El caso de los cuadernos de las coimas, en números: 159 imputados, 899 testigos y un juicio oral que podría durar años
El Ministerio Público Fiscal publicó un informe del proceso, que incluye 540 hechos de corrupción y tiene a todos los involucrados en libertad
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LA NACION
En la antesala de la realización del juicio oral y público en el caso de los cuadernos de las coimas, la fiscal a cargo del proceso, Fabiana León, presentó un informe de la causa en números. Se desprende de la presentación que los imputados son 159 -están todos en libertad- y que los testigos ofrecidos son 899, lo que convierte a este expediente en “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina, comparable a unas pocas a nivel mundial”.
“Consideramos que esta causa demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, dijo la fiscal León en el informe que está publicado en el sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal.
La causa por los cuadernos de las coimas, producto de una investigación de LA NACION, ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar, o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.
La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia.
De las 159 personas imputadas había ocho detenidas al momento en que el caso fue elevado a juicio oral. Seis de esas personas recuperaron la libertad por disposición de la Cámara de Casación con la llegada del nuevo Código Procesal Penal y a pesar de que la fiscalía y el tribunal oral se opusieron. Las otras dos personas recuperaron la libertad al vencerse los plazos de prisión preventiva. Entre los liberados están Ricardo Jaime y Roberto Baratta, entre otros.
Se han decretados embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos, prohibiciones de repartir dividendos o subrogados de ganancias. Y si bien algunas medidas se han cambiado por otras ”ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido”, dijo la fiscalía.
Esta causa, en rigor, no es un solo expediente sino que son 10 expedientes que se encuentran conectados y por eso tramitan como un conjunto. Esos expeidnte involucran 26 calificaciones jurídicas, y abarcan en total 540 hechos de corrupción, que en su mayoría son pagos y recepciones de sobornos.
La fiscalía realizó en estas causas 376 presentaciones y pidió, además de la declaración de 899 testigos, que se realicen 13 peritajes y 139 medidas de instrucción suplementaria. Estas últimas son otras medidas de prueba adicionales a las efectuadas en la instrucción de la causa.
Ademá se instó a incorporar al juicio por lectura, es decir sin mas trámite, unas 512 piezas procesales y sé instó la ejecución de 102 pruebas informativas.
Estas tareas se realizaron en estos años, desde que las causas llegaban al tribunal oral, por nueve personas que trabajan en la fiscalía.
El tribunal oral federal N° 7 es el encargado de determinar que pruebas se admiten en el juicio o cuales no. Está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.
Los acusados vienen interponiendo diversos recursos de nulidad para frustrar la realización del juicio o excluir sus declaraciones como “arrepentidos” en la cuales admitieron haber efectuado pagos a los empresarios. La fiscalía se opuso en todos los casos y lo propio resolvió el tribunal oral federal.
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