El avión del escándalo: espías distraídos, recelos internos y un gobierno en el que nadie ordena

El gobierno de Alberto Fernández avanza con la convicción de una hoja en el viento. Las crisis se le amontonan sin un liderazgo que establezca prioridades, mientras células de funcionarios ensayan soluciones descoordinadas que suelen anularse entre sí y a menudo desencadenan el siguiente disgusto.

Esa dinámica autodestructiva quedó en evidencia otra vez con el escándalo del avión venezolano-iraní que aterrizó en Ezeiza el lunes 6. A la ineficiencia para advertir a tiempo el potencial conflicto, se sumó un tironeo interno que incomoda al Presidente en momentos en que procuraba un deshielo con el régimen de Nicolás Maduro. Desde el primer momento actuaron en paralelo un sector que empatiza con la tripulación y otro que abraza la sospecha de estar frente un acto de espionaje externo. Cuando el caso tomó estado público, reinaron las contradicciones y la opacidad. El relato oficial fue solo alimento para la suspicacia.

Fernández se metió en un aprieto internacional que interpela su búsqueda de un improbable equilibrio diplomático entre el chavismo y Estados Unidos. Y, entretanto, debe administrar un barullo interno notable, con acusaciones y pases de factura entre quienes intervinieron en el caso.

Como tantas veces en la historia, este alboroto nació de un hecho fortuito. Hay que culpar a la niebla que el lunes 6 obligó al carguero de Emtrasur con 14 venezolanos y 5 iraníes a hacer un rodeo antes de aterrizar en Buenos Aires y bajar en Córdoba. El avión venía con casi 40.000 litros de combustible, suficientes para llegar a Buenos Aires, entregar las cajas con autopartes que traía y partir al día siguiente a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) para aprovisionarse, antes de regresar a Caracas. La voltereta imprevista (incluido un despegue con 50 toneladas en la bodega) le hizo gastar buena parte de su reserva. Necesitaban repostar.

Aquella tarde en Ezeiza todo parecía normal salvo el número de tripulantes. Demasiada gente para un carguero. El vuelo entró con los sellos burocráticos correspondientes. En abril la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) -coto de La Cámpora- había firmado un acuerdo con la estatal bolivariana Conviasa para reanudar la conexión con Venezuela (dos frecuencias al mes). Emtrasur es una filial recién creada de Conviasa que solo tiene un avión: el Boeing 747, matrícula YV3531, a la iraní Mahan Air que ahora se volvió célebre.

Ese día Agustín Rossi estaba asumiendo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, participaba en una actividad oficial en Galicia y el Presidente se preparaba para viajar a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles.

Desde la oficina de la AFI en Ciudad del Este llegó por la tarde a Buenos Aires un reporte del Servicio de Inteligencia de Paraguay que recogía advertencias sobre el avión originadas en agencias de Estados Unidos. Ponían un ojo en el piloto Gholamreza Ghasemi, a quien vinculan desde 2018 con vuelos de contrabando de armas para Hezbollah a pesar de que no pesa sobre él ninguna orden de captura de Interpol. En el Gobierno juran que todos los avisos fueron posteriores al aterrizaje. Opositores muy conectados con autoridades de Estados Unidos e Israel sostienen que hubo alertas previas que se desoyeron.

Lo que parece claro es que el martes hubo un cambio de actitud de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) respecto de los tripulantes, que se sorprendieron al volver a Ezeiza con intención de irse. Aunque podían prever problemas por las sanciones de Estados Unidos sobre Conviasa y sus filiales, quedaron en shock cuando descubrieron que ni Shell ni YPF ni Axion aceptaban cargarles combustible.

A esas horas ya operaban dos líneas contradictorias en el Gobierno. Una que seguía el hilo de las acusaciones de Israel y Estados Unidos; otra que buscaba solucionarles el contratiempo a los visitantes para que salieran del país sin ruido. Las petroleras resistieron las presiones para proveerles el combustible. La embajadora de Venezuela, Stella Lugo, llamó a amigos que tiene en el kirchnerismo para pedirles ayuda. No es una diplomática cualquiera: fue ministra de Turismo de Maduro y en ese papel firmó contratos para la cesión de aviones de Mahan Air para Conviasa. En su despacho conviven fotos de Maduro y de Cristina Kirchner.

La crisis se gestaba en silencio. Alberto Fernández llegaba a Ezeiza el martes 7 para partir hacia Los Ángeles casi al mismo momento en que los iraníes y los venezolanos de Emtrasur se iban frustrados del aeropuerto hacia el hotel Holiday Inn de Ciudad Evita, propiedad de la familia de Alejandro Granados, intendente de Ezeiza. Los impactó que un operativo de cerca de 50 efectivos de la PSA custodiara el lugar y siguiera sus movimientos. Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, no les había fijado restricciones.

Se barajaban opciones. Los pilotos podían volar con la reserva del tanque hacia el refugio seguro de Bolivia. Pero iban muy justos. Necesitaban la certeza de que podrían bajar en Asunción en caso de emergencia. Paraguay les negó la autorización para sobrevolar su espacio aéreo. En ese país había sonado la primera alarma en mayo, cuando el Boeing repleto de tripulantes fue a buscar un cargamento de cigarrillos a Ciudad del Este. Sin esa vía de seguridad, era demasiado riesgoso despegar con combustible para 3 horas de vuelo (a Santa Cruz se llega en dos horas y media).

La escala que no fue

La alternativa que se cocinaba era facilitarles la salida hacia Montevideo. El miércoles 8 los pilotos volvieron al aeropuerto con el plan de vuelo aprobado por las autoridades administrativas de los dos países. El 747 salió a las 14.45, 15 minutos antes del horario declarado. Iban con apuro. En pleno vuelo los sorprendió una negativa desde la torre de control de Carrasco cuando estaban por entrar al espacio aéreo uruguayo. ¿Cómo se enteró el gobierno de Luis Lacalle Pou en el brevísimo lapso que toma salir de Ezeiza y alcanzar la orilla oriental del Río de la Plata?

Dirigentes oficialistas miran con recelo hacia las fuerzas de seguridad. Mascullan que el aviso urgente a los uruguayos pudo haber partido desde la Argentina y no de un servicio extranjero. El ministro del Interior de Lacalle, Luis Heber, había sido ambiguo en la explicación de quién le había pasado el dato para reaccionar en caliente. Este viernes, después de algunos contactos diplomáticos ansiosos, declaró que la alarma en tiempo real le había llegado desde Paraguay.

Los susurros se multiplican. Sobre todo, después de que la Embajada de Israel emitió un comunicado en el que plantea su preocupación por la llegada de un avión que vincula con el terrorismo y el tráfico de armas. Allí se explaya en elogios hacia las fuerzas de seguridad argentinas “por el accionar rápido, efectivo y firme” para identificar “la amenaza potencial”. La felicitación apunta principalmente a José Glinsky, el jefe de la PSA, de excelente relación con Israel y que antes de este episodio sonaba como posible candidato a la embajada argentina en Tel Aviv.

Esa celebrada gestión policial ocurrió a raíz de que el avión rebotó en Uruguay. Solo entonces se activó un operativo de revisión exhaustiva del jumbo, encabezado por la PSA pero con participación de expertos en explosivos y en combate al antiterrorismo de la Policía Federal. El giro oficial fue notable. En la AFI insisten en que el interés del Mossad y la CIA era que el avión quedara incautado y sometido a investigación. Los aplausos de Israel y después del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, a las fuerzas de seguridad enrarecieron el clima interno. ¿Por qué celebran la actuación de las fuerzas de seguridad si hasta el miércoles no habían hecho casi nada y dejaron salir el avión? ¿Hubo algún intento previo de intervención policial que fue impedido por decisión política, como sugieren en la oposición?

Durante los cuatro días restantes el Gobierno dejó a los visitantes en libertad de movimiento, pero con la sugerencia de que podían salir del país en líneas comerciales. Recién el sábado intervino la Justicia. El avión quedó parado en una pista lejana, con 17.000 litros de nafta, 3000 menos del mínimo que necesitan por protocolo para despegar. La orden política desde Caracas fue que se quedaran. Los tripulantes apenas atinaron a mudarse de hotel. ¿Será cierto de que hubo una “sugerencia” del intendente Granados, a cambio de una estancia con menos custodia policial si se iban al alojamiento de Canning donde están ahora? Las habladurías vuelan.

El fin de semana al Gobierno le nació el problema del relato. Aníbal Fernández fue el primero en dar la cara, el lunes pasado. En una entrevista con Jorge Fontevecchia afirmó cosas que después corrigió: que habían ingresado menos tripulantes de los declarados, que existía información sobre la pertenencia de alguno de los iraníes a las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria y que uno de ellos era familiar del ministro del Interior del régimen. Ese último dato recogía una versión confusa que circuló en Paraguay. El ministro del Interior hoy es Ahmad Vahidi, acusado por el atentado contra la AMIA. Hay un ministro de apellido Ghasemi (igual que el piloto), a cargo de Caminos. Antes fue ministro de Petróleo, institución propietaria de una aerolínea -Naft Air- que el Ghasemi demorado en Ezeiza dirigió años atrás. No está acreditado que sean familia.

Horas después Fernández recalculó y mencionó a Ghasemi como un homónimo del supuesto miembro de Quds. El jueves sacó pecho con el comunicado de felicitación de Israel, en el que se postula con certeza que el piloto es ejecutivo de una aerolínea persa que colabora con el terrorismo. En las fuerzas de seguridad que reportan a él seguían empujando la tesis de la misión de espionaje.

A nivel político se cocinaban otras respuestas. El estreno de Rossi como Señor 5 resultó accidentado. El martes sugirió en televisión que los iraníes son entrenadores de los pilotos venezolanos. Aclaró que era una “conjetura personal”. Dos días antes el gobierno de Irán había ofrecido el mismo motivo en una conferencia de prensa para medios de Teherán: “Hemos firmado un memorándum con Venezuela para adiestrar a pilotos y tripulaciones de los aviones que les vendemos. Ese era el papel de los individuos (del avión retenido en Ezeiza)”, dijo el director de aviación civil, Mohammad Mohammadi Bakhsh.

¿Por qué el jefe de la inteligencia argentina especula con hipótesis exculpatorias que coinciden con las explicaciones oficiales de los iraníes sujetos a investigación? Ser desconfiado solía ser un requisito obligatorio para aplicar al cargo que hoy ocupa Rossi.

El papel de Maduro

Maduro se enteró de la crisis en Irán. Protestó, indignado, contra Uruguay por no dejar entrar al 747. Denunció que “pudo haber ocasionado una tragedia, con pérdidas humanas y daños para ambas naciones”. Sobre la Argentina, ni una palabra.

Alberto Fernández viene de defenderlo ante Joe Biden en Los Ángeles, donde llegó a decirle a la CNN que Maduro “ha hecho mucho para terminar con los cuestionamientos que en su momento se impusieron sobre él” en materia de derechos humanos. Le puso un sello de calidad que la comunidad internacional no comparte, a la vez que lo indulta por lo malo que haya hecho “en su momento”.

El caso del avión descoloca al Presidente. Viajó a Estados Unidos a denunciar un embargo a Venezuela y termina embargando involuntariamente el único avión de la aerolínea de carga de la revolución bolivariana. Pasó una semana en silencio, hasta ayer. “No hubo ninguna irregularidad. Quieren mostrar algo oscuro que no es”, fue su argumento, en el que apuntó a la oposición y al periodismo. Limitó al inconveniente a la carga de combustible.

Pero el dilema es más delicado: ¿cómo sacar de Ezeiza un 747 al que nadie puede venderle combustible? Como suele pasar, la solución no está del todo en manos del Presidente. Le toca a un juez determinar si imputa o no por espionaje a los tripulantes que Fernández exculpa por la radio. Los días pasan, se despliega un tablero de tensiones internacionales y el avión que nadie vio venir se convirtió en un apreciado botín geopolítico.

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