El Club Político Argentino reprochó el viaje al sur de jueces y empresarios, y el “origen envenenado” de la información
La entidad, cuya presidenta honoraria es Graciela Fernández Meijide, emitió un comunicado en el que sostuvo que “lo sucedido es muy grave”, tanto el “comportamiento impropio de funcionarios públicos” como el “flagrante espionaje ilegal”
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LA NACION
El Club Político Argentino, cuya presidenta honoraria es Graciela Fernández Meijide, mostró preocupación por el viaje a Lago Escondido que compartieron jueces, fiscales, empresarios y funcionarios, y por el “espionaje ilegal” que permitió que la información de los chats posteriores de los involucrados se difundieran. “Ambos lados de la moneda son preocupantes”, se indicó en el texto de la entidad.
“El empeño por ocultar información comprometedora debe ser resaltado”, sostuvo el Club Político en su comunicado tras recordar que los protagonistas del viaje “consideraban recurrir a facturas falsas para ocultar que no habían pagado los gastos de vuelo y estadía”.
“Ambos lados de la moneda -un comportamiento impropio de funcionarios públicos y un flagrante espionaje ilegal- son preocupantes. También es insólito que los más altos cargos del Poder Ejecutivo le otorgaran tan poca importancia al origen envenenado de la información, luego hecha pública con oportunismo”, destacó la entidad al exponer su postura sobre los mensajes filtrados y sobre el viaje que compartieron los jueces y fiscales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Juan Bautista Mahiques y Pablo Cayssials; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; el empresario Tomás Reinke; el exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth y los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey.
La Comisión Directiva del Club Político calificó de “muy grave” lo sucedido. Y planteó: “La composición del grupo, la irregularidad de su financiamiento, el intento de ocultar la evidencia y la opacidad de toda la acción, están muy lejos de la austeridad y transparencia republicanas que se requieren”. Pero también puntualizó que “la ilegalidad del espionaje que tuvo lugar, exhibe crudamente la lacra de los organismos de seguridad” y afirmó que “la violación del derecho a la intimidad fomenta a su vez un clima de inseguridad ciudadana que también echa leña al fuego en las grietas de nuestra democracia”.
El texto completo del comunicado del Club Político
Existió un vuelo a Lago Escondido, cuyo manifiesto de vuelo se hizo público, de un grupo integrado por varios jueces, un fiscal, un ministro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un asesor presidencial, un ex alto funcionario de la AFI y directivos de medios de comunicación. De los numerosos chats en circulación, surge que los protagonistas consideraban recurrir a facturas falsas para ocultar que no habían pagado los gastos de vuelo y estadía. Los mensajes incluyen audios, en los que se reconocen las voces de varios de los involucrados. El empeño por ocultar información comprometedora debe ser resaltado.
La divulgación de chats sobre el viaje surgió de espionaje ilegal realizado por servicios de inteligencia. El Presidente y la Vicepresidenta de la República reconocieron y avalaron esa ilegalidad expresamente. En una inusitada cadena nacional el presidente señaló: “Lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación”.
Algunos de los involucrados denunciaron espionaje ilegal y sostuvieron que los chats eran falsos o estaban adulterados. Pero ninguno negó que el viaje se hubiera realizado. Una periodista de La Nación declaró que dos de los involucrados intentaron influenciar para que colaborara en respaldar su versión y limitar la difusión del tema. La fiscal interviniente mostró fotos del grupo y requirió imputar a los involucrados por presunta comisión de delitos de acción pública.
Ambos lados de la moneda -un comportamiento impropio de funcionarios públicos y un flagrante espionaje ilegal- son preocupantes. También es insólito que los más altos cargos del Poder Ejecutivo le otorgaran tan poca importancia al origen envenenado de la información, luego hecha pública con oportunismo.
Lo sucedido es muy grave. Los funcionarios públicos, y en particular quienes se desempeñan en el ámbito de la Justicia, deben extremar la prudencia y rigurosidad en su comportamiento. Actitudes como éstas generan un impacto muy negativo que solo beneficia a quienes tienen percepciones sociales antipolíticas sin hacer distinciones. La composición del grupo, la irregularidad de su financiamiento, el intento de ocultar la evidencia y la opacidad de toda la acción, están muy lejos de la austeridad y transparencia republicanas que se requieren.
En cuanto a la ilegalidad del espionaje que tuvo lugar, exhibe crudamente la lacra de los organismos de seguridad. La violación del derecho a la intimidad fomenta a su vez un clima de inseguridad ciudadana que también echa leña al fuego en las grietas de nuestra democracia.
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