El Consejo de la Magistratura investigará el patrimonio del juez Bento, acusado de asociación ilícita
Tiene competencia electoral en Mendoza; las medidas de prueba sobre sus maniobras presuntamente delictivas fueron aprobadas hoy por unanimidad
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El Consejo de la Magistratura aprobó hoy las medidas de prueba en el expediente disciplinario contra el juez federal de Mendoza con competencia electoral Walter Bento, acusado de ser miembro de una asociación ilícita. También se lo notificará de la denuncia por mal desempeño para que presente su defensa. En paralelo, avanza la causa penal contra el magistrado en los tribunales federales de Mendoza.
La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo se reunió hoy después de casi dos meses de inactividad y de inconvenientes administrativos. Se acordó avanzar en el expediente contra el juez con competencia electoral de Mendoza, que por ahora sigue en su cargo.
El expediente disciplinario contra Bento está a cargo del diputado macrista Pablo Tonelli, quien propuso que se pida el expediente de la causa penal que se instruye en Mendoza contra Bento, así como también sus declaraciones juradas y su historial de licencias. Esas medidas fueron aprobadas por la mayoría del Consejo.
El expediente judicial en Mendoza lo instruye el juez Eduardo Puigdéngolas y la investigación está a cargo del fiscal Dante Vega. Los funcionarios judiciales le tomarán declaración indagatoria a Bento la semana próxima, después de varias postergaciones. Pidieron su detención, pero esta no se concretó porque Bento conserva sus fueros por ser juez.
Bento está imputado como el presunto líder de una asociación ilícita, en la que el empresario Diego Aliaga -asesinado el año pasado- actuaba como intermediario y los abogados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo, como miembros. El fin de esa banda era, según la acusación, otorgar libertades fraguadas o desvinculaciones de causas penales a cambio de sobornos.
Según el dictamen fiscal al que accedió LA NACION, la consumación de las maniobras de esta banda variaba de acuerdo al caso, pero se hacían en base al siguiente mecanismo: se concretaba el soborno en dólares para que el imputado recuperara su libertad y en algunos casos, indica el mismo dictamen, Bento dictaba el sobreseimiento del imputado en cuestión. En otros casos se dictaba la falta de mérito o una calificación legal de menor grado, que, a su vez, “servían de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad”.
El análisis sobre la situación patrimonial el juez será un elemento clave de la investigación. Según Vega, Bento y su pareja, Marta Boiza, “realizaron una cantidad de viajes exorbitantes al exterior” que por su destino y duración, son “indiciarios de la comisión del delito de lavado de activos de origen delictivo”.
El abogado de Bento es Mariano Cúneo Libarona, quien ya presentó un escrito ante el juzgado de Puigdéngolas en el que cuestionó la investigación judicial y dijo que se restringió el derecho a la defensa de Bento.
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