El comité asesor de Alberto Fernández llega a conclusiones funcionales a la estrategia de Cristina Kirchner

La comisión que asesora al presidente Alberto Fernández en temas judiciales terminó en buena parte de sus conclusiones siendo funcional a la estrategia del kirchnerismo para la elección del procurador general de la Nación. Sin embargo, los disensos entre los juristas estuvieron menos influidos por la grieta que por diversas miradas jurídicas o técnicas que hicieron que hubiera posturas convergentes incluso en los temas más ríspidos.

El comité, que cuenta con el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, entregará el miércoles sus conclusiones al Presidente. Destaca allí la postura de promover un cambio en la modalidad de la elección del procurador general de la Nación: por un lado, para limitar la duración del cargo, que hoy es vitalicio, y por otro, para cambiar las mayorías necesarias para su elección.

Hoy hacen falta los votos de dos tercios del Senado, y la comisión propone que sea elegido por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Y también que el mandato se limite a entre 5 y 7 años.

No es una mayoría abrumadora la que tiene esta propuesta y de hecho hubo mucho debate interno sobre el punto en la comisión. Hubo posturas coincidentes entre integrantes de la comisión cercanos al kirchnerismo y otros que no lo son tanto.

De hecho, en la comisión se mencionaba como un dato que Alberto Fernández era de la idea de mantener los dos tercios del Senado para elegir al procurador. Andrés Gil Domínguez estaba más cerca de mantener los dos tercios existentes.

Inés Weinberg de Roca, jueza del Superior Tribunal de Justicia la Ciudad y que fue candidata de Mauricio Macri a la Procuración, planteó algunos disensos con colegas de la comisión, según explicaron fuentes de Cambiemos.

Sin embargo, no hubo miradas extremas en las conclusiones. De hecho, incrementar el número de jueces de la Corte, que es una de las banderas que el kirchnerismo agitó desde diciembre pasado, no es parte de las propuestas incluidas en el informe final.

Se debatió el asunto y la mayoría interpretó que pronunciarse sobre el tema no era parte de la tarea que les encomendó el Presidente en el decreto por el que los convocó.

Una minoría no creyó eso (uno o dos miembros) y sus ideas acerca de la conveniencia de aumentar el número de jueces de la Corte se sumarán como miradas particulares.

Sí hay consenso en el diagnóstico: la Corte no funciona bien por la cantidad de casos que recibe y no da respuestas. Por eso, idearon crear un tribunal intermedio y limitar los casos.

La controversia que se dio en el seno de la comisión, de nuevo, no fue política, sino que estaba motivada por cuestiones de jerarquía judicial.

Los jueces de los superiores tribunales de Justicia que integran el cuerpo no estaban dispuestos a que sus fallos fueran revisados por otros jueces que no sean los de la máxima instancia, indicaron fuentes al tanto de la discusión.

Se pensó como una alternativa que los propios jueces de las cortes provinciales integren ese tribunal intermedio, pero la idea no fraguó.

Quienes pulsearon en estos temas en reuniones semanales son Beraldi, su exsocio León Carlos Arslanian (cercanos al peronismo), Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo (experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español, cercano a Alberto Fernández), Raúl Gustavo Ferreyra, Andrés Gil Domínguez (constitucionalista que supo defender en la Corte los intereses de Clarín), Marisa Herrera (cercana al kirchnerismo) y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza).

Donde no hubo controversia es respecto de la necesidad de contar con una representación de género y federal en la integración de la Corte. Ese es el camino por donde se cuela la propuesta de sumar integrantes al tribunal.

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