El Consejo de la Magistratura investiga a un juez federal de Paraná acusado de haberse “alzado” contra la Corte
Daniel Alonso, de Paraná, dictó una sentencia que impedía aplicar el fallo del máximo tribunal que obligaba a volver a la vieja composición del Consejo; la Comisión de Acusación le dio al magistrado 20 días para defenderse
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LA NACIONHernán Cappiello
El Consejo de la Magistratura avanzó esta mañana en la investigación de una denuncia contra el juez federal de Paraná Daniel Alonso, que enfrenta una causa porque intentó frenar el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la integración del propio Consejo de la Magistratura y obligó a regresar a su integración actual de 20 miembros.
Alonso, a instancias del diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, dictó en tiempo récord una medida precautelar que le prohibía al Congreso enviar a sus representantes para integrar el nuevo Consejo de la Magistratura, en contra de lo que había ordenado la Corte Suprema de Justicia. El oficio de Alonso iba dirigido a Cristina Kirchner y a Sergio Massa.
La Comisión de Acusación del Consejo, presidida por el diputado Pablo Tonelli, se reunió hoy y decidió, por unanimidad, citar al juez Alonso de acuerdo con el artículo 11 del reglamento. Se trata de una citación donde se notifica al juez de la admisión de la denuncia y se le hace saber que tiene 20 días para ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y decir lo que quiera en su defensa.
Tras el fallo de Alonso que pretendía impedir la conformación del nuevo Consejo, la Corte, de inmediato anuló esa sentencia y dijo, sobre el juez de Paraná: “Se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”.
Alonso actuó “con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedente de este Tribunal”, afirmó entonces la Corte y le ordenó que archive el caso iniciado por Casaretto. Fue la propia Corte la que denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura.
A esa denuncia se sumó la de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Mariana Stilman, que hicieron una denuncia penal contra Alonso y además una denuncia en el Consejo de la Magistratura, donde reclamaron la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, su suspensión en el cargo y que se formule la acusación correspondiente.
Removido el obstáculo que implicaba la decisión del juez Alonso, el Consejo de la Magistratura pudo empezar a funcionar con sus 20 miembros, presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
La resolución de la Corte, de abril pasado, fue firmada por los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorezentti estaba en un congreso internacional de derecho.
“Esta Corte advierte que el magistrado a cargo del Juzgado Federal n° 2 de Paraná actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal”, sostuvieron los jueces.
“Este alzamiento contra el Máximo Tribunal del país conlleva un grave desconocimiento de la superior autoridad de la que esta Corte está institucionalmente investida y, necesariamente, implica un acto que en sí mismo atenta contra una de las piedras basales del orden establecido por la Constitución Nacional”, abundaron.
El caso de Bento
Los consejeros de la magistratura esperan para este viernes al juez federal de Mendoza Walter Bento para que haga su defensa. Puede ir personalmente o presentar un escrito. Su caso es mas complicado que el del juez Alonso, ya que fue citado en una especie de declaración indagatoria.
Bento “habría incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizados dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita”, dijo Tonelli al promover su citación.
Además, el diputado señaló que Bento experimentó “un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado” y lo acusó de haber desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de licitud a fondos de origen ilícito y haber cometido actos de falsedad ideológica.
Bento está procesado y con procesamiento firme “por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor (15 hechos), concurso ideal con prevaricato, omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo. Luego se ampliaron estas acusaciones con la de falsedad ideológica en dos hechos.
Sobre su esposa, Marta Isabel Boiza, pesa un embargo de casi 150 millones de pesos, porque la Justicia la consideró presunta responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a esta resolución, la Cámara Federal la suspendió como prosecretaria administrativa del juzgado federal N°3 de la provincia cuyana.
A partir de la investigación realizada por el fiscal Dante Vega quedó al descubierto que el juez Bento y su familia poseen nueve propiedades con una valuación millonaria en cuatro countries de Mendoza. También tenían cuatro vehículos de alta gama: tres Audi (S3, Q5 y A3) que compraron cero kilómetro y una camioneta VW Amarok.
Los consejeros de la Comisión de Acusación decidieron además postergar el tratamiento de una denuncia contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
Por Hernán Cappiello
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