El Consejo de la Magistratura avanza sobre el juez que le devolvió medio millón de dólares a la hija de Moyano
Federico Villena es investigado por supuesto mal desempeño y negligencia grave tras sobreseer en un trámite exprés a Karina Moyano, en una causa que estaba en manos de otro magistrado
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LA NACIONHugo Alconada Mon
El Consejo de la Magistratura avanzó otro paso hacia la acusación y eventual destitución del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que está acusado de presunto mal desempeño de sus funciones por haber dictado el sobreseimiento exprés y el reintegro de casi medio millón de dólares y 600.000 pesos a la hija del líder de Camioneros, Hugo Moyano, en enero de este año.
El consejero Pablo Tonelli consideró que Villena habría “incurrido en causal de mal desempeño” de sus funciones y que actuó con “manifiesta arbitrariedad” y “negligencia grave”, según expuso en su presentación, ya que tomó decisiones sobre un expediente que no tramitaba en su Juzgado, “que no tuvo a la vista, que no conocía y que no tuvo posibilidad material de conocer”.
Basado en la revisión de las actuaciones sustanciales –incluida la resolución de la Cámara Federal de La Plata que corroboró las arbitrariedades cometidas por Villena-, Tonelli requirió además a los miembros restantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo que avancen con la citación del magistrado a una audiencia.
La eventual citación de Villena quedó en el aire, sin embargo, ya que la Comisión no tiene fecha prevista para su próxima reunión, ni presidente formal desde que Ricardo Recondo renunció a ese puesto, manteniéndose como miembro de la comisión.
Hasta el momento, la denuncia contra Villena registró dos pasos relevantes. El primero, el 23 de marzo pasado, cuando por unanimidad se aprobó darle curso y emplazar al juez para que expusiera su defensa en el plazo de veinte días. El segundo, el 29 de junio, cuando la Comisión aprobó impulsar medidas de prueba para ahondar en la investigación.
La acusación comenzó a tomar forma en febrero pasado, cuando la fiscal federal Cecilia Incardona, el titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el otro juez federal en Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, alertaron sobre las presuntas irregularidades que Villena habría perpetrado en beneficio de Karina Eva Beatriz Moyano.
Así, en un escrito de 13 carillas que presentaron ante Augé como juez natural a cargo del expediente, Incardona e Iglesias expusieron lo ocurrido entre el martes 26 y jueves 28 de enero:
- Villena “habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas” en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional “y le imprimió el veloz trámite de 3 días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia”, fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó;
- También “dictó la resolución de sobreseimiento de una persona [en alusión a Karina Moyano], sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso”;
- “Dictó la resolución sin oír a este Ministerio Público Fiscal, pese haberle corrido vista, estando en conocimiento expreso de que este órgano se encontraba estudiando el caso”;
- “Ordenó la restitución del dinero secuestrado previo a notificar lo resuelto a este Ministerio Público Fiscal, tornando ilusorio cualquier recurso contra aquella decisión”.
Al retornar de la feria y con la presentación de los fiscales en sus manos, el juez Augé dictó la nulidad de lo decidido por Villena, notificó lo ocurrido al Consejo y le ordenó a la hija de Moyano que devolviera el medio millón de dólares, decisión que ella apeló, pero que confirmó la Cámara Federal de La Plata el mes pasado.
Desde entonces, sin embargo, Karina Moyano se negó a devolver esos fondos, aún cuando el juez federal Luis Armella reiteró esa orden. La hija del líder de Camioneros insistió que los fondos se los donó “un hermano” y “el abogado que tenía entonces”, y reclamó su sobreseimiento.
En el Consejo de la Magistratura, en tanto, el pedido de Tonelli para avanzar sobre el juez Villena quedó en manos de la vicepresidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación, María Inés Pilatti Vergara, que deberá definir los pasos a seguir.
El futuro de Villena dependerá, en particular, de la posición que adopten los consejeros que representan a los magistrados en la Comisión. Es decir, Recondo y Alberto Lugones, quienes la integran junto a Silvia Giacoppo, Carlos Matterson, Vanesa Siley, el presidente del Consejo, Diego Molea, y el representante del Ejecutivo, Gerónimo Uztarroz.
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