El apagón de la democracia y la rigidez del kirchnerismo

Con la decisión de robarse las elecciones presidenciales, el régimen de Nicolás Maduro ha renunciado a simular siquiera la mímica del Estado de Derecho para asumirse en plenitud como una dictadura totalitaria. Al agravarse, la situación venezolana está produciendo un sismo político en la región. Vínculos que se mantenían tensos, como el de Caracas con Buenos Aires, terminan de romperse. Y relaciones amistosas, como la del chavismo con el gobierno brasileño o el gobierno colombiano, se deslizan hasta el borde del conflicto. El apagón final de la democracia en Venezuela determina, entonces, un cambio para toda la región. Con consecuencias inesperadas, como la posibilidad de un acercamiento acelerado entre Brasil y la Argentina.

En la embajada argentina comenzará a flamear la bandera brasileña, debido a que Lula da Silva aceptó hacerse cargo de la representación de los intereses del país en Venezuela. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de Brasil ofreció un avión para trasladar a Buenos Aires a los refugiados que se alojan en la representación argentina. Son gestos destinados a desbloquear el trato entre Lula y Javier Milei.

El Presidente argentino no los entendió. El encargo de los intereses argentinos fue solicitado por la canciller Diana Mondino. Lula accedió. Pero anoche Milei reenvió un tuit muy irritante para su colega brasileño: lo calificó de comunista, cómplice de la dictadura de Maduro junto con el colombiano Gustavo Petro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. El mensaje, de un tercero, protestaba porque Brasil, Colombia y México se abstuvieron de votar una resolución de la OEA, condenatoria del régimen chavista.

Lo curioso es que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradeció anoche al representante brasileño en la OEA por su discurso en favor de la soberanía popular. Y también reconoció a Brasil por asumir el cuidado de los intereses argentinos. Habrá que ver si hoy, después de la diatriba de Milei contra Lula, esa representación se mantiene. Da la impresión de que el Presidente cree interpretar el punto de vista de la oposición venezolana mejor que esa misma oposición.

El sistema encabezado por Maduro camina, con los oídos tapados, hacia un modo de dominación similar al que existe en Nicaragua, donde el matrimonio Ortega montó en 2021 una farsa electoral para atornillarse en el poder, encarcelando a opositores e intimidando o deteniendo a periodistas. Un método que se volvió todavía más cruel, en febrero pasado, en Bielorrusia. Allí el tirano Lukashenko utilizó a la KGB para hostigar a las familias de presos políticos, disolvió partidos y eliminó cualquier candidatura que pudiera rivalizar con la de su gobierno.

Nicaragua y Bielorrusia son espejos que permiten indagar la incógnita principal de este momento: a qué niveles de agresividad recurrirá el chavismo para reprimir las protestas de un electorado indignado, que siente que le fue arrebatado el derecho a elegir quién lo representa. Cuánta sangre correrá por las calles venezolanas. Esa es la pregunta más urgente. Sobre todo después de la primera señal que anunciaba un nuevo tiempo: el resultado de los comicios fue comunicado por el ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López. El mismo general que anteayer se mostró rodeado de la jerarquía del Ejército en un intento de desalentar cualquier protesta.

La exhibición del rigor físico del Estado es la derivación inevitable de un fraude que ya renunció a cualquier hipocresía. Comenzó con la proscripción de la candidatura de María Corina Machado, surgida de una primaria de la oposición. Pero se profundizó mucho el día de las elecciones. A las 5 de la tarde quedó cancelado el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE). Elvis Amoroso, el presidente de ese organismo, independiente sólo en la retórica, anunció el triunfo “irreversible” de Maduro, mientras detallaba cómputos que indicaban que ese resultado, aun siendo verdadero, se podía revertir. Amoroso mostró la hilacha de su primitivismo en los números que divulgó cuando, según él, se había contado el 80% de los votos. Para asombro de expertos en matemáticas, y como detectó el periodista Matías Mowszet, los candidatos obtuvieron porcentajes redondos: 51,2000% Maduro, 44,2000% Edmundo González Urrutia, y 4,6000% otros. Llevados por la torpeza, los alquimistas del fraude venezolano decidieron primero los porcentajes y, a partir de ellos, asignaron los sufragios que corresponderían a cada competidor.

A partir de ese punto de partida, es inútil pretender lo que la oposición y la comunidad internacional reclaman a Maduro: que muestre las actas del escrutinio. El exvicepresidente colombiano Francisco Santos formuló ayer una denuncia inquietante: dijo que en los galpones del CNE de la localidad de Filas de Mariche, a media hora de Caracas, 150 empleados están fraguando los papeles de los comicios, asistidos por cuatro ingenieros chinos, expertos en el sistema electrónico de la votación. Santos vaticinó que esa documentación apócrifa será presentada mañana ante los dirigentes y gobiernos que están demandando información. ¿Será por esto que Maduro le prometió al enviado de Lula da Silva, Celso Amorim, que “la documentación será publicada en los próximos días”? Otra explicación, ofrecida por el mismo régimen, es que no hay actas porque el sistema fue hackeado. Tal vez mañana se divulgue un relato diferente.

El interrogante principal que se abre en Venezuela es otro: ¿cuánto puede sobrevivir un régimen carente por completo de legitimidad? La respuesta puede ser desalentadora. Existen ejemplos de que puede extenderse durante mucho tiempo. Sólo necesita de dos factores principales. Uno, expulsar a los disidentes para que dejen de participar. El domingo pasado, había en el extranjero 4,5 millones de venezolanos en condiciones de votar, de los cuales sólo 230.000 fueron habilitados para hacerlo. El otro factor es la represión de los que quedan en el país. Cuba es el modelo.

Para impedir esta perspectiva, muchas organizaciones políticas y de la sociedad civil se están movilizando contra la dictadura. Ayer se pronunciaron los obispos católicos, cuya voz resuena con fuerza en el Vaticano. Entre otras cosas, porque la mano derecha del papa Francisco en asuntos internacionales, el cardenal Antonio Parolín, condujo una de las frustradas negociaciones para abrir una transición a la democracia en Venezuela. Además, el general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, es un venezolano, doctorado en Ciencia Política, muy crítico del chavismo.

La aventura autocrática en la que siguió internándose Maduro el último domingo le ha quitado dos soportes claves en la región. Gustavo Petro y Lula da Silva. Aun cuando los dos impidieron ayer, con su abstención, que Venezuela sea conminada por la OEA para ofrecer transparencia a todo el proceso electoral. México mantuvo la misma posición. La OEA es la sede internacional en la que la influencia de los Estados Unidos en la región es más marcada.

A pesar de ese favor, el presidente de Colombia, acaso el latinoamericano más próximo al tirano, divulgó ayer una extensa declaración que supone un programa de pacificación interna para Venezuela. Partió de una premisa: debe haber un escrutinio transparente, con información confiable y auditoría de la dirigencia opositora y de observadores profesionales.

El otro amigo que dijo adiós fue Lula. Siguió exigiendo la publicación de las actas de la elección. Al mismo tiempo, intenta a través de Amorim, su asesor en política exterior, algún modo de mediación. La crisis venezolana no sólo es un desafío importante para la aspiración de liderazgo de Brasil en la región. También es un problema bilateral. El gobierno brasileño, como el colombiano, observa la frontera alarmado por una nueva oleada migratoria. Venezuela se ha convertido, ya de manera definitiva, en un foco de inestabilidad en el norte de América Latina, es decir, en el área donde la región se proyecta hacia el Caribe.

La de Lula es una posición incómoda. No puede aproximarse un centímetro a Maduro sin recibir un azote de la política doméstica. Ocurrió dos veces en las últimas horas. Primero, cuando la conducción del PT emitió un comunicado complaciente con las malversaciones chavistas. Después, cuando el propio presidente calificó de “normal” al proceso que un minuto antes él mismo había censurado. Nada podría festejar más Jair Bolsonaro que la asociación del nombre Lula con la palabra fraude.

La incomodidad se debe también al encuadramiento internacional. Venezuela separa hoy a Lula de China y Rusia, socios en el grupo Brics. Cuanto más aislada esté Caracas, más aplauden Pekín y Moscú. Por eso sería ingenuo esperar de Xi Jinping o de Vladimir Putin algún esfuerzo mediador.

El gobierno brasileño compensa estos sinsabores aprovechando algunas oportunidades que le ofrece la tormenta. Una de ellas es la posibilidad de mejorar la difícil relación con la Argentina de Milei. Lula aceptó que Brasil se convierta en el representante de los intereses argentinos en Caracas, del mismo modo que lo fue en Londres, cuando se declaró la guerra de Malvinas. Además, ofreció a su Fuerza Aérea para trasladar a Buenos Aires a los refugiados venezolanos. Ya lo había hecho hace un mes, pero sin conseguir la autorización del régimen.

La respuesta de Milei fue incomprensible, sobre todo si se tiene en cuenta que fue su gobierno el que pidió a Brasil que se encargue de representar los intereses argentinos. El Presidente calificó a Lula de cómplice de la dictadura de Maduro. La situación de Diana Mondino al frente de Relaciones Exteriores es cada día más incómoda.

La pericia de los asilados es delicadísima. El gobierno argentino busca una embajada en la cual alojarlos una vez que los diplomáticos del país abandonen Venezuela, respondiendo a una exigencia de la dictadura. El problema puede ocurrir en el traslado. Es verdad que se haría en autos diplomáticos. Pero, desde que el ecuatoriano Daniel Noboa ordenó que la fuerza pública ingresara en la embajada de México, la inmunidad parece ser un blindaje demasiado vulnerable.

La pesadilla de los venezolanos servirá también, el lunes próximo, para un acercamiento entre Lula y Gabriel Boric. El brasileño visitará Santiago de Chile. El tema sobresaliente de conversación será la delirante fuga autoritaria de Maduro. Boric asumió, antes que cualquier otro dirigente de izquierda, un postura muy severa frente al fraude. Paga ahora un costo interno, en especial por su alianza con el Partido Comunista. Boric mira, sin embargo, más allá: el 27 de octubre enfrenta elecciones regionales, desafiado por una extrema derecha que condena sin matices a la dictadura de Maduro.

La variante más extraña de la izquierda regional está encarnada por Cristina Kirchner, quien guarda un embarazoso silencio frente a un chavismo que resolvió cortar amarras con cualquier liturgia democrática. Sólo Máximo Kirchner reclamó, a través de voceros anónimos, que La Cámpora no sea incluida entre las agrupaciones que apoyan a la dictadura. Tampoco entre las que la condenan, no hace falta aclarar. Kirchner sacó ventaja de su examigo Andrés “el Cuervo” Larroque, quien de tanto criticar la posición de Milei en Venezuela, quedó más cerca de Maduro de lo que le gustaría. “En ningún momento hablé de cómo fue el resultado de las elecciones; lo que dije es que no se puede decir que ganó la oposición, como hace el Presidente; hay que esperar a que se conozca la información sobre lo que votaron los venezolanos”, aclaraba ayer Larroque.

A la expresidenta le será inevitable pronunciarse este sábado en México, cuando exponga en un foro organizado por Morena, el partido del mexicano Andrés Manuel López Obrador. El título de la presentación es, en sí mismo, una encerrona: “Realidad política y electoral de América Latina”. Va a ser interesante observar cómo intenta tomar distancia del escándalo sin por eso desairar a sus amigos chavistas, pero, principalmente, a los cubanos, sus eternos anfitriones.

El kirchnerismo está atrapado en su propia rigidez. No sólo en el campo diplomático. Su estrategia doméstica también provoca costos. Lo volvió a demostrar Axel Kicillof en la disputa entre Buenos Aires y Río Negro por el establecimiento de una planta de licuefacción de gas. YPF, la impulsora del proyecto, que sería implementado por la malaya Petronas, había llamado a una licitación simbólica: la provincia que adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones establecido en la Ley Bases. La formulación fue capciosa: las empresas pueden acceder al RIGI con independencia de lo que piense el gobierno provincial. De este sólo cabe esperar que agregue ventajas en el ámbito de su competencia.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, consiguió que la legislatura de su provincia apruebe en tiempo récord una serie de beneficios que se suman a los que ya ofrece la Nación con ese nuevo régimen. El principal es la eximición de Ingresos Brutos. Kicillof se resistió a hacerlo. YPF informó este martes que prefería Río Negro.

Es posible que en el gobernador bonaerense haya sido más poderoso el candor que los prejuicios. Aunque suene imposible. Al no facilitar las condiciones que justificaran la selección del puerto de Bahía Blanca, se expuso a que sus opositores le reprochen haber dejado pasar una gran oportunidad para la provincia. En rigor, la decisión de llevar ese proyecto a Río Negro fue tomada hace mucho tiempo. Por muchas razones. Algunas técnicas y otras, las más poderosas, políticas: no premiar a la estrella actual del kirchnerismo. El propio Presidente lo confesó delante de Alejandro Fantino la semana pasada: “Es obvio que la inversión va a ir hacia Río Negro. ¿Vos vas a poner plata donde está Kicillof?”.

El líder kirchnerista había convocado a todas las fuerzas políticas a una peregrinación a Bahía Blanca para reivindicar las ventajas de ese puerto. Sólo había conseguido que lo acompañe el bloque Unión, Renovación y Fe, de diputados que llegaron a la Legislatura en las listas de Milei. Una versión exótica de kicillofismo libertario. En el Senado esa facción tiene un aire de familia con la que conduce Sergio Vargas, amigo del malquerido Carlos Kikuchi, y alter ego de Guillermo Michel en la Aduana del massismo.

Lo más gracioso del enredo es que el gobernador no consiguió el aplauso de quienes piensan como él. Por ejemplo, el senador Martín Doñate, rionegrino de La Cámpora, festejó la inversión que beneficiará a la provincia. Doñate, que en el Congreso votó en contra del RIGI. Tendría razón el diputado oficialista que ayer reflexionó: “Los kirchneristas, con el RIGI, nos tratan de ladrones de gallinas, pero después vienen a comer el puchero”.

La construcción de la planta de gas ha sido politizada desde ambos polos, como demostró Milei delante de Fantino. Esa frivolidad tal vez conlleve algún costo. ¿Es concebible que un proyecto como el que se está soñando se sostenga en un conflicto de facciones? Dicho de otro modo: ¿alguien le puede asegurar a los potenciales inversores que Kicillof tiene cero posibilidad de ser presidente en los próximos 10 años? Es decir: ¿alguien puede asegurar que un futuro gobierno kirchnerista anule lo que hoy se está proyectando? Otra cuestión es si es posible ensayar un acuerdo con Kicillof, que carga en su foja de servicios con la estatización de YPF.

El enfrentamiento político deja al gobernador en la posición de quien hizo perder a la provincia un negocio digno de las Mil y Una Noches. Pero esa presentación no debería inducir a error respecto de la consistencia técnica de todo el proceso. Una vez sancionado el RIGI, la Casa Rosada decidió precipitar los anuncios sobre la planta de licuefacción de gas que justificaría incrementar mucho la producción de Vaca Muerta. Anteayer se decidió que se localizaría en Sierra Grande. El anuncio cobija una sutileza: da por sentado que la iniciativa se llevará adelante. Pero eso no está todavía definido.

Más allá de que el interés de YPF en este proyecto lleva varios años, como recordó el propio Kicillof, los malayos todavía no resolvieron la inversión. Detalle anecdótico: si se ingresa al sitio de Petronas y se consulta por “YPF” en el buscador, no aparecen resultados. Si se consulta por “Argentina”, se encuentran dos referencias al área La Amarga Chica, un codiciado reservorio de shale oil que la compañía explota con YPF en Vaca Muerta. Sobre la planta de licuefacción todavía no hay noticias.

Es natural que así sea. Se trata de un emprendimiento de 30.000 millones de dólares que, según los especialistas, exige estudios de extraordinaria complejidad. Por eso, muchos analistas apuestan a que antes, con la misma localización, es decir, en el puerto de Sierra Grande, se establezca un barco con instalaciones para transformar el gas en líquido. Se le alquilaría a una empresa Noruega.

Sería apresurado apostar al desenlace de este negocio, y no sólo porque pesan muchas incógnitas sobre la inversión de los malayos. Tampoco está claro cómo funcionará el RIGI. Todavía está en trance de reglamentación. Es una discusión en la que intervienen abogados de estudios privados que colaboran desde la primera hora con el Gobierno, en tensión con burócratas estatales, sobre todo de la AFIP y el Banco Central. La cinchada se juega entre quienes pretenden un sistema muy amplio de ventajas y los que defienden restricciones a favor del Estado. En el corazón del conflicto está el eterno problema: ¿hasta qué punto para acceder al RIGI hay que ofrecer una inversión que sea nueva por completo? Una pregunta que puede resultar teórica. Porque, no hay que olvidar, al final el que decidirá qué proyecto accede y qué proyecto queda afuera de los beneficios, será un funcionario del Gobierno. Delicias del massismo austríaco.

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