El caso Hotesur y Los Sauces contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner entra en etapa de definición

Finalmente, el caso Hotesur y Los Sauces, por lavado de dinero, entra en etapa de definiciones. La vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, se encuentran sobreseídos, pero la Cámara de Casación debe decidir si mantiene firme esa decisión o si reabre el caso para realizar el juicio oral y público. Dos de los jueces que deben decidir ya votaron y la tercera magistrada, Ana María Figueroa, podría hacerlo antes de viajar a reunirse con el Papa Francisco la semana próxima o a su regreso, el 10 de abril, confiaron fuentes judiciales.

“Estamos trabajando, si la semana nos reunimos varias veces, puede ser. Si no, será al regreso, que no es tan lejos: es el 10 de abril”, dijo una fuente de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 a LA NACION.

La decisión es de alta sensibilidad política, pues Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió para su beneficio económico, obtenido mediante los negocios con Lázaro Báez que se investigan en el caso Hotesur. Ya no es una hipótesis de la acusación, es una verdad jurídica establecida en una sentencia, que no está firme.

En el caso Hotesur y Los Sauces se investigan dos actividades paralelas. Por un lado, la transferencias de dinero de las empresas de Lázaro Báez al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos, mediante contratos de alquiler de servicios y explotación de sus hoteles en El Calafate. La hipótesis de la acusación es que esos servicios no se brindaron sino que fueron una simulación para justificar la transferencia de fondos. Y la otra actividad que se investiga es la trasferencia de dinero al matrimonio presidencial por parte del empresario Cristóbal López en concepto de alquileres de propiedades de la familia Kirchner.

Sobreseídos sin juicio

Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, parte del dinero obtenido por Báez en la obra pública pasó a manos de los Kirchner. Sin embargo, los jueces de otro tribunal oral, Adrián Grümberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti, directamente sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en el expediente Hotesur y Los Sauces, sin hacer el juicio oral.

Los jueces que debe revisar esos sobreseimientos son Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y la mencionada Figueroa. Los dos primeros ya emitieron su voto y resta el de la jueza, actual presidenta de la Cámara de Casación, que está urgida en los dos primeros días de la semana que se inicia porque el jueves se toma un avión a Roma y los Países Bajos.

Su agenda europea es nutrida. El 30 y 31 de marzo, la jueza participará de la Reunión Intercontinental Africana Americana de Jueces por los Derechos Sociales, y del encuentro sobre “Colonización, descolonización y neocolonialismo desde la perspectiva de la justicia y el bien común”. Se realizará en la Casina Pio IV de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales en el Vaticano.

Dos días antes, la jueza tiene previsto visitar la Corte de Casación de Italia y luego, en La Haya, visitará la Corte Penal Internacional, donde está previsto un intercambio sobre la manera en que fueron juzgados los crímenes de Ruanda -una masacre que afectó a las comunidades hutu y tutsi-, los juicios de lesa humanidad realizados en la Argentina y el derecho penal internacional.

La Casación podría revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, donde también están acusados Máximo y Florencia Kirchner, ordenando realizar el juicio oral y público. Solo presunciones que circulan en los pasillos de tribunales, por el momento.

La operatoria bajo investigación

En el caso Hotesur y Los Sauces, Kirchner y su hijos están acusados de recibir retornos de Báez y Cristóbal López, en forma de alquileres, en pago por los fondos que los empresarios conseguían del Estado para realizar obras. Por su parte, en “La ruta del dinero K”, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavar dinero de la obra pública originado en sobreprecios, por lo que está siendo juzgado junto con Cristina Kirchner.

En su apelación del sobreseimiento de Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos al denostar el sobreseimiento dictado por Grümberg y Obligado. Velasco habló de la “gravedad institucional” de la decisión de que “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.

Villar, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso.. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.

Señaló que sus integrantes eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio de Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.

Enumeró que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que sería utilizada para sustraer los fondos públicos del Estado Nacional y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.

“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces.

Dice la acusación que “la asociación se habría apoderado de parte de los fondos que el Estado Nacional asignó para la realización de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, para lo cual erigió a Lázaro Báez como el principal beneficiario de las diversas obras públicas adjudicadas, mediante procedimientos licitatorios plagados de irregularidades, durante el 12 años”. La otra maniobra que mencionan los fiscales es “el apoderamiento de los fondos públicos que el Estado Nacional debía recibir en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos que los imputados Cristóbal López y Fabián de Sousa habrían retenido por la venta minorista de combustible de cada una de las estaciones de servicio que el grupo empresario adquirió de la firma Petrobras”. Por esta causa, López y De Sousa fueron absueltos y fue condenado Ricardo Echegaray, como administrador de la AFIP.

A partir de allí se activa la segunda etapa, dicen los fiscales, con “un sistema de retorno a la familia Kirchner de parte de los fondos que la organización se habría apropiado en forma ilícita del Estado Nacional, para lo cual resultaba necesario legitimar la recepción del dinero merced a la simulación de diversos contratos de alquiler de las propiedades que integran el patrimonio del grupo económico Kirchner, especialmente las habitaciones del Hotel Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén y los departamentos de Puerto Madero”. Este es el meollo de este caso que Villar quiere que vaya a juicio oral.

El Pacto con Irán

En un momento se especuló con que este fallo se iba a conocer junto con otra sentencia que tiene a estudio la misma sala de la Cámara de Casación, la firma del pacto con Irán, donde Cristina Kirchner fue sobreseída sin juicio. Pero no dan los tiempos del tribunal. Esto es así porque en el caso del Memorándum con Irán solo votó uno de los tres jueces y resta que los otros dos elaboren su voto.

La vicepresidenta estaba acusada de encubrimiento a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA en un expediente que se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman en 2015, que cuatro días más tarde fue encontrado muerto en su departamento. El tribunal oral integrado por los jueces José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado no encontró delito en la firma del Memorándum con Irán, al entender que se trataba de un acto de Gobierno, ratificado por el Congreso. Además, algunos de los magistrados lo enmarcaron en una política de persecución contra el kirchnerismo por parte del gobierno de Cambiemos.

El fiscal Marcelo Colombo apeló ese fallo y el asunto llegó a la Cámara de Casación, donde el fiscal ante ese tribunal, Javier de Luca, no mantuvo el recurso de apelación, tras señalar que no puede haber delito en la firma de un tratado internacional aprobado por el Congreso. No obstante, la apelación prosperó por los acusadores privados, representados por familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Son Mario Aberbuj y Luis Dobniewski, representados por los abogados Juan José Ávila y Tomás Farini Duggan.

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