchos de ellos están impacientes porque no reciben visitas desde el 13 de marzo. Uno de ellos es Ramón Machuca, el líder de Los Monos. Se lo escucha gritar y maldecir el aislamiento y la cuarentena.
Bouwer, por ahora, mira a la distancia
Hace 45 días que no reciben visitas. Los 4733 presos de la cárcel de Bouwer, la penitenciaria más importante de Córdoba, entraron en aislamiento una semana antes de que se decretase la cuarentena nacional. En respuesta, hubo un intento de motín del que participaron unos 30 presidiarios. Con disparos de balas de goma, el Servicio controló la situación.
Hace dos semanas hubo otro conflicto intramuros, que también fue reprimido. El motivo fueron los rechazos a los pedidos de libertad. En la cárcel de Bouwer consumen mucha televisión y radio y esas son las vías por las que siguen "al minuto" lo que está pasando en los penales de Buenos Aires. "Allá consiguen un montón de cosas y acá nada", se quejan en especial los que integran grupos de riesgo. De ese "montón de cosas" a la que más aspiran es a la excarcelación. "Hacen un motín y les dan bola, acá los jueces, cero", se quejan.
En Córdoba –donde hay casi 10.000 detenidos- se presentaron unos 400 pedidos de prisión domiciliaria. Los jueces sólo aceptaron tres y no estaban vinculados al tema del coronavirus.
La mitad de la población carcelaria de Córdoba está en Bouwer, una cárcel con una historia violenta. En febrero de 2005 se produjo un motín recordado por lo sangriento, que dejó un saldo de ocho muertos (tres guardiacárceles y cinco detenidos) y decenas de heridos. Fueron 1600 presos los que protagonizaron esa revuelta, que duró casi dos días y que incluyó un intento de fuga. Los presos tomaron a 30 personas como rehenes y a algunas las amenazaron con arrojarlos desde los techos de la prisión.
Hoy, frente a la pandemia, los magistrados cordobeses actuaron de manera más conservadora que sus pares de Buenos Aires y, en general, coinciden en que sin que haya Covid-19 en las cárceles "no se abrirá la puerta" para que los detenidos se vayan a la casa. El fundamento es una resolución del Superior Tribunal de Justicia que considera que los presos, en tanto el virus no ingrese a los penales, tienen "riesgo abstracto de contagio" como la ciudadanía que está en libertad.
Los presos de Bouwer mantienen la misma rutina que antes de la aparición de la pandemia. Siguen compartiendo entre dos las celdas y los de grupos de riesgo no fueron separados del resto. El ingreso de teléfonos móviles está prohibido –se rechazaron los pedidos presentados en ese sentido-, aunque se sabe que buena parte de los detenidos los tienen desde hace tiempo.
La manera "formal" de comunicarse con el exterior es la tarjeta telefónica para los aparatos públicos que hay en la cárcel. La Provincia aseguró que entregó 16.000 tarjetas al inicio del aislamiento obligatorio y hace unos días habilitó las videollamadas.
"Llama y dicen que están asustados, preocupados por lo que está pasando, tienen miedo de contagiarse adentro", cuenta la esposa de un detenido procesado. "No sabemos lo que pasa", agrega.
Hoy, en respuesta al coronavirus, en la cárcel hay más puestos y baños equipados con agua y jabón y se realizan más procedimientos de limpieza y desinfección. El personal del Servicio Penitenciario completó declaraciones juradas sobre sus condiciones de salud y tiene controles diarios de temperatura. Fuentes de la Justicia aseguran que, en comparación con otros penales del país, la situación de Bouwer es "aceptable".
Con la colaboración de Gabriela Origlia
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