El bunker político de Máximo Kirchner en Río Gallegos pasó a ser una oficina pública
El inmueble se encuentra en la capital santacruceña; fue alquilado por la municipalidad de Caleta Olivia; allí funcionaba la inmobiliaria que el hijo de Cristina Kirchner usaba como base de operaciones
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Corresponsal en Santa Cruz
EL CALAFATE.- A nueves meses de que el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia firmaran un contrato de alquiler con un municipio de Santa Cruz por uno de sus inmuebles, recién este miércoles se inauguró el espacio como una oficina pública denominada “Casa de Caleta Olivia”, que se utilizará para tareas administrativas de un municipio distante a casi 700 kilómetros de Río Gallegos.
Si bien el inquilino es el municipio de Caleta Olivia, quien firmó en su nombre y que hoy estuvo en el acto inaugural fue el actual intendente de esa localidad, Fernando Cotillo, quien fuera vicegobernador (2011-2015) y ahora es uno de los precandidatos a la gobernación por el Frente de Todos. Desde el municipio explicaron que la oficina será de ayuda para los vecinos de esa ciudad que deban realizar trámites en la capital provincial.
La inauguración del local también estuvo en clave electoral. Junto a Cotillo se sumaron a cortar la cinta inaugural los intendentes de El Calafate, Javier Belloni; de Río Gallegos, Pablo Grasso y el presidente de YPF Pablo González, todos en la lista de precandidatos a la gobernación para una elección que aún no tiene fecha en Santa Cruz, y sobre la que tampoco hay precisiones de cuaé será el sistema electoral que se aplicará, dado que hasta ahora está en vigencia la ley de lemas para todas las categorías.
La historia del local
La propiedad tiene 366 metros cuadrados y fue adquirida por Néstor Kirchner en 2006. Meses después, la inmobiliaria “Sanfelice, Sancho & Asociados” se mudó a este local y Máximo Kirchner mantuvo allí sus tareas vinculadas a la administración de las propiedades de la familia Kirchner, que incluía el cobro de alquileres a las empresas de Lázaro Báez.
También allí el hoy diputado nacional por Buenos Aires supo armar su bunker político local, donde recibía las cartas y pedidos de favores que recibía a diario, algunas escritas y que quedaron allí entremezcladas y abandonadas entre papeles viejos e informes de consultoras con encuestas sobre antiguas campañas electorales.
Hasta noviembre de 2017 funcionó la inmobiliaria, que cerró las puertas cuando las propiedades y las sociedades comerciales de los Kirchner quedaron bajo administración judicial. Durante los allanamientos ordenados por la Justicia federal en el marco de las causas de los Kirchner, denunciaron que en el interior de la inmobiliaria se encontró una bóveda.
Las oficinas estuvieron cerradas cinco años pese a encontrarse en pleno centro comercial, sobre la avenida “Presidente Néstor Kirchner” de Río Gallegos. Tras la firma del contrato en agosto pasado, en el lugar se iniciaron las tareas de remodelaciones que corrieron por cuenta del municipio, al que los locadores le condonaron la deuda los primeros cinco meses.
De acuerdo al contrato de alquiler revelado el año pasado, el municipio firmó a favor de los Kirchner un monto total de $ 6.7 millones a pagar en los tres años que se extienda el contrato, donde se estableció un pago mensual de $100 mil los primeros seis meses, en tanto que los últimos seis meses el municipio terminará pagando a los Kirchner cuotas mensuales de $305 mil.
La bóveda
En el corazón de la propiedad se encontraba la oficinal del actual diputado nacional y doble jefe de La Cámpora y el PJ bonaerense; detrás de la misma -según se reconstruyó tras los allanamientos-, se descubrió una bóveda de doble puerta: la primera puerta era común, la segunda blindada y conectaba con la bóveda. El hallazgo valió una denuncia en la justicia federal de la abogada Silvina Martínez.
En la causa Los Sauces donde se investigaba a la familia Kirchner, y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López como integrantes de una organización de lavado, la Justicia realizó el allanamiento a la propiedad en 2018. En el marco de esta causa, el fallecido juez federal Claudio Bonadio intimó a la inmobiliaria a pagar el alquiler por este inmueble que entonces estaba dentro de la sucesión de Néstor Kirchner, y a presentar el contrato que los habilitaba a permanecer allí.
Los socios Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho y Romina Mercado (prima de Máximo) se negaron a hacerlo durante meses.
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