El Colegio Público de Abogados de la Ciudad se opone al divorcio administrativo de Sturzenegger
Así lo planteó el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, quien consideró prioridad la presencia de un juez, sobre todo para garantizar los acuerdos entre partes
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LA NACION
Dentro del paquete que incluye la Ley Hojarasca, su ideólogo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsa el divorcio administrativo, es decir, terminar con el matrimonio sin crear un expediente judicial, siempre que los cónyuges estén de acuerdo. No obstante, la iniciativa ya cosecha rechazos, uno de ellos, el del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad.
El presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, dejó en claro este miércoles que así como está escrito el proyecto de uno de los ministros favoritos del presidente Javier Milei no debería prosperar. Consideró que para algunas cuestiones de la disolución del vínculo, se precisa la presencia de un juez, que asimismo garantice que los acuerdos a los que llegan las dos partes se cumplan.
“Todo el mundo está de acuerdo en agilizar los procesos, simplificarlos, nadie puede estar en desacuerdo con eso; pero el proyecto este desconoce que el divorcio es mucho más que la disolución del vínculo y se encuentra inseparablemente unido a otras cuestiones que tienen que ver con lo patrimonial, la distribución de los bienes de la sociedad conyugal, los hijos, las miles de cuestiones que se pueden plantear en una pareja”, enumeró en Perfil Radio el titular del colegio porteño, sobre la iniciativa que pretende implementar la posibilidad de un divorcio simplificado, “con mayor libertad y menos oneroso”, según los argumentos que dieron desde el Gobierno.
Además, desde la Casa Rosada plantearon que esta forma les permitirá a los miembros de la pareja disolver el vínculo matrimonial “de mutuo acuerdo” y “por una vía más simple, más rápida y más económica”, a la vez que aliviar la carga sobre el sistema judicial. Con este nuevo método, solo se requeriría de un trámite administrativo iniciado de mutuo acuerdo ante el oficial público que esté encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Nada de eso convenció a Gil Lavedra. “Hace falta un control judicial de cuáles son los términos de los acuerdos a los que lleguen las partes para evitar que se produzcan abusos, sobre todo de quien tenga posición de preponderancia dentro de la pareja”, expuso el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital sobre uno de los motivos por el que considera que la normativa impulsada por el oficialismo no es correcta.
Convencido de que este trámite “obviamente” debe realizarse frente a un magistrado, Gil Lavedra justificó: “Creemos que no puede suprimirse la presencia del juez porque incluso puede haber derechos de terceros frente a la sociedad conyugal. ¿Quién va a dar la seguridad jurídica sobre lo que se decida? Es un juez, no un funcionario del registro civil”, aseveró.
En eso, también destacó que en la Argentina ya existe el divorcio exprés, es decir, aquel que implica que ya con que una parte quiera separarse, se inicia el trámite. Gil Lavedra sostuvo que ese modo no es complicado en absoluto. “Por eso entendemos que, como está redactado ese proyecto, no debería prosperar”, adelantó en cuanto a la normativa de Sturzenegger.
“Hay otras medidas que pueden ser razonables, atendibles, pero nosotros estamos en desacuerdo con esto. Esperamos que surja en la discusión en el Congreso, para eso está el debate parlamentario”, concluyó, esperanzado de que los bloques opositores se nieguen a apoyar este cambio.
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