El Consejo de la Magistratura convocará a concursos anticipados para cubrir vacantes de jueces antes que se produzcan

El Consejo de la Magistratura resolvió de manera unánime realizar concursos para cubrir vacantes de jueces nacionales de manera anticipada, es decir, antes de que se produzcan las vacantes, para de este modo tener una lista de magistrados que puedan ocupar esos lugares y evitar demoras en el servicio de justicia.

La decisión fue compartida por los consejeros de la magistratura de todos los estamentos y significó el debut de Luis Juez como consejero en representación de los senadores de Pro. El Poder Ejecutivo no envió aún a su representante.

Para cubrir las vacantes de manera anticipada hubo que reformar el reglamento de selección de los magistrados, que es lo que finalmente se aprobó en el plenario de este miércoles.

De todos modos, la modificación no quita que ya existen sin cubrir en la justicia casi un 30% de los juzgados nacionales y federales. Actualmente se encuentran en trámite en el Consejo de la Magistratura 77 concursos, que implican unas 177 vacantes. Asimismo, existen otras 47 vacantes que están en trámite en el Poder Ejecutivo y otras 41 que habían sido puestas a consideración del Senado, pero esos pliegos fueron retirados por el nuevo gobierno.

En el plenario del Consejo, el abogado radical Miguel Piedecasas explicó que los candidatos seleccionados mediante los concursos anticipados permanecerán por cinco años en las ternas y se les va a exigir a los seleccionados que confirmen su interés de mantenerse en el orden de mérito. “Si se encontrara en trámite un concurso ordinario y se produjeran nuevas vacantes, se acumularán en el ordinario hasta el límite legal y reglamentario de cuatro, y el resto se va a cubrir utilizando ese orden de mérito del concurso”, explicó.

El mecanismo es el siguiente: desde el año próximo el plenario convocará a los concursos en febrero o marzo de manera anticipada. Solo será válido para los juzgados nacionales: por ejemplo, se convocan concursos con cuatro vacantes para juzgados laborales, otras cuatro para juzgados civiles y otras cuatro para juzgados penales. Se hace todo el trámite como hasta ahora y se aprueba con los dos tercios de los consejeros una lista de postulantes con un orden de mérito.

Cuando se produce la vacante se propone una terna según este orden de mérito y se envía al Poder Ejecutivo, para que envíe a su candidato al Senado y se complete el proceso.

El presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, felicitó a los concejeros por esta reforma reglamentaria. “Ojala en el primer plenario del año que viene podamos convocar a concursos anticipados en los fueros que correspondan y asumamos el compromiso a seguir trabajando en otros tópicos que merecen ser analizados y profundizados. Este proyecto ha sido producto del trabajo conjunto de distintos estamentos, donde cada uno ha cedido parte de sus pretensiones iniciales para lograr este objetivo común”, dijo el juez.

Polémica por una auditoría

También hubo espacio para la polémica en este último plenario del año, ya que se presentó un informe de la auditoría del Consejo de la Magistratura sobre la irrupción ocurrida el 21 de julio de 2022 en la oficina que resguarda las declaraciones juradas de los magistrados y donde se comprobó que hay faltantes de 82 declaraciones juradas y que 19 sobres fueron abiertos. Se trata de las declaraciones juradas que pertenecen a jueces federales y nacionales como los que juzgaron y condenaron a Cristina Kirchner, a jueces de la Cámara de Casación que intervinieron en casos contra el kirchnerismo y el de la consejera jueza Agustina Díaz Cordero.

A un año y medio de ocurrido el episodio, el auditor del Consejo José Luis Pivetta presentó ahora un informe de 67 páginas en el que minimizó el problema, al señalar que la cantidad de documentos vulnerados es ínfima en relación al total de declaraciones allí guardadas. Y recomendó archivar el asunto, previa recomendación de hacer un sumario a una empleada que estaba a cargo del cuidado de la oficina.

El informe motivó la indignación de los concejeros jueces Día Cordero y Diego Barroetaveña, juez de Casación, ya que entendieron que no se podía dar por cerrado este episodio con esas conclusiones.

Las declaraciones juradas de los jueces tienen una parte pública y una reservada, donde se consignan detalles sobre sus domicilios, números de cuentas bancarias, detalles de gastos de sus tarjetas de crédito, patentes de sus autos y otras informaciones relacionadas con sus familias y su intimidad. Esos datos fueron los vulnerados.

Entre esas declaraciones juradas de bienes se encontraban las de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que luego condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad; también la de Barroetaveña y Gustavo Hornos, dos de los jueces de la Cámara Federal de Casación con casos sensibles, como Hotesur y Los Sauces, el primero, y “La ruta del dinero k”, el segundo. Además de Díaz Cordero, jueza de familia, en la lista aparece Ariel Lijo, juez federal de Comodoro Py 2002 y uno de los más influyentes magistrados en la Asociación de Jueces Federales (Ajufe).

La violación de la parte secreta de las declaraciones juradas de bienes de algunos jueces fue descubierta el 21 de julio de 2022, antes de las vacaciones de invierno. Se determinó que había sobres abiertos y alterados, y otros cerrados que por su aspecto podrían haber sido manipulados –es decir, abiertos y vueltos a cerrar con pegamento–. El hecho se descubrió tras el fin de semana largo del Día de la Bandera.

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