El asesinato de David Kraiselburd: 22 días de cautiverio, cinco tiros y un expediente que cayó en el olvido

LA PLATA.- El 17 de julio de 1974, después de 22 días de cautiverio, David Kraiselburd, director y accionista del diario El Día de La Plata, fue muerto por una descarga de tiros a quemarropa en medio de un operativo policial. El escenario y los autores: una casa en las afueras de esta ciudad en la que un grupo de Montoneros lo mantenía privado de la libertad.

El secuestro, cometido por una decena de personas que se movilizaban en tres coches, resultó una acción de enorme audacia: los captores abordaron a Kraiselburd cuando salía de su casa rumbo al diario, a plena luz del día, y a dos cuadras del edificio de la Jefatura de Policía bonaerense.

Kraiselburd era vicepresidente segundo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y director de Noticias Argentinas (NA), única agencia informativa en manos privadas existente entonces en el país. Además, se aprestaba a lanzar, en sociedad con Jorge Fascetto, El Diario Platense con el objetivo de frenar el avance de Crónica en La Plata. Aquel matutino se convirtió al poco tiempo en Diario Popular y llegó a ser el tercero en ventas en el país, con una amplia inserción en el conurbano.

Hijo de inmigrantes ucranianos, había nacido en Berisso el 1 de julio de 1912 en el seno de una humilde familia de origen judío dedicada a la reparación de colchones. Tenía apenas 15 años cuando ingresó como cadete a El Día, tras ganar un concurso de escritura. Cautivado por las ideas del anarquismo incursionó en una militancia que lo llevó a cruzar el Océano Atlántico para sumarse a las fuerzas republicanas en la Guerra Civil Española. Se graduó como abogado y profesor de Historia. Su predisposición para aprender y su enorme capacidad para entender el negocio lo llevaron pronto a escalar posiciones dentro del diario.

A partir de la llegada del peronismo al poder, se escribió una nueva historia. Algunas fuentes le atribuyen a Kraiselburd una activa intervención en las tratativas con el gobernador Domingo Mercante para integrar a El Día a un conglomerado de medios bonaerenses bautizado Asociación de Prensa Argentina SA. A cambio, el mandatario provincial se quedó con una porción de las acciones.

Hacia fines de 1951 el vínculo de Mercante con el presidente Juan Perón se había resquebrajado y la gobernación pasó a manos de Carlos Aloé, quien por orden expresa de Perón dispuso la intervención del diario y presentó una denuncia por defraudación contra la administración pública en la asignación de publicidad oficial.

Por un tiempo, Kraiselburd y los miembros del directorio tuvieron que refugiarse en Uruguay. Al producirse la caída de Perón, en 1955, el interventor de El Dia, Antonio Maresca, cedió parte de las acciones del diario a un grupo de empleados. Una vez instaurado en el poder el general Pedro Eugenio Aramburu los accionistas contraatacaron. Tras largos años de litigio, alegando que habían sido coaccionados a acordar con Mercante, consiguieron recuperar su posición original con el patrocinio de Kraiselburd, que en retribución a su tarea fue designado director y premiado con poco más del 4% de las acciones de la compañía.

En agosto de 1973, luego de que el presidente interino Raúl Lastiri prohibiera a las agencias de noticias extranjeras difundir información local dentro del territorio nacional, Kraiselburd lideró un grupo de empresarios periodísticos de diversas partes del país que planteó la necesidad de fundar una agencia propia que compitiera con la información oficial. Así nació NA el 1 de octubre de ese año. Kraiselburd fue el primer presidente de la agencia y repetía con indisimulable orgullo que constituía el mejor ejemplo de la lucha de los diarios de las provincias en pos de afirmar el principio de pluralidad de opiniones.

David Kraiselburd modernizó El Día con el fin de generar un producto a la altura de los diarios del mundo. Eran tiempos en que su mirada crítica respecto de la violencia política lo enfrentó tanto a las facciones de ultraderecha como a los grupos guerrilleros izquierdistas que habían ganado terreno en el gobierno de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El secuestro

La mañana del martes 25 de junio de 1974, Kraiselburd salió de su casa y se encaminó hacia el diario. Avanzaba por la Diagonal 77 cuando una camioneta con vidrios laterales pintados de negro frenó abruptamente unos pocos metros delante de él. Se vio rodeado por un grupo de personas armadas que lo obligaron a subir a la parte trasera del rodado. La pick-up Chevrolet roja se esfumó del lugar a toda velocidad. En la vereda quedó tirada una carpeta con apuntes para una nota sobre la actitud de la aristocracia argentina durante la Segunda Guerra Mundial.

Los integrantes del comando conocían a la perfección los movimientos habituales del director de El Día. Apenas lo introdujeron en el vehículo cubrieron su rostro e hicieron un rodeo desviándose por caminos secundarios. Lo llevaron a un chalet en la localidad de Gonnet, al norte del casco urbano, a media cuadra de la Subcomisaría N° 13, en una zona residencial poblada de quintas de fin de semana con amplios parques. El lugar había sido acondicionado. Dentro de una de las habitaciones las aberturas fueron cubiertas con diarios y cartones y se armó una carpa de campamento cercada por alambres de púa que en su interior tenía una camilla.

Algunos vecinos alertaron a los familiares de David, que rápidamente dieron cuenta del hecho a las autoridades. Sin embargo, se acordó no hacer pública la denuncia hasta que hubiera un contacto con los secuestradores.

El hecho fue reflejado al día siguiente en las portadas de los principales diarios del país: “Fue secuestrado el director de El Día”, tituló LA NACION. Si bien no había hasta ese momento ningún tipo de información oficial, en la mayoría de los artículos se especuló que los autores “serían extremistas”.

El jefe de la policía bonaerense, coronel César Narciso Díaz, ordenó un amplio despliegue de efectivos y encomendó la realización de tareas encubiertas en torno a domicilios sospechados de pertenecer a miembros de agrupaciones guerrilleras. De acuerdo con lo informado por la policía provincial, más de un millar de efectivos participaron de unos 500 operativos en distintas localidades del sur del Gran Buenos Aires, todos con resultados negativos.

A los cuatro días, los captores llamaron al teléfono del diario. Los atendió Raúl Kraiselburd, hijo mayor de David, y les dijo que, para evitar cualquier interferencia, se comunicaran dos días después a la casa de un amigo. En la segunda comunicación, los secuestradores exigieron un abultado rescate, además de la publicación de una solicitada en el matutino como condición para liberar al empresario. La segunda petición llevó a pensar que se trataba de una acción llevada a cabo por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ya que esa organización había perpetrado durante 1973 los resonantes secuestros del dueño de Crónica, Héctor Ricardo García, y del apoderado de Clarín, Bernardo Sofovich, por los que se había reclamado la publicación de sendos comunicados a cambio de la liberación.

El contacto con los captores se mantuvo en estricta reserva y sólo un círculo de extrema confianza accedió a las alternativas de los intercambios sobre los que se han tejido muchas leyendas. Nunca se mencionó públicamente el monto requerido, e incluso en el entorno de los Kraiselburd se negó que se hubiera explicitado una cifra. Aún hoy, en la familia suele recordarse que David siempre decía que si lo secuestraban no se debía pagar rescate.

Con la muerte de Perón, el 1 de julio, las negociaciones se interrumpieron abruptamente. Un manto oscuro y opresivo envolvió los días que siguieron. Mientras el país se asomaba a un escenario de enorme incertidumbre, Raúl y su hermano Víctor consumían horas en reuniones interminables. Toda la familia vivía pendiente de una señal de los secuestradores.

Trágico desenlace

Caían las primeras sombras de la noche del 17 de julio cuando en la casa de Gonnet donde David Kraiselburd se hallaba cautivo, se escuchó el batir de palmas. La silueta difusa de una mujer se asomó tras el visillo de la cortina. El tenso silencio que recubrió la escena se quebró cuando desde el interior se sintieron varias detonaciones de arma de fuego.

–¡Abran la puerta! – ordenó uno de los tres policías, parapetados tras el muro de la línea municipal.

Dos efectivos buscaron el resguardo del paredón de una propiedad lindera y el tercero corrió hacia la seccional ubicada a pocos metros en busca de ayuda. Siguió un tiroteo cruzado que creció en intensidad a medida que se fueron sumando policías alrededor de la propiedad.

Los uniformados descargaron granadas de gas lacrimógeno bajo el porche e irrumpieron en la casa derribando la puerta principal. Varios secuestradores huyeron por los fondos mientras adentro sólo quedó uno que presentaba varios impactos en su espalda. Fue identificado como Carlos Alberto Starita, de 22 años. Militaba en Montoneros e integraba la mesa nacional de la Juventud Universitaria Peronista (JUP); además, trabajaba como preceptor en el Liceo Víctor Mercante dependiente de la UNLP. Su padre, Santiago Starita, era oficial de la Armada, bioquímico y docente.

Según la versión oficial, cuando los policías ingresaron a la habitación Kraiselburd yacía dentro de la carpa en medio de un charco de sangre. Llevaba puesta una camiseta blanca de algodón y el pantalón azul con el que había salido de su casa el día del secuestro. Dentro del chalet fueron hallados volantes pertenecientes a Montoneros y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Las autoridades policiales dispusieron un operativo cerrojo y se hicieron requisas casa por casa.

En los fondos de un terreno ubicado en la misma manzana fueron encontrados un fusil FAL, un Winchester, una Itaka y una carabina de caño recortado. Dentro de la vivienda se hallaron equipos de comunicación y una gran cantidad de armamentos y explosivos. De un clavo que sobresalía de la pared colgaban dos capuchas y un cartel pegado con cinta adhesiva impartía una directiva escrita a mano: “Si cae la cana hay que matar al sopre”.

Repercusiones

La muerte de Kraiselburd repercutió en los principales diarios del mundo en muchos de los cuales se destacó su origen judío y su constante defensa de Israel. Al mismo tiempo, hubo muestras de solidaridad desde prácticamente todos los sectores de la vida nacional: en el diario se recibieron mensajes de condolencias de funcionarios, dirigentes de partidos políticos, sindicatos, empresarios, medios de comunicación, cultos religiosos y entidades de bien público, desde el Rotary Club hasta la Asociación Gaucha bonaerense.

Al velatorio -sin oradores por expreso pedido de la viuda, Antonia Suñol- asistieron el gobernador Victorio Calabró y varios de sus ministros; el intendente de La Plata, Rubén Cartier; el subdirector de LA NACION hasta 1968 y por entonces presidente de ADEPA, Juan Santos Valmaggia, así como numerosos dirigentes del radicalismo como Ricardo Balbín, Tomas Ide, César García Puente, Miguel Szelagowski e Hipólito Frangi. También se hicieron presentes representantes de la colectividad judía y el titular de la curia platense, Antonio Plaza, quien reveló “haber estado todo este tiempo rogando a Dios” para que se pudiera develar el paradero del editor.

“El periodismo ha perdido una de sus figuras más prestigiosas”, indicó un comunicado de ADEPA que condenó “el ciego fanatismo que se ensaña con los mejores”. A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó: “Su muerte sin sentido fue una atrocidad que ha llenado a sus colegas de angustia y desaliento”. El presidente del bloque de senadores de la UCR, Carlos Perette, promovió un homenaje en el Congreso y hubo sesiones especiales tanto en la Legislatura provincial como en el Concejo Deliberante de La Plata.

La causa quedó en manos del titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, René Orsi, reconocido abogado, historiador vocacional y dirigente peronista de la primera hora, designado juez durante la presidencia de Héctor Cámpora. Orsi caratuló el expediente como “privación ilegítima de la libertad; homicidio; lesiones graves; desacato; resistencia a la autoridad; asociación ilícita contra el orden público; y tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos”.

Según la reconstrucción policial de los hechos, Starita mató al empresario disparando sobre su cuerpo, lo que le causó la muerte en el acto. La autopsia determinó que el cadáver presentaba seis heridas provocadas por cinco disparos de una pistola automática Ballester Molina calibre 11.25 efectuados a corta distancia. Era precisamente el tipo de arma que, según lo informado por las autoridades, portaba Starita. Cuatro tiros habían impactado en el rostro mientras que el quinto perforó una de sus palmas para luego incrustarse en el maxilar inferior. Los peritos indicaron que la víctima había atinado a cubrirse la cara con su mano.

Starita fue llevado malherido al Instituto de Tisiología San Juan de Dios, donde fue operado por los cirujanos Jorge Lambre y José María Mainetti, que lograron retirar el proyectil alojado entre dos vértebras. De acuerdo con versiones surgidas en las jornadas subsiguientes, en un primer momento el joven habría reconocido la autoría del crimen, aunque luego se habría desdicho. Como sea, esas declaraciones, cuyos detalles nunca se conocieron, fueron invalidadas por Orsi por la forma irregular en que habrían sido obtenidas. Alimentadas por el silencio de los sobrevivientes que participaron en el hecho, subsisten hasta hoy diversas versiones sobre lo que ocurrió aquel día dentro de la casa.

El 24 de julio el coronel Díaz fue desplazado de la jefatura de la policía, luego de intentar resistir la iniciativa de extender la jurisdicción de la Policía Federal al territorio provincial. Su lugar lo ocupó el segundo de la fuerza, inspector mayor Enrique Everardo Silva. Conocido como “El Marqués” por su prolijidad en el vestir, el nuevo jefe dijo que asumiría la investigación del caso como un desafío personal. En la tarde de mismo día, Starita fue llevado al hospital San Juan de Dios, donde falleció mientras le practicaban una traqueotomía. Sus restos fueron inhumados al día siguiente en el Panteón Naval del cementerio platense.

Montoneros nunca se adjudicó formalmente el secuestro de Kraiselburd por las vías que usualmente utilizaba para estos casos. Sin embargo, hubo manifestaciones en las que sus dirigentes justificaron la muerte del editor que en varias publicaciones había sido tildado como un “enemigo del pueblo” que operaba “al servicio del imperialismo”. Además, se lo acusaba de haber contribuido a arrebatar a los trabajadores las acciones del diario que Perón les había entregado a los sindicatos.

El viernes 26 de julio, a una semana del trágico desenlace del secuestro, durante un acto en el club Universal para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, el encumbrado dirigente de Montoneros Roberto Quieto homenajeó a Starita, a quien consideró un mártir. En esos días la JUP repartió en varias facultades un volante que sostenía: “Reivindicamos los ajusticiamientos de estos personajes [por Kraiselburd y Arturo Mor Roig, asesinado el 15 de julio mientras almorzaba en un restaurante del conurbano] y más aún cuando cuesta la vida de un compañero como el montonero Carlos Starita, muerto por la policía”.

En los pasillos de Humanidades se colgó una enorme bandera que rezaba: “Y llora, llora la puta oligarquía porque perdió al director de El Día”. Durante una nutrida manifestación estudiantil frente al Rectorado de la UNLP de la que participaron militantes peronistas, del Movimiento de Orientación Reformista -ligado al Partido Comunista- y del radicalismo se escucharon cánticos alusivos. Aquel episodio dio origen a una cuestión que persiste hasta hoy: Raúl Kraiselburd nunca terminó de asimilar esa actitud de los radicales que integraban la FULP, liderados por el entonces estudiante de Derecho Federico Storani, que ese año también llegó a conducir la Federación Universitaria Argentina (FUA). Storani ha negado enfáticamente haber participado de ninguna actividad reivindicatoria de aquel hecho, al tiempo que ratificó que la corriente que entonces lideraba rechazó todo tipo de violencia política.

El pase a la clandestinidad de Montoneros, definido en septiembre de 1974, terminó de transformar a La Plata en un campo de batalla. Para entonces, la derecha peronista se había hecho fuerte en el gobierno y amparaba el accionar de la Triple A y otros grupos violentos paraestatales contra los sectores más radicalizados. En ese escenario de violencia desatada, las esperanzas de la familia de aspirar al debido esclarecimiento de lo ocurrido terminaron por desvanecerse. La Justicia nunca pudo reunir elementos para identificar en forma fehaciente a los autores del hecho.

Durante meses hubo una disputa por la jurisdicción que terminó por zanjar en marzo de 1975 la Corte Suprema de Justicia. El silencio alrededor de la causa se volvió completo luego de que, a finales de ese mismo año, el juez Orsi fue nombrado camarista y su juzgado quedó vacante. La última información sobre el legajo se remonta al 22 de junio de 1976, cuando según las constancias oficiales pasó al archivo proveniente del Juzgado Federal N° 3 de La Plata. Fuentes tribunalicias informaron a LA NACION que el expediente es hoy “inhallable”.

Con el tiempo, Raúl Kraiselburd, quien a la muerte del padre ocupó su lugar en la dirección del diario con apenas 30 años, denunció la total ineficiencia policial: “La policía de 1974 realmente no servía para nada. No daba ninguna garantía”, aseguró en una entrevista concedida a la revista Humor Registrado y publicada en agosto de 1983. Y acotó: “En ese momento los argentinos dividíamos a las muertes en buenas o malas. Con un primitivismo total suponíamos que las malas eran las de los amigos y buenas las de los enemigos”. Para Raúl Kraiselburd, que ha hecho una larga y destacada carrera en la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que ocupó los más altos cargos directivos, incluso el de presidente, el hecho debe encuadrarse como parte de una “guerra entre la derecha autoritaria y la izquierda autoritaria”.

Víctima irredenta

Al año siguiente de su muerte David Kraiselburd fue distinguido post mortem por la Universidad de Columbia con el prestigioso premio María Moors Cabot por su defensa de los valores democráticos. Su caso fue incorporado, junto a otros 45 asesinatos ocurridos en el período previo al golpe de Estado del 76, en el fallo con el que la Justicia condenó a los jefes de las Juntas Militares.

El recuerdo de su triste final subsiste casi exclusivamente en la prédica de los grupos que pregonan la necesidad de una “memoria completa”. Una de las entidades que considera su asesinato como uno de los episodios paradigmáticos de los años de plomo es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, cuya titular y fundadora es la vicepresidente Victoria Villarruel.

Durante la última campaña electoral la candidata de la triunfante lista encabezada por Javier Milei, mostró en un programa de televisión una impactante y nunca vista imagen del cadáver de Kraiselburd boca arriba con el rostro desfigurado y cubierto de sangre. “Este era David Kraiselburd debajo del colchón en el que fue asesinado de un tiro por Montoneros en plena democracia. Este es el rostro de una persona que no tuvo justicia”, dijo entonces Villarruel. Según su vocero, recibió esa foto de extraordinario valor histórico de parte de un anónimo.

“Es uno de los secuestros y asesinatos más notorios de los 70 y sin embargo completamente desconocido para la opinión pública. La impunidad de este crimen aberrante cometido por Montoneros en democracia, con una Justicia que no llegó nunca a los responsables, con un periodismo que nunca lo recuerda ni reclama por él, con una comunidad judía que eligió el silencio y la indiferencia son las alarmas que resuenan como preguntas cada vez que se nombra a David Kraiselburd”, señaló la vicepresidente Villarruel ante una consulta de LA NACION.

Y se preguntó: “¿Por qué su asesinato por Montoneros permanece debajo de la alfombra de la historia junto con miles de víctimas inocentes del terrorismo que desde hace 50 años esperan verdad, justicia y reparación? ¿Qué compromisos sostiene el poder político y judicial con los asesinos que en nombre de una revolución que nadie les pidió ensangrentaron el país, atacaron a la población civil y a las instituciones del Estado y durante estos 40 años de democracia no han hecho más que lucrar con el dolor de todos?”.

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