El comité asesor para la reforma judicial volvió a abrir el debate sobre la elección del procurador y la duración de su mandato

Un ríspido tema político volvió a sobrevolar los debates de la Comisión Asesora del presidente Alberto Fernández para reformar el funcionamiento del Poder Judicial: la manera de elección del procurador general de la Nación y la duración de su mandato.

El asunto es clave para el Gobierno porque hoy se necesitan dos tercios de los miembros del Senado presentes para elegir a un candidato, que no los tiene el peronismo en la Cámara alta. Por esa razón, además de la pandemia y la inexistente negociación política en el cuerpo que preside Cristina Kirchner, no avanza la elección de Daniel Rafecas, el candidato del Gobierno para la Procuración. A falta de Rafecas, el kirchnerismo está desgastando al procurador interino, Eduardo Casal, para que renuncie y poner a una figura de su confianza.

Con este escenario político, los juristas convocados para asesorar al Presidente, entre los que se cuenta Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, habían ya empezado a trabajar en agosto sobre este asunto y avanzaron con otros, pero los temas no están cerrados, pues aún no hay un dictamen final, con lo que la Procuración volvió a ser tema de debate.

Una mayoría de los integrantes de la Comisión entiende que el mandato del Procurador no debe ser como el de los jueces, que caduca a los 75 años, sino que debe estar acotado en el tiempo. Por ejemplo, el equivalente a un mandato presidencial o un mandato presidencial y dos años más.

La discusión técnica, sin condimentos políticos, pasa entonces por considerar que si el mandato es temporal, la necesidad de los dos tercios de los votos de los senadores presentes no es imprescindible, al contrario. Si, por ejemplo, se establece un mandato de cinco años, podría pasar todo ese tiempo solo sin acodar el nombre de ningún candidato y el procurador interino seguiría en el cargo.

Las posturas

Así las cosas, hoy conviven en la comisión las tres posiciones: los que impulsan la necesidad de los dos tercios del Senado (que sigue siendo casi mayoritaria), los que creen que basta una mayoría absoluta de los senadores (que equivale a la mitad más uno de los integrantes del cuerpo) y los que postulan una mayoría simple (la mitad más uno de los legisladores presentes en la sesión).

Rafecas ya avisó que si mantienen el mandato actual y cambian el mecanismo de los dos tercios (mayoría calificada) no cuenten con él como candidato a la Procuración.

De todos modos, una fuente que conoce el trabajo de la comisión aclaró que no hay definiciones y que hubo opiniones que siguieron expresándose con el correr del trabajo, ue los especialistas realizan en dos reuniones semanales (martes y sábados) por Zoom.

La lógica del trabajo es que los expertos expongan, intercambien documentos propios y ajenos y debatan sobre el Ministerio Público, reformas al Consejo de la Magistratura, transferencias de competencias a la Ciudad y, finalmente, el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Aun no concluyó la ronda de diagnóstico de cada área sobre la que trabajar y se siguen cruzando ideas.

Todas las decisiones se difirieron para el final del trabajo -previsto para el 19 de noviembre-, que va a tener la forma de un dictamen con los temas en los que hay pensamiento común y un aparte con las opiniones divergentes. El producto final será un dictamen, no un proyecto de ley, insisten en la comisión, con lo que los detalles de las reformas por aplicar quedarán, en todo caso, en manos del Gobierno y los legisladores en el debate parlamentario.

Ya expuso el procurador interino Casal, durante diez minutos y sin preguntas, y en la última semana presentaron sus opiniones Estela Carlotto, por Abuelas de Plaza de Mayo, y Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura. El Colegio de Abogados aportó un escrito con sus ideas, luego de que Jorge Rizzo se quejó de que el tiempo fijado de diez minutos no alcanzaba para una propuesta seria. Y completó el desfile de invitados el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle.

También hizo su aporte Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) m que se pronunció por mantener el número de integrantes de la Corte, equilibrar el Consejo de la Magistratura para romper la lógica de las pujas partidarias, y completar la transferencia de competencias a la Ciudad.

Rompió el molde Juan Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, de la Universidad de Buenos Aires que explicó cómo usar esta herramienta para aumentar la productividad de la Corte Suprema, con datos de la Corte de Colombia, donde los jueces ya usan esta herramienta para redactar sentencias.

Estela Carlotto destacó la importancia de imprimir celeridad de los juicios de lesa humanidad, que están demorados, dijo; Lugones se pronunció por reformar el Consejo de la Magistratura, mediante la ampliación a los 20 miembros originales y la aceleración los concursos. Gallo Tagle se opuso a ampliar el número de jueces de la Corte y estuvo de acuerdo con la temporalidad del mandato del procurador, aunque manteniendo los dos tercios de los votos del Senado.

Los expertos tratarán en los próximos encuentros el tema del juicio por jurados en el que no hay muchas divergencias, pues existe consenso en su aplicación y en que los jurados sean legos. Se debatirá en qué casos se aplicará y el uso que ya se le da a este instituto en varias jurisdicciones, como Córdoba y Buenos Aires.

Luego llegará el debate sobre la Corte y los especialistas destacan que no se referirán a la cantidad de miembros que debería tener el tribunal, sino a su funcionamiento.

Antes de cerrar las deliberaciones, el comité de expertos cursará invitaciones a la Corte para que exprese sus puntos de vista sobre los cuatro temas que se le encomendó analizar. La comisión pedirá a la ministra de Justicia, Marcelo Losardo, que los invite y será el presidente Alberto Fernández quien cursará ese convite. Pueden hacer una presentación conjunta por escrito o individualmente.

No hay decisión en la Corte sobre qué van a hacer, porque no llegó ninguna invitación. Pero cabe recordar el malestar que provocó en el máximo tribunal la convocatoria a los expertos, al punto que cuando fueron presentados en el salón Blanco de la Casa Rosada solo estaba presente la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton de Nolasco.

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