El Congreso sancionó una sola ley en cuatro meses y gastó $15.000 millones

Durante los últimos cuatro meses los pasillos de la Cámara de Diputados fueron un páramo. Con las comisiones inactivas y sin sesiones en el recinto, los pocos legisladores que pululan por el edificio se desconciertan ante tan prolongada parálisis. Cuando se pregunta por el motivo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, los dos bloques mayoritarios, no tardan en achacarse mutualmente la culpa, ensimismados en su enfrentamiento estéril.

Los resultados están a la vista: en lo que va del año el Congreso sancionó una sola ley, la que ratificó el acuerdo de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a tan bajo rendimiento, ya consumió $15.000 millones para su funcionamiento, casi el 40% del presupuesto asignado.

Recién esta semana, cuando ya pasaron cuatro meses, las pocas comisiones que fueron conformadas en la Cámara de Diputados arrancarán con su agenda, pero aún restan constituir otras 32. La demora, tan prolongada como inexplicable, no tiene antecedentes en el cuerpo, coinciden los veteranos en las lides legislativas.

La primera víctima es la agenda de la Casa Rosada, que remitió a la Cámara baja la mayoría de sus prioridades legislativas. Hasta ahora el oficialismo, en minoría y convulsionado por sus divisiones internas, no pudo ofrendarle ninguna.

Por contrapartida, en el Senado la mayoría oficialista comandada por Cristina Kirchner integró las comisiones en tiempo y forma, aunque focalizó sus prioridades en los intereses de la vicepresidenta: ya dio media sanción a la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y ahora va por la ampliación de la Corte Suprema. Los asuntos de interés de la Casa Rosada, salvo el acuerdo con el FMI, quedaron relegados a un segundo plano.

El control, ausente

Las dos funciones básicas que la Constitución Nacional le asignó al Poder Legislativo -la de legislación y la de control- lucen por su incumplimiento. El Poder Ejecutivo está de parabienes en su silenciosa táctica de emitir decretos de necesidad y urgencia (DNU), un atajo que le permite dictar medidas sin esperar la aprobación parlamentaria. Hasta ahora se acumularon 23 DNU en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo a la espera (por ahora vana) de que los diputados y senadores los revisen.

No parece haber demasiado apuro: pese a que se trata de una de las comisiones más relevantes del Congreso -de hecho, por la materia que trata debe reunirse aún en tiempos de receso legislativo-, aún no fue constituida. Ya pasaron cuatro meses y, pese a su inactividad, ya consumió sus $12 millones de presupuesto anual asignados.

Una situación casi idéntica se replica en otras comisiones bicamerales de control. En efecto, tampoco fueron conformadas las comisiones de Seguimiento del Ministerio Público, la de control de los Fondos de la Seguridad Social y la de Seguimiento de la Deuda Externa. Sin embargo, según los datos de ejecución presupuestaria ya gastaron toda su asignación.

La única comisión bicameral que esquivó la parálisis fue la de Control de los Organismos de Inteligencia. Se explica: el kirchnerista Leopoldo Moreau, su presidente, está obsesionado en escudriñar los detalles del presunto espionaje ilegal cometido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Es una excepción a la regla. Aunque el Senado se mantenga activo -aun con su agenda sesgada-, el Congreso no podrá salir de su parálisis mientras la Cámara de Diputados no normalice su funcionamiento. Como en el tango, para sancionar una ley se necesitan dos cámaras.

Proyectos no faltan. Desde el 1° de marzo -fecha de inicio de las sesiones ordinarias- hasta ahora los diputados presentaron 1940 iniciativas. Casi todos fueron girados a sus comisiones respectivas, pero como la mayoría no se conformó aún, acumulan polvo en algún cajón.

¿Cuál es el motivo de la demora? Ante la pregunta, la primera reacción de los dos bloques mayoritarios es la de culparse mutuamente. Enredados en una inédita paridad de fuerzas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tardaron largas semanas de tensas negociaciones para repartirse el liderazgo de las comisiones y sus correspondientes mayorías. Puertas adentro de los respectivos interbloques, otra soterrada pero no menos feroz puja entre las distintas corrientes internas por ocupar lugares de poder demoró aún más las definiciones.

La fumata llegó hace un par de semanas, pero hasta ahora solo se constituyeron 14 comisiones. La oposición amenaza con emplazar al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a que normalice el funcionamiento del cuerpo.

Decididos a sacar a la Cámara baja de su letargo, distintos bloques opositores pretenden dar un golpe de efecto el jueves próximo con una sesión especial. Para ello escogieron como tema principal la boleta única, una iniciativa que logra consensos transversales en la mayoría de las bancadas, salvo en el oficialismo y la izquierda.

La oposición se ilusiona con alcanzar el quorum y forzar el debate. Sin embargo, de lograr arrancar la sesión, el oficialismo rápidamente se ubicará en sus puestos para bloquearle a los opositores el camino hacia los dos tercios de los votos, mayoría que el reglamento le exige porque el proyecto no tiene dictamen. Los opositores no lograrán su cometido pero, al menos, buscarán emplazar al oficialismo para que la iniciativa se trate en la comisión en un plazo acotado, sin dilaciones.

La parálisis legislativa promete llegar a su fin. No será por la vía del consenso, sino por la del conflicto.

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