El Consejo de la Magistratura volvió a sesionar y elegirá autoridades el 4 de abril

El Consejo de la Magistratura volvió a reunirse tras 9 meses de parálisis. El encuentro, a cargo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, terminó con la definición del 4 de abril para realizar oficialmente un plenario donde se elegirá a un vicepresidente del cuerpo y a los presidentes de las comisiones, para empezar a tratar los temas pendientes.

En la reunión “de labor” participaron 18 de los 19 consejeros activos (uno estuvo ausente). El Consejo debe tener 20 miembros, pero la Corte objetó la designación del senador kirchnerista Martín Doñate y no le tomó juramento. Esto es así porque el máximo tribunal consideró inválida la decisión de Cristina Kirchner de dividir el bloque de senadores del Frente de Todos para quedarse con tres de los cuatro representantes de la Cámara alta (dos por la mayoría y uno por la segunda minoría), dejando afuera al consejero propuesto por Pro, Luis Juez.

A pesar de las peleas que provocó ese fallo de la Corte y los anteriores, que motivaron el juicio político que el oficialismo activó en Diputados y llevaron al presidente Alberto Fernández a denunciar en la Asamblea Legislativa que los jueces supremos habían “tomado por asalto el Consejo de la Magistratura”, el clima en la reunión fue de cordialidad y armonía entre los consejeros, dijeron participantes del encuentro.

El oficialismo decidió integrar la reunión de labor y participar de las negociaciones. Se acordó así que el 4 de abril a la mañana va a tener lugar un plenario, aún cuando falte designar a un consejero. Allí está previsto que se elija un vicepresidente para el cuerpo y a los presidentes e integrantes de cada comisión.

Habría consenso para que la jueza Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó, sea vicepresidenta del cuerpo y para que otros jueces, uno de cada lista -Bordó, Celeste y Compromiso Judicial- integren la comisión de Selección de Magistrados, un espacio clave pues allí se deciden los concursos para cubrir las vacantes.

Los jueces no pueden integrar la Comisión de Acusación, donde el oficialismo aspira a tener peso. Allí se decide qué casos se llevan al plenario para promover o desestimar los pedidos de juicio político. Y restan las Comisiones de Disciplina -para analizar sanciones por faltas menores, no remociones- y la de Administración, donde se discute el presupuesto y la gestión de los fondos del Poder Judicial, excepto los de la Corte.

El presidente de cada comisión es quien determina las convocatorias y la agenda del orden del día, por eso es importante ese cargo.

En este Consejo de la Magistratura hay jueces con diferentes cercanías políticas; cuatro diputados y senadores del Frente de Todos y tres de Juntos por el Cambio; abogados que apoyan en parte al Pro y en parte a la UCR; y un bloque que está integrado por los académicos y un sector de los abogados que responde el exconsejero Diego Molea.

Los 18 consejeros que participaron de la reunión de labor fueron los senadores María del Carmen Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el oficialismo, y Eduardo Alejandro Vischi, por la oposición. También los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos; Álvaro González, por Pro, y Roxana Reyes, por la UCR; el académico Guillermo Tamarit -que respondería al exconsejero Molea-; los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez (también ligada a Molea); los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (de Compromiso Judicial). También el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Estuvo ausente el académico Hugo Galderisi porque tenía una actividad relacionada con su tarea universitaria.

El equilibrio en este Consejo será clave: los jueces quieren hacerlo funcionar porque aspiran a que los afiliados de sus listas asciendan y ocupen las numerosas vacantes existentes, pero el año electoral conspira para la negociación política entre los diferentes estamentos. El oficialismo buscará acuerdos para empujar a sus candidatos, pero la oposición, en vísperas de elecciones, no quiere avanzar en algunos concursos sensibles, como el de la Cámara Federal porteña. El desafío para Rosatti es hacer que el organismo sesione.

Los consejeros de la política, especialmente los diputados y senadores, están analizando la integración de las comisiones teniendo en cuenta la idea de temporalidad y equilibrio de los estamentos. Fundamentalmente, porque prevén que como se trata de un año electoral, después de los comicios puede haber cambios en los nombres de los consejeros, pues puede ser que algunos ocupen algún cargo en otro ámbito del Estado. Y si hay un cambio de signo político en el Gobierno, también cambiaría el represente del Poder Ejecutivo.

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