El contraataque venezolano: un tripulante del avión varado en Ezeiza presentó una denuncia penal contra el director de la PSA

Víctor Pérez Gómez, uno de los 19 tripulantes del avión varado en Ezeiza sospechado de tener vínculos con el terrorismo internacional, encabezó el contraataque venezolano. Apuntó contra un sector del gobierno argentino: denunció penalmente al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, y lo acusó de haber sido el responsable de un “allanamiento ilegal” a la aeronave el viernes pasado, cuando el Boeing 747 llevaba cuatro días en el aeropuerto de Ezeiza, pero el caso todavía no se había judicializado.

Es la primera declaración oficial que se conoce de uno de los protagonistas centrales de este caso, que son los 14 venezolanos y cinco iraníes que esperan en un hotel de Canning una definición de la justicia. Su primera defensa fue una denuncia contra un funcionario del gobierno argentino, un documento donde uno de los responsables del vuelo detalla su versión de los hechos desde que el avión entró en la Argentina. Mientras tanto, el juez federal Federico Villena revisa las computadoras y teléfonos de los 19 (que comparten los mismos abogados) y cruza bases de datos internacionales para determinar si efectivamente están relacionados con el terrorismo islámico.

Además de pasajero del avión de Emtrasur, Pérez Gómez es el gerente general de operaciones de esa compañía, que es parte del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) y está sancionada en Estados Unidos desde febrero de 2020. Como gerente general de operaciones es como se identifica Pérez Gómez en el escrito que presentó el martes pasado en el juzgado de Villena, en el que pidió ser querellante en la causa; es decir, ser reconocido por el juez como víctima.

Glinski y su gente son los únicos funcionarios argentinos a los que le apunta. También critica a Shell (dice que el avión tenía el trámite completo para cargar combustible, pero que la petrolera les informó que no lo iba a abastecer sin dar una “razón concreta”) y cuestiona con especial dureza a Uruguay por su decisión de no dejarlos aterrizar en Montevideo. “No solo puso en peligro la seguridad operacional del vuelo que previamente había aprobado, sino que estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica, pactada internacionalmente”, dijo Pérez Gómez de los funcionarios uruguayos.

La fuerza que dirige Glinski, que depende jerárquicamente del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tuvo un rol central en el caso del avión venezolano. El miércoles 8 de junio, cuando el Boeing volvió rechazado por Uruguay, lo sometió a un primer control exhaustivo, según la propia PSA informó a la Justicia. Pérez Gómez relata que además que ese miércoles la fuerza escoltó a los tripulantes hasta el hotel y que después los mantuvo bajo vigilancia. Dos días después, la PSA encabezó la nueva revisación, la señalada como “ilegal”.

Según fuentes de la PSA, la denuncia no tiene asidero. “Tenemos la posibilidad de revisar todos los vuelos no regulares y lo hacemos muy frecuentemente”, sostuvieron en el organismo y relataron que estos controles se agudizaron después del caso de los hermanos Juliá, condenados por el contrabando de 944,5 kilos de cocaína a España en un vuelo privado. En la PSA citaron el artículo 13 de la resolución 175/2011, dictada por Nilda Garré, que establece que la autoridad de seguridad aeroportuaria “podrá hacerse presente en la posición de estacionamiento de la aeronave, a fin de efectuar la inspección del interior de la misma, incluyendo sus bodegas y compartimientos de alojamiento de suministros”. Destacaron que en el caso del avión venezolano, además, “la tripulación estuvo presente y quedó todo firmado”.

La versión venezolana

“Nos llaman las autoridades del aeropuerto a través de nuestro encargado de handling que debíamos movilizar la nave hacia una posición remota, es decir lejana a la rampa de carga porque el aeropuerto necesitaba esa posición”, relata en su denuncia Pérez Gómez, y cuenta que fueron dos técnicos de la empresa a Ezeiza. Sostiene que cuando pasaron Migraciones, los esperaba un micro con autoridades de la PSA para ir hasta el avión. “Al llegar al avión se encontraban más efectivos de la PSA, aproximadamente 60 personas. Allí, un funcionario líder de la operación perteneciente a la PSA con los perros antidrogas y antiexplosivos nos avisa que iban a entrar a la aeronave, instrucción que fue acatada, estando en conocimiento de su irregularidad, a fin de poner a disposición de las autoridades argentinas cualquier aspecto que sirva para aclarar el asunto que hoy nos motiva a querellar”.

“Los agentes no estaban identificados por lo cual no pudimos saber sus nombres; tampoco requirieron nuestro consentimiento para realizar tal inspección”, sostiene Pérez Gómez en su escrito.

Y sigue: “Compulsivamente suben a la aeronave, entrando por la puerta delantera izquierda y comienzan a desplegar una exhaustiva requisa con gran nivel de detalle sobre todos los espacios disponibles de la nave e incluso los efectos personales de la tripulación que habían quedado allí. Se quitaron paneles, se chequearon galley, trolley, hornos, etc, sin dar ningún tipo de fundamento ni exhibir documentación alguna. Al cabo de una hora y media culminó la inspección sin ningún tipo de novedad”.

Tras este relato, Pérez Gómez afirma: “Los funcionarios de la PSA actuaron sin advertir a la autoridad judicial competente y menos aún sin mediar ningún tipo de orden judicial que lo habilite a allanar el avión de bandera extranjera”. Cita en su presentación el artículo 150 del Código Penal argentino, que castiga con el delito que él le adjudica a Glinski con “prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado”.

Un dato llamativo es que, tal como informó LA NACION, fue también personal de la PSA el que, antes de que el avión partiera a Montevideo en busca de combustible, había intercedido sin éxito con Shell, YPF y Axion para que abastecieran a la aeronave, según fuentes de las tres petroleras.

Como medidas de prueba, Pérez Gómez solicitó en su presentación el secuestro de las filmaciones realizadas por la PSA al realizar el “procedimiento ilegal” en el avión y el secuestro de las conversaciones entre el piloto de la aeronave y la torre de control desde la llegada a la Argentina hasta la actualidad. También, que “la autoridad aérea competente envíe todos los planes de vuelo y la posición de la aeronave en el radar durante todo el momento que se encontró en espacio aéreo argentino” y que se cite como testigos a los técnicos de Emtrasur que presenciaron la revisión del avión que cuestionan.

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