El concejal de La Matanza que fue detenido en una causa por narcotráfico denunció una “persecución política”
Gabriel Aranda afirmó que lo retuvieron en las dependencias de Puente 12 sin orden judicial; “alguien se va a tener que hacer cargo”, dijo a LA NACION; cuando lo demoraron, advirtió que responsabilizaba al ministro de Seguridad bonaerense por lo que le sucediera; en la cartera de Alonso afirman que la Policía actuó legalmente
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La detención del concejal de La Matanza Gabriel Aranda (Unión por la Patria), la semana pasada, en la vereda del Concejo Deliberante, y su liberación unas once horas después, es para el edil y para la dirigencia local del Movimiento Evita una muestra de “persecución política”. Aranda hizo ese planteo este miércoles, en una conferencia de prensa, en la que prefirió no hacer nombres propios en su acusación, y en la que contó con el respaldo de Patricia “Colo” Cubria, referente del movimiento social en el distrito. El concejal afirmó que policías bonaerenses lo retuvieron en las dependencias de Puente 12 sin orden judicial y lo liberaron después de una averiguación de antecedentes. Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense aseveran que los efectivos actuaron de forma legal, como auxiliares de la Justicia.
Aranda y Cubria encabezaron una conferencia de prensa este miércoles, en el Concejo Deliberante de La Matanza, en la que denunciaron una “persecución política”. Al término de esa rueda de prensa, Aranda relató la secuencia de su detención, el jueves pasado. “Teníamos sesión en el Concejo. En medio de la sesión, un policía de apellido Lizarraga va a mi casa por un llamado al 911. El mismo policía fue el Concejo, donde el secretario me hace llegar un papel con el aviso. Cuando salgo, se arma todo un circo por una notificación, que nunca me mostraron. Me llevan en una camioneta, frenan y me dicen ‘pasame los celulares’. Me comuniqué con mi esposa y le dije que pusiera en mis redes que me llevaban a Puente 12 y que responsabilizaba al ministro de Seguridad, si me sucedía algo”, indicó el concejal, en diálogo con LA NACION.
“Llegamos a Puente 12 y les di el celular. Me metieron en la oficina de la UTOI [Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas] y me tuvieron desde las 14.30 hasta la 1.30 del viernes. A esa hora, me tomaron los datos y me dijeron que era por una averiguación de antecedentes”, sostuvo Aranda. “Decimos que es una persecución política a dirigentes de La Matanza. No responsabilizo a nadie, pero alguno se va a tener que hacer cargo”, resaltó. “Vamos a hacer la denuncia para que se responsabilice a los culpables”, añadió.
Según pudo saber LA NACION, Aranda está investigado en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, que se sigue en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de Morón, a cargo de la jueza Alicia Vence. El concejal pertenece al Movimiento Evita (antes, pasó por las filas de la Corriente Clasista y Combativa) y es, además, presidente del Club Deportivo Laferrere, del Club Estrella Roja (una institución barrial de Laferrere) y de la Federación Nacional Popular y Comunitaria de los Clubes de Barrio. Los dos clubes y el domicilio de Aranda fueron allanados en la investigación, por la que fue detenido el vicepresidente de Laferrere, Esteban Quiñones, el año pasado.
“Acaban de subirme a una camioneta, temo por mi vida, por favor. Si me pasa algo, hago cargo a Matías López [superintendente de Planeamiento y Operaciones policiales] de la policía de [el ministro de Seguridad bonaerense, Javier] Alonso, de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”, se publicó en la cuenta de Facebook de Aranda el jueves pasado, cuando era detenido.
En la conferencia de prensa, Cubria mencionó al ministro, pero también al gobierno nacional. “Estoy convencida de que la jueza, ni tampoco, quiero creer, ministros y funcionarios sabían de esto que sucedió. Se va a tener que hacer cargo quien estuvo al mando de esa instrucción”, afirmó Cubria, exprecandidata a intendenta de La Matanza (compitió en la interna contra Fernando Espinoza). “Sabemos que esto nos lo hacen a nosotros porque estamos en contra del gobierno nacional, y lo vamos a seguir estando”, dijo también la exdiputada bonaerense, esposa del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
Ante la consulta de LA NACION, una fuente cercana al ministro Alonso afirmó que el accionar policial fue correcto. “Es una causa muy compleja y hay gente cercana a él que está presa. Toda la actuación policial fue como auxiliar de la Justicia, se actuó por orden de la Justicia”, destacó la fuente.
Aranda es concejal desde 2023. Ingresó en el sexto lugar por la boleta de Espinoza; en las PASO había integrado la de Cubria, que perdió la interna. Afirmó que recibió solidaridad de la presidenta del Concejo y del jefe del bloque de Unión por la Patria (los espinozistas Liliana Yambrún y Rolando Galván, respectivamente).
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