El Colegio de Abogados de la Ciudad repudió la fiesta del fiscal Ramiro González
La fiscal Paloma Ochoa pidió la desestimación con el argumento de que la presentación que dio origen al expediente era poco precisa; sin impulso acusatorio, el juez Sebastián Casanello ordenó el archivo
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LA NACION
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó la “fastuosa celebración de cumpleaños” del fiscal Ramiro González, repudió “esa exhibición insolente de opulencia y frivolidad indecorosa proveniente de un integrante del Ministerio Público”, y, reclamó a “las autoridades que tomen cartas en el asunto y agoten todas las indagaciones administrativas y judiciales que el caso exige”.
La entidad recordó la tesis doctoral de Jorge A. Diéguez, que alude a una charla entre el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional, Antonio Bermejo, y uno de los jueces del Tribunal. “El primero invitó al segundo a tomar el té a solas, porque sabía que el juez concurría frecuentemente a la ópera, al palco del Teatro Colón de una acaudalada familia. Reconocido el hecho por el Juez, Bermejo le dijo: ‘Le aconsejo que altere esa costumbre porque que lo vea en esa asidua concurrencia con una familia que es, además, muy poderosa y está o puede estar envuelta en pleitos que pueden llegar eventualmente a este tribunal, hace que usted sufra –a lo mejor inmerecidamente- un menoscabo, a través de la sospecha respecto de su imparcialidad”.
“Es evidente que la impecable noción de decoro y circunspección que debía observar un magistrado según el doctor Bermejo, está muy lejos de la que quizá tenga el fiscal González”, comparó el Colegio.
En un mensaje a otras entidades, el Colegio también se sorprende porque “hasta el presente ni el Procurador General (interino) de la Nación -superior jerárquico de Ramiro González- ni la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, han emitido alguna comunicación pública relacionada con esos hechos”.
“¿No advierten los integrantes de esas instituciones que su injustificable silencio corporativo o su indiferencia aquiescente alimenta desconfianzas y el descrédito de la función y de los organismos que integran? -se pregunta- ¿Es que a esas instituciones les resulta indiferente semejante bacanal organizada por un fiscal federal? ¿No les resulta asombroso y merecedor de indagación que un fiscal pueda costear semejante festejo? ¿Qué noción de decoro y de circunspección creen esas instituciones que deben observar los funcionarios y magistrados?”
Y concluye: “El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudia esa exhibición insolente de opulencia y frivolidad indecorosa proveniente de un integrante del Ministerio Público, y, adicionalmente, reclama de las autoridades que tomen cartas en el asunto y agoten todas las indagaciones administrativas y judiciales que el caso exige”.
La denuncia contra el fiscal tuvo corta vida tuvo en los tribunales de Comodoro Py.. La fiscal federal Paloma Ochoa pidió la desestimación con el argumento de que la denuncia por enriquecimiento ilícito era poco precisa y no cumplía los requisitos mínimos para ser investigada. Sin impulso fiscal, el juez Sebastián Casanello ordenó el archivo.
La denuncia, presentada el jueves pasado, estaba basada en “publicaciones de medios masivos y redes sociales” sobre la fiesta, que fue dada a conocer hace una semana por el periodista Carlos Pagni en LN+.
González ostenta un gran poder: es fiscal federal penal de Comodoro Py y el único fiscal federal con competencia electoral a nivel nacional (además de en la Ciudad de Buenos Aires). Hace dos semanas, festejó su cumpleaños número 60 en Rut Haus (donde fue Clo Clo) rodeado de camaristas, jueces, fiscales, empresarios y gente ligada a la política. Pese a que en la invitación les había pedido a los asistentes cautela con sus publicaciones en las redes, se hizo -con su consentimiento- un video (regalo de un amigo, dicen en su entorno) resumen de la noche en el que se ve una fiesta imponente: un escenario con fuegos artificiales, bailarinas y un show de Cristian Castro que, según alegan cerca de González, no lo pagó él porque se lo regaló Guillermo Coppola, que conoce al fiscal desde hace 17 años -relatan- y comparte con él un equipo de fútbol, pero que además en los tribunales es conocido, entre sus múltiples facetas, como un hombre muy cercano al exespía Antonio Stiuso.
Sólo ese show puede costar, para quien quiera pagarlo, unos 100.000 dólares, según estimaron fuentes del mundo del espectáculo consultadas por LA NACION. Ante la pregunta de este medio, en la productora que trabaja con Cristian Castro dijeron que ellos no intervinieron en esta contratación. Fuentes cercanas al fiscal alegaron que el artista y Coppola son amigos y que se habría tratado de un favor por el que nadie puso dinero.
Un archivo no es una decisión definitiva que impida investigar a González si se presenta otra denuncia. Por el momento, no se conoce que exista ninguna otra en trámite en los tribunales.
La denuncia que fue desestimada la presentó el jueves pasado Aldo Sergio Parodi, que se presenta como un ciudadano mendocino. Ochoa pidió su archivo el viernes. Según consignó Casanello en su resolución, la fiscal consideró que el denunciante no describió ningún suceso o maniobra delictiva concreta que permitiera habilitar el impulso de la acción penal. Para Ochoa, la denuncia se basó en especulaciones genéricas acerca del valor del festejo y en la supuesta imposibilidad del magistrado de costear aquella celebración. Todo -según Ochoa- sin las condiciones de modo, tiempo y lugar necesarias para construir una hipótesis delictual válida. La fiscal pidió entonces la desestimación por “imposibilidad de proceder”.
Tras esta presentación de la fiscal, Casanello archivó el viernes la denuncia. En su resolución sostuvo que “el principio acusatorio, como sistema procesal que salvaguarda la imparcialidad del juzgador, exige que la investigación sea impulsada por un órgano distinto e independiente al Poder Judicial, estableciéndose en la carta magna que dicha función será llevada adelante por el Ministerio Público“, que nuclea a los fiscales, que son quienes tienen por función “promover la actuación de la Justicia”. El juez citó fallos de la Corte sobre esta “exigencia de acusación”.
“Consecuentemente -afirmó Casanello-, frente a la solicitud de la fiscalía de desestimar el sumario por considerar que no se puede proceder, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hallan satisfechos toda vez que se ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente.”
Fuentes del Ministerio Público dijeron a LA NACION que, en paralelo, González se presentó ante la Procuración. Hizo “manifestaciones espontáneas” sobre el tema y presentó documentación cuando la fiesta tomó estado público. Se abrió entonces un expediente en el área disciplinaria que está en trámite, informaron.
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