El caso de la “mesa judicial” contra Macri fue la razón por la que la AFIP desistió de acusar a Cristóbal López
La estrategia del dueño de Indalo de impulsar esta “contracausa” le dio resultado para debilitar la acusación en el juicio donde le reclaman el pago de impuesto a los combustibles
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LA NACIONHernán Cappiello
La estrategia judicial de Cristóbal López está funcionando como un mecanismo de relojería. Impulsó una causa en el juzgado de María Servini contra Mauricio Macri, a quien acusó de extorsionarlo mediante los integrantes de su “mesa judicial”, y los avances de este expediente fueron determinantes para que la AFIP dejara de acusarlo en el juicio oral que enfrenta por el pago de 8000 mil millones de pesos en el impuesto a los combustibles.
Son justamente las constancias de este expediente, donde se mantiene con pedido de captura en Uruguay el exasesor de Macri Fabián Rodríguez Simón, los que fundaron la decisión de Mercedes Marcó del Pont de desistir de la querella que llevaba adelante en el juicio oral contra López y su socio, Fabián de Sousa.
La causa depende ahora de que el fiscal que lleva adelante el juicio oral acuse a los empresarios, o de lo contrario, sin impulso fiscal, ni acusación, el proceso quedará en la nada.
Esto es así porque el otro acusador en este juicio, la AFIP, desistió de ser querellante en la causa, decisión que fue comunicada ayer en una breve audiencia de juicio realiza por zoom. Este desistimiento de la acusación de la AFIP, que alcanza también a Ricardo Echegaray, es el último eslabón de una cadena de decisiones del Gobierno y del organismo recaudador, en orden librar al grupo Indalo de problemas judiciales.
Lo que determinó a la AFIP a desistir de su rol de querellante es la contracausa iniciada por Indalo contra Macri por la mesa judicial, que tramita en el juzgado de Servini. Allí, tras una denuncia de De Sousa y donde declaró el propio López, se junta evidencia que señala que la AFIP de Macri centró en él y en Lázaro Báez sus investigaciones. Funcionarios de la AFIP fueron procesados por Servini.
“Desde que esta Administradora Federal asumió sus funciones han sido recurrentes las evidencias de fuentes internas (informes de auditoría, sumarios disciplinarios, entre otras) y externas (denuncias administrativas, requerimientos judiciales) que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa basados en abusos de autoridad y desvíos de poder”, contra López, dijo la AFIP. Y señaló que “la matriz de tales hechos -acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019- tienen un rasgo en común, a saber, que tuvieron finalidades de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”.
En particular, destacó la AFIP que Servini puso de relieve “la creación de sistemas informáticos de recaudación tributaria para el ‘seguimiento’ de tan solo dos grupos económicos, entre los que se encontraba aquel que integra la contribuyente Oil Combustibles SA”.
En esta larga lista de acciones, la AFIP otorgó a López un plan de pagos para que pudiera regularizar su situación con respecto al impuesto a los combustibles.
Un año después de que el Congreso aprobara la moratoria fiscal que por primera vez incluyó el impuesto a la transferencia de los combustibles, los empresarios López y de Sousa lograron que la Justicia levante la quiebra de su petrolera, Oil Combustibles. La jueza María Soledad Casazza determinó que como López y De Sousa obtuvieron el apoyo de la AFIP y de la amplísima mayoría de sus acreedores, no había motivos para continuar con el proceso de quiebra.
Para López y De Sousa, la resolución judicial significa un paso decisivo en sus esfuerzos por recuperar el Grupo Indalo y posicionarse otra vez entre los empresarios más poderosos.
Tras la derrota de Mauricio Macri –al que acusan de haberlos perseguido– y el triunfo de Alberto Fernández –quien los había asesorado como abogado–, la situación de López y De Sousa empezó a revertirse. Quedaron en libertad, buscaron recuperar el control de Oil Combustibles y de todo el Grupo Indalo. Y ahora consiguieron dejar fuera del juicio oral que enfrentan a unos de los acusadores estatales, la AFIP.
La AFIP desistió también de apelar el sobreseimiento de Lázaro Báez en otra causa en Bahía Blanca.
Ahora, la acusación correrá exclusivamente a cargo del fiscal Juan García Ellorio. Nadie sabe a ciencia cierta lo que hará el fiscal.
Los nuevos aires en la AFIP beneficiaron no solo a Oil, sino también a Echegaray, pues el organismo recaudador le levantó la suspensión y volvió a cobrar su sueldo, vacaciones y antigüedad. Lo decidió Mercedes Marcó del Pont, tras un planteo del exadministrador, que había denunciado “una persecución política” del gobierno de Mauricio Macri.
El alegato del fiscal Garcia Ellorio tendrá lugar el 23 de septiembre próximo. Si no acusa, todos serán absueltos. Este juicio comenzó en junio de 2019. Un peritaje incorporado al juicio fue interpretado por los acusados como el golpe final contra la acusación, aunque la fiscalía podrá evaluarlo cuando le toque alegar.
El Tribunal Oral Federal N°3, que deberá dictar sentencia en esta causa, está integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso.
García Elorrio interviene actualmente, también, en el juicio oral por la tragedia de Austral, por el cual también se espera que exponga su alegato en la próxima semana. También participó de la acusación y el pedido de seis años de prisión contra el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos durante sus dos gestiones al frente del Ejecutivo.
En este tramo del caso, López, De Sousa y Echegaray son acusados de defraudar al Estado mediante la implementación irregular de planes de pago para el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a la empresa Oil Combustibles. De Sousa tiene como abogado a Beraldi y Ary Llernovoy, quienes se ocupan de los frentes judiciales de Cristina Kirchner. López es representado por Fabián Lertora, y Echegaray designó a León Arslanian y Martín Arias Duval.
Por Hernán Cappiello
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