El Club Político Argentino cuestionó los límites a la ley de acceso a la información y denunció “una nueva forma de censura”

El Club Político Argentino reclamó al Gobierno que derogue el decreto presidencial que estableció límites a la ley de acceso a la información y calificó que la medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, “inaugura una nueva forma de censura”. Se sumó así a una gran cantidad de asociaciones civiles, partidistas y de periodistas que han expresado su preocupación por la decisión del presidente Javier Milei.

“La ley 27.275 indica que el acceso a la información pública ‘solo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley’. Establece un listado taxativo y razonable de excepciones. El decreto 780, por lo contrario, inventa restricciones que no existen en la ley: el funcionario puede negarse a informar cuando ello ‘pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicios’. La vaguedad de esta restricción es un verdadero cheque en blanco para ocultar lo que incomode. Peor aún, el decreto intimida al solicitante”, sostiene la entidad que preside Ricardo Mazzorín y que integran personalidades como Graciela Fernández Meijide, Alejandro Poli Gonzalvo, Henoch Aguiar, Jorge Sigal, Vicente Palermo y Elsa Kraisman.

En un comunicado, el Club Político recuerda que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”. Y se pregunta: “¿Supone así el gobierno que puede haber ‘abuso’ en los pedidos de información? No existe la figura de abuso de acceso a la información pública. Si se solicita información reservada, según el listado restrictivo de la ley, no debe informarse. Si ya se informó, se la repite. Si no ha sido informada, se responde. La ley es clara y simple de entender. Salvo que se busque apartar al poder de la mirada de la sociedad. En democracia importa, hoy y siempre, que el Primer Mandatario y cada funcionario público informen lo que le soliciten sus mandantes, que son todos y cada uno de los ciudadanos de la Nación”.

Alude también a los dichos de Javier Milei respecto de que antes de dar una conferencia de prensa abierta exigiría que los periodistas sean considerados “personas políticamente expuestas” y estén obligados así a publicar una declaración jurada de bienes, como los funcionarios. Según el Club Político eso implica “una velada amenaza patrimonial a los ciudadanos o periodistas demasiado insistentes con sus preguntas”.

Límites al acceso a la información

Esta semana, el Gobierno cambió por decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

Tras las lluvia de críticas de la oposición y las asociaciones de prensa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que el Gobierno podría retroceder en los últimos cambios realizados. La diputada radical, Karina Banfi, tiene previsto reunirse esta tarde con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, para revisar las modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Banfi fue una de las primeras en cuestionar los límites impuestos y hasta presentó un proyecto para derogar el decreto 780/2024 a través del que se materializan las reformas en el reglamento de dicha ley.

Los diputados nacionales del bloque PRO rechazamos categóricamente el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley N° 27.275 sobre Acceso a la Información Pública sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri.

Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública. Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado.

Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia.

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