Los abogados porteños rechazaron el pedido de juicio político a la Corte

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron el pedido de juicio político que el presidente Alberto Fernández impulsa contra los jueces de la Corte Suprema. Consideraron que no se cumplen los requisitos constitucionales para avanzar contra los ministros del alto tribunal y que la iniciativa es un hecho de gravedad institucional que atenta contra la independencia judicial.

Las dos asociaciones destacaron que el Gobierno busca destituir a los ministros de la Corte por su disconformidad con el contenido de los fallos que dictaron y por las supuestas comunicaciones -no verificadas, coinciden- entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte.

El Colegio Público, presidido por Ricardo Gil Lavedra, dio a conocer un comunicado en el que manifestó su “profunda alarma por el deterioro institucional” que implica este pedido del Presidente y un grupo de gobernadores, y afirmó que la propuesta “no cumple con la Constitución”.

“La manera en que los jueces deciden los casos que se les llevan -afirmó el comunicado- nunca puede ser motivo de mal desempeño para apartarlos de su cargo, pues si así fuera estarían siempre condicionados en la interpretación y aplicación del derecho, para tratar de agradar a quien tiene la potestad de removerlos.”

“Es lisa y llanamente inadmisible sostener el pedido de remoción en la discrepancia acerca de la interpretación de normas de la Constitución Nacional, pues precisamente la Corte Suprema es el único y exclusivo órgano al que le compete esa función”, afirmó el documento del Colegio Público. Y sostuvo: “Además, la total ausencia del indispensable consenso político resta toda seriedad a la iniciativa que parece perseguir un propósito censurable, exponer públicamente a los miembros de la Corte al trámite de investigación de la Comisión, lo que traerá aparejado un innecesario desgaste institucional y socavará la independencia de los jueces”.

El Colegio de la Ciudad, en paralelo, exhortó al Congreso de la Nación a rechazar el planteo del Presidente y sostuvo: “El juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para remover a funcionarios que no son dignos de ocupar la función pública debido a faltas graves, debidamente comprobadas y en la medida en que puedan ser encuadradas dentro de las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de las funciones, o crímenes comunes, en el marco del art. 53 de la Constitución Nacional. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es menoscabada cuando las autoridades del gobierno de turno promueven la remoción de jueces, al margen de las causales que lo habilitan, porque no comparten las decisiones que ellos toman en el marco de casos concretos”.

En su comunicado, el Colegio de la Ciudad recordó su intervención en otro caso que resolvió la Corte el año pasado. En esa línea, argumentó: “Para comprobar que estamos ante una nueva agresión a la independencia de la rama judicial es suficiente advertir que no se invoca ninguna de las causales mencionadas por el citado art. 53. Por el contrario, una de las principales causas de remoción que se esgrime para fundamentar el pedido de remoción de los jueces de la Corte Suprema es el haber dictado sentencia en la causa ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento’ (Fallos: 344:3636). Dicha decisión, adoptada en una causa iniciada por este Colegio en el año 2006, es ajustada a derecho, y es compatible con sentencias anteriores pronunciadas en casos análogos por la propia Corte Suprema y por otros de tribunales extranjeros de diversos países del mundo, especialmente de los Estados Unidos”.

“Pretender que los jueces sean removidos por dictar un fallo justo porque el Gobierno lo considera inconveniente es incompatible con el Estado de Derecho y constituye una afrenta directa a nuestro sistema constitucional. Además, es una muestra de una clara vocación autoritaria en la medida en que se busca conmover la estabilidad de jueces que se limitaron a cumplir su deber, al hacer respetar la Constitución que había sido violada por la ley 26.080. En idéntico sentido, la pretensión de remover a los jueces de la Corte Suprema por el dictado de una medida cautelar en el marco de la causa iniciada por el gobierno de la CABA constituye un despropósito institucional que, una vez más, violenta la división de poderes y la independencia de la judicatura. Esa medida cautelar fue recurrida a instancias del Presidente de la Nación y la revocatoria presentada, junto con la recusación de los cuatro ministros de la Corte, se encuentra en pleno trámite. En ese contexto, la presentación de un pedido de juicio político, mientras se encuentra pendiente el tratamiento de un recurso contra la medida, es un intento de presión grave y directa sobre los jueces. Se trata de una maniobra condenable ya que es impropia de un Estado de Derecho e implica un verdadero alzamiento contra un poder creado por la Constitución Nacional”, continuó.

Finalmente, instó a los gobernadores a dar marcha atrás con el respaldo al Poder Ejecutivo en este pedido para remover al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Resulta también preocupante que se intente remover al Presidente de la Corte Suprema, quien además es Presidente del Consejo de la Magistratura, por supuestos intercambios de mensajes de un colaborador suyo, que no lo involucran directa y personalmente al Ministro y que, por otro lado, son actualmente objeto de investigaciones en sede penal. Hechos de esa naturaleza, utilizados livianamente sin aguardar los resultados de la investigación en curso, se erigen en un nuevo atropello a las instituciones de la república. La independencia del Poder Judicial, y en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de ese poder del gobierno federal, resulta imprescindible para respetar la vigencia de la estructura institucional que impone la Constitución Nacional, así como para proteger los derechos, garantías y libertades que corresponden a todos los habitantes de la República Argentina. Sería edificante que el Presidente y los gobernadores que con él firman la solicitud de juicio político depongan sus ataques a la Justicia y demuestren a la sociedad que ellos también están sometidos al imperio de la ley y acatan sin restricciones las decisiones judiciales”.

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