El caótico funcionamiento del bloque libertario en Diputados que amenaza con afectar la agenda reformista de Milei
La visita a represores profundizó las diferencias dentro de La Libertad Avanza y una legisladora fue a la Justicia; las fisuras internas se suman al fin del diálogo con el bloque de Pichetto y ponen en jaque al oficialismo
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La falta de cohesión interna del bloque oficialista en Diputados sumó un nuevo capítulo, protagonizado por la diputada libertaria Lourdes Arrieta, que presentó un proyecto de resolución para que una comisión del Congreso investigue la visita a detenidos por torturas y desapariciones durante la última dictadura militar que ella misma protagonizó. La legisladora mendocina también acudió a la Justicia por este mismo hecho, donde denunció penalmente a parte de sus compañeros de bancada. Estos cortocircuitos amenazan con profundizar la frágil situación parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que cortó el diálogo con Hacemos Coalición Federal (HCF), exaliados del Gobierno.
Esta debilidad legislativa quedó expuesta durante la última semana, cuando los libertarios no pudieron reunir las 129 voluntades necesarias para abrir la sesión donde estaba previsto que se discuta, entre otros temas, la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, un plan de desarme y la ampliación del registro de datos genéticos para delitos de índole sexual. HCF, la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto, no dio quorum y le asestó un duro revés al presidente de la Cámara, Martín Menem, quien no previó tal afrenta.
“Sin nosotros no tienen quorum. Los bloques insignificantes a veces son importantes”, chicaneó un referente de HCF tras la movida. Los roces entre Menem y el bloque de Pichetto se multiplicaron en las últimas semanas producto de la discusión por la composición de la Comisión Bicameral de Inteligencia. El presidente de la Cámara le negó a Emilio Monzó (HCF), la posibilidad de integrar la misma, y la tensión escaló. Pichetto le reprocha a Menem “falta de palabra”, algo determinante para el experimentado legislador que hace culto de los “usos y costumbres” parlamentarios.
Pero además de los exaliados, también hubo faltazos de los propios libertarios. La legisladora santafecina Rocío Bonacci, que amenaza con irse del bloque desde que Oscar Zago (exlíder del oficialismo) pegó el portazo, apareció tarde en el recinto, cuando la sesión ya estaba caída. A pesar de que Bonacci argumentó que la razón de su demora fue un vuelo cancelado e inconvenientes con el tráfico, sus compañeros de bancada desconfiaron de sus intenciones.
Junto a Arrieta, la diputada santafecina que integró las listas de La Libertad Avanza como referente del partido Unite, conformó la comitiva que se trasladó hacia el penal de Ezeiza para reunirse con Alfredo Astiz y otros represores. Ambas acusaron a Beltrán Benedit, el organizador del evento, de llevarlas engañadas bajo la consigna de una “visita humanitaria”. Después de que los hechos se hicieran públicos y los libertarias quedaran bajo el ojo del huracán, cuestionados por todos los espacios políticos, las diputadas motorizaron medidas para despegarse de los hechos.
Mientras que Bonacci admitió durante una entrevista a un canal televisivo de Rosario que fue “engañada” al penal de Ezeiza y sugirió que Menem estaba al tanto de la visita, Arrieta presentó un proyecto para crear una comisión investigadora de los hechos así como una denuncia penal contra parte de su bloque.
De todas formas, @rialjorge te dejo la entrevista entera 👇🏻 porque ese recorte esta sacado de contexto https://t.co/BP0tVkdJMC pic.twitter.com/YLN7FIHDet
— Rocío Belén Bonacci (@RocioBonacci) July 29, 2024
La denuncia en la Justicia
La presentación judicial apunta al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, al cura Javier Olivera Ravasi y a sus compañeros de bloque, los diputados Benedit Beltrán y Guillermo Montenegro, pero además a la mano derecha del presidente de la Cámara, Sharif Menem. Los denuncia por coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de los caudales públicos. La denuncia la tiene el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
“Hizo la denuncia y en este momento está terminando de ratificarla junto a su abogado”, confirmó a LA NACION una persona del equipo de la diputada mendocina. Según dejaron trascender sus allegados, Arrieta habría sufrido amenazas tras dicha presentación en la Justicia. “Lourdes se encuentra contenida, fortalecida ante las adversidades por las que atravesó, reforzando su seguridad. Los sucesos padecidos en los últimos días implican reflexionar y encausar la labor parlamentaria con una nueva agenda. Por ello, la diputada no brindará notas hasta que se avance en procesos que hacen a la justicia y verdad, tanto en el ámbito legislativo como judicial”, comentó un colaborador de la diputada.
Ni Bonacci ni Arrieta descartan irse del bloque oficialista que conduce el libertario Gabriel Bornoroni, que actualmente exhibe una magra cosecha de 38 integrantes. Según comentaron cerca de las diputadas, “nadie las está conteniendo”. No se sentaron a dialogar con Bornoroni ni tampoco con Menem, líder político de los libertarios en la Cámara baja.
Desde la bancada Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que lidera Zago se relamen ante la posibilidad de sumar adeptos. No obstante, Bonacci y Arrieta no tomaron aun una determinación, aunque evalúan despegarse en solitario, una decisión que, de concretarse, profundizará la fragmentación en el Congreso.
Mientras se sucedían los reproches por la visita a los represores, Marcela Pagano -quien acumula desaires de su partido- homenajeó a las monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet, a las que Astiz engañó para secuestrarlas y asesinarlas. El exmilitar fue juzgado y condenado, en ausencia -además de en Argentina- por la justicia francesa. También es el responsable de la desaparición de las madres de plaza de Mayo, Azucena Villaflor y Esther Ballestrino. Pagano no descarta pegar un portazo del espacio oficialista.
Tengo la convicción que esta muestra de unidad política en el homenaje a las monjas francesas es el puntapié inicial para que podamos unirnos como argentinos en la construcción y defensa de pilares fundamentales de nuestra Nación pic.twitter.com/WOsJKNzFbv
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 6, 2024
A los cuestionamientos locales a la polémica visita a Ezeiza se le sumó la del papa Francisco. Tal como contó LA NACION, el Sumo Pontífice recibió el miércoles pasado a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga -quien estuvo secuestrada cuando estaba embarazada de ella-, y nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de Astiz. En una reunión que duró más de una hora en el Vaticano, Francisco aseguró que está al tanto de la polémica por la visita al penal a la cárcel de legisladores oficialistas, que consideró “algo muy peligroso”.
Esta declaración repercute directamente en los legisladores del ala conservadora de La Libertad Avanza, como Santiago Santurio, que esperan que el jefe de la Iglesia Católica finalmente visite la Argentina. Los traspiés del Gobierno con el Papa, a quien el propio Milei llamó “el maligno en la tierra” durante la campaña presidencial -por lo que tuvo que pedir disculpas públicas- parecieran alejar la posibilidad de que Francisco regrese al país.
Guerra de sesiones
El oficialismo ya convocó a una nueva sesión para el miércoles próximo con el mismo temario que pretendía discutir en el último intento de reunir al pleno. Lo acompaña en su cruzada el Pro, que agregó a la lista de temas a tratar un proyecto para repudiar el “fraude electoral venezolano perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro”. Se topará con el mismo desafío que la semana pasada, cuando no logró llegar a los 129 diputados para abrir la discusión en mayoría.
El radicalismo, esta vez, pidió una sesión aparte para debatir el financiamiento educativo. Lo hizo para el próximo miércoles, inmediatamente después de la sesión pedida por los libertarios y Pro, a las 14.
En tanto, el bloque de Pichetto también apuró una solicitud para reunir a los diputados en el recinto con el fin de poner sobre la mesa el DNU 656/2024, por el que el Poder Ejecutivo decretó aumentar $100 mil millones los gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado. Buscan rechazarlo por inconstitucional.
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