El comité que asesora al Presidente en la Justicia propondrá crear un tribunal intermedio que alivie a la Corte

El comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en materia de Justicia ya terminó su tarea y está dándole el pulido final al informe de unas 500 páginas que entregará al jefe de Estado. El comité propone cambiosen el funcionamiento de la Corte Suprema, en los caminos de apelación de las sentencias antes de llegar al máximo tribunal, en los mecanismos de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, en las modificaciones en el modo de elegir Procurador General y en la integración del Consejo de la Magistratura.

Todos los integrantes del comité ya entregaron sus aportes por escrito y buscan que el texto sea lo más uniforme posible, aunque se descuenta que habrá algunos disensos, con párrafos que algunos de los especialistas propondrán más allá del consenso final.

Los encargados de reunir estos materiales fueron Marisa Herrera y Andrés Gil Domínguez, integrantes de la comisión de especialistas que coordina el abogado Fabián Musso, de máxima confianza del Presidente. El 18, es decir el miércoles próximo, habrán entregado su propuesta, que aún se desconoce si llevará firma presencial, electrónica o digital o si será presentado en un acto oficial ante Alberto Fernández.

Los especialistas llegaron al siguiente diagnóstico: la Corte recibe más causas de las que debería y resuelve poco. Con lo que resuelve los justiciables no tienen una respuesta. Con este norte se debatió si era parte del trabajo proponer aumentar el número de miembros, y no hay esta idea en la mayoría, aunque alguno lo propondrá como su idea solitaria. Sí se propondrán mejoras en el funcionamiento y se propuso la idea de un tribunal intermedio, y también limitar los rechazos de casos sin fundamentar.

En este sentido se llegó a la novedosa propuesta de que sea el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad el que entienda sobre las Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en la Ciudad antes de que el caso llegue a la Corte. Un anticipo de lo que se viene con el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad. Se trabajó también con una agenda de innovación para gestionar la Corte.

Otra novedosa sugerencia que traerá polémica es la introducción de la acción declarativa de inconstitucionalidad con competencia originaria de la Corte como acción en abstracto sin un caso concreto que puede ser iniciada por cualquier ciudadano. La Corte se pronunciará y para que se confirme la inconstitucionalidad de la norma, en caso de que así lo decida la Corte se deberá pronunciar el Congreso en el mismo sentido. Si no lo hace, todo queda en la nada.

En cuanto a la elección del Procurador, el comité de expertos –del que participa el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi- sumó mayoría para proponer cambios en las mayorías necesarias. Actualmente son necesarios los dos tercios del Senado, cuestión que el Gobierno no tiene y debe negociar con la oposición. El comité asesor por mayoría propone que el procurador sea elegido por la mayoría absoluta de los miembros del Senado es decir la mitad más uno de la totalidad de los integrantes del cuerpo. Y limitar su mandato entre cinco y siete años.

Esta idea es un aval al kirchnerismo, que pretende esta reforma legal. De hecho se apoya en un proyecto del senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del kirchnerismo duro, que propuso en una iniciativa legal además de bajar de dos tercios a la mitad la cantidad de votos necesarios en el Senado para elegir o destituir al Procurador, fijarle un mandato de cinco años. Peor además, hace audaces propuestas que permiten remover fiscales molestos para la política oficial.

Avanzó en el Consejo Asesor la idea de instaurar el juicio por jurados para casos de corrupción e incrementar las sillas en el Consejo de la Magistratura, el cuerpo encargado de remover y designar jueces. Se propondrá que sean 16 integrantes y no 13 como hasta ahora, y con menos representantes de la política. De hecho, se proponen cuatro legisladores, cuatro abogados, cuatro jueces y cuatro académicos con la suficiente representación federal y de género, un espíritu que atraviesa de manera transversal todas las propuestas.

Si bien en un primer momento los integrantes del Consejo asesor habían previsto convocar a los jueces de la Corte para escuchar sus ideas sobre las propuestas, la coyuntura política lo impidió. Tras oír al Procurador, al Consejo de la Magistratura y hasta a Abuelas de Plaza de Mayo, el presidente Fernández debía invitar a la Corte, pero eran justo las semanas en que el máximo tribunal estaba abocado al per saltum de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y en un momento de máxima tensión entre el máximo tribunal y el Gobierno. Pasó el tiempo y se perdió la oportunidad.

El comité está integrado por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, el exjuez León Carlos Arslanian; la jueza del máximo tribunal porteño Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego el macrismo nunca logró aprobar en el Senado; Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español; Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático cercano a Eugenio Zaffaroni; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista que supo defender en la Corte los intereses de Clarín; la abogada Marisa Herrera; y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza).

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