El Banco Provincia está de paro por el fracaso de la modificación de su ley jubilatoria
El gremio activó la medida de fuerza por 24 horas en todas las sucursales; en febrero perderá estado parlamentario el proyecto que introduce cambios en la norma que se había aprobado en el gobierno de Vidal
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
El gremio La Bancaria, que conduce el diputado Sergio Palazzo (Frente de Todos), paraliza durante toda la jornada de hoy las 420 sucursales del Banco Provincia en reclamo por la falta de avances en la Legislatura bonaerense de la modificación de la Ley N°15.008, que se aprobó durante el gobierno de María Eugenia Vidal y regula las jubilaciones de los trabajadores del banco. El gobernador Axel Kicillof no logró que avancen los cambios en la ley, a los que se opone el bloque de Juntos. El proyecto legislativo ya tuvo dictamen en comisiones, pero no llegó a tratarse en el recinto y perderá estado parlamentario en febrero.
“En la última sesión, la oposición dio quorum para el presupuesto y la ley impositiva, pero no para la ley de las jubilaciones. Decidimos una medida de fuerza en toda la provincia. En febrero, el proyecto pierde estado parlamentario y caería en saco roto todo lo que se trabajó en comisiones y en reuniones con la Suprema Corte”, afirmó a LA NACION Isabel Fernández, secretaria general de la Comisión Interna del Bapro Seccional Buenos Aires.
“En 48 horas, sacamos este paro que da la idea de la preocupación que existe. El déficit [de la caja jubilatoria] lo sigue poniendo el banco. Esto también es un llamado al gobernador y a [Federico] Otermín. Entendemos que hay necesidades políticas, pero estamos defendiendo a 10.500 trabajadores y 16.000 jubilados”, sostuvo Fernández, al incluir en el reclamo a Kicillof y al presidente de la Cámara de Diputados provincial. La medida de fuerza se realiza “sin concurrencia a los lugares de trabajo y desconexión de los teletrabajadores”.
Según pudo saber LA NACION de una fuente parlamentaria oficialista, la Cámara de Diputados bonaerense no prevé volver a sesionar hasta marzo del año próximo, salvo que Kicillof la convoque especialmente por algún tema en particular.
La ley que logró aprobar la exgobernadora Vidal a fines de 2017 fue judicializada por jubilados del Banco Provincia y, según se informó en una conferencia de prensa que encabezó Kicillof en noviembre, hay 5000 medidas cautelares otorgadas a favor de los jubilados. Se trata de planteos de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, como el 39 y el 41, que calculan el monto inicial de la prestación jubilatoria y su movilidad.
El cambio que se propone sobre la ley de Vidal establece que las jubilaciones vuelvan a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese (la ley de 2017 ordena hacerlo al 70%); que se retome la actualización “de acuerdo con la variación porcentual de salarios de las personas empleadas en actividad en el banco” (la norma vigente indica que ese cálculo se hace según el índice de movilidad de las jubilaciones de la Anses); que se baje a 60 años la edad jubilatoria, en el caso de las mujeres, y se mantengan los 65 para los varones (en el texto del vidalismo era 65 para ambos sexos); que se eleve el aporte jubilatorio de los empleados activos (del 14% al 16% del sueldo) y la contribución patronal del banco (del 16% al 28%), entre otros puntos. Se mantiene el aporte del 12% a cargo de los jubilados y pensionados del banco.
La iniciativa oficialista obtuvo dictamen en cuatro comisiones de Diputados (Previsión y Seguridad Social; Asuntos Constitucionales y Justicia; Legislación General, y Presupuesto e Impuestos), pero nunca llegó a debatirse en una sesión de la Cámara. Desde junio, los intentos del oficialismo por llevarla al recinto naufragaron. En noviembre, Kicillof lanzó un ultimátum a la oposición en una dura conferencia de prensa, previa a una sesión en la que se iba a debatir el tema, pero que no tuvo quórum por la ausencia opositora (e incluso de algunos diputados oficialistas). Los tres diputados liberales están en contra de los cambios y los dos de la izquierda, a favor.
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