El anuncio de los bonos genera una presión extra sobre los gobernadores por los salarios

CÓRDOBA.- Pone presión sobre los gobernadores el anuncio del presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán sobre los bonos para trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares, monotributistas y jubilados y pensionados para tratar de compensar la inflación y frenar las críticas internas del kirchnerismo. Aunque la decisión no alcanza a empleados públicos ni a los pasivos provinciales, sí echa leña a los reclamos de mejoras de ingresos existentes.

Fuentes de media docena de gobiernos provinciales consultadas por LA NACION admiten que con 16,1% de inflación acumulada en el primer trimestre ya es “complicado” resistir a las presiones de los gremios de estatales.

“Lo es más todavía porque lo que se percibe es que se perdió la guerra contra la inflación y eso alerta sobre que habrá más emisión”, dice el ministro de Finanzas de una jurisdicción grande que admite “mucha preocupación” de que la recaudación se está despegando de la inflación.

Los gobiernos provinciales dependen de la recaudación propia y de los giros nacionales -coparticipación y transferencias arbitrarias- para financiarse. “No hay máquina de imprimir”, ironiza un jefe de gabinete norteño. Sobre los recursos que reciben por fuera de la coparticipación están expectantes respecto a si habrá recortes, tal como establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los números del 2021 mostraron que las finanzas provinciales están mejor que las nacionales. Un trabajo de la consultora Politikon Chaco indica que a nivel agregado las cuentas de provincias tuvieron el mayor superávit primario y financiero de, por lo menos, los últimos cinco años, con importantes mejoras, además, en relación al 2020. Con todo, los encargados de finanzas aseguran que no hay “mucho margen” para empezar a repartir bonos.

Los funcionarios provinciales más preocupados son los de distritos grandes que, en relación, reciben menos ayuda por fuera de la coparticipación que los más chicos. Entre las más importantes es Buenos Aires la que lleva la delantera en la asistencia nacional.

En 13 provincias el salario promedio (incluyendo privados y estatales) está por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) por lo que hay terreno fértil para que los sindicatos que reúnen a docentes, policías y administrativos estatales reclamen una mejora para recuperar terreno. Los que ya cerraron paritarias, en su mayoría, lo hicieron debajo del 45%, con lo que quedará lejos de la inflación prevista para este año que tiene una base de 55%.

A fines del año pasado hubo distritos que entregaron bonos a los estatales: La Rioja, $10.000 y anunció una suba de 52% para este año (que quedaría debajo de la inflación); Santiago del Estero estableció en 57% la suba del básico para el actual ejercicio (lo hizo en octubre pasado cuando dio un bono de $90.000).

En cambio, Chaco cerró paritarias con un piso de 42% y revisión en el último trimestre. En Formosa, ATE envió un petitorio al gobernador Gildo Insfrán en el que plantea una mejora del 55%; en Tucumán el alza acordada es del 44% y un bono de $10.000 y en Santa Fe la propuesta es 46% a pagar en cuatro veces más una cláusula de revisión a final de año.

En Córdoba ya se firmó una mejora del 30% del salario de bolsillo a pagar en tres tramos hasta julio y en Buenos Aires, 40% y cláusula de reapertura.

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