Recorte de fondos: el amparo de la Ciudad por la coparticipación será el próximo tema caliente de la Corte Suprema
LA NACION
Luego de dejar atrás la controversia por los jueces trasladados, con una sentencia que sigue teniendo ecos políticos, que provocó turbulencias en el Poder Judicial y enojos en el Consejo de la Magistratura , la Corte Suprema de Justicia tiene por delante otro caso de alto voltaje: analizar el recurso de amparo que presentó la ciudad de Buenos Aires para recuperar un porcentaje de la coparticipación federal recortado por el Gobierno nacional para pagar un aumento de sueldo a la policía bonaerense.
El asunto podría empezar a tratarse en las próximas semanas, pero aún no empezó a circular por las vocalías de la Corte.
Su tratamiento podría ser coincidente con otros casos que tramita en la Corte desde hace años de San Luis. Esta provincia tiene ocho demandas en la Corte por montos multimillonarios contra el Estado Nacional, pero en dos de ella ya está en etapa de ejecución de la sentencia que actualizadas equivalente a unos 20.000 millones de pesos. Las sentencias son de 2015. Además, tiene otros siete casos.
En una de ellos por retenciones puede aspirar a cobrar unos 800 millones de pesos. El expediente está a sentencia. En otro reclama que le restituyan fondos por ATN por 242 millones más intereses desde 2010; en otro cuestionó que la discriminaron en el reparto de ATN y reclama 1120 millones de pesos, que deben actualizarse desde 2010. La provincia tiene dos demandas con montos que llegan a los 12.000 millones de pesos reclamados. Pero estos últimos están en etapa de prueba, lejos de un fallo.
Tras el acuartelamiento de la policía bonaerense de septiembre en reclamo de aumentos salariales, que puso en jaque la seguridad de la provincia en plena cuarentena, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 735 mediante el cual dejó de enviar unos 150 millones de pesos diarios a la Ciudad. El dinero se destinó al incremento salarial.
El porcentaje de recorte de la coparticipación es del 1,18% y significa para la Ciudad, a valores de 2020, la pérdida de 36.000 millones de pesos.
Por eso es que Rodríguez Larreta presentó un recurso de amparo en la Corte para anular ese decreto y pidió como medida cautelar que se dejen de lado los descuentos y que les devuelvan lo descontado, más los intereses. La Procuración dictaminó que el amparo es de los casos de competencia originaria de la Corte.
Ahora la Corte debe abocarse a decidir. "Es uno de los temas importantes que tiene la Corte por delante" dijo un funcionario del alto tribunal.
Por fuera de los tribunales, la Ciudad está pendiente del movimiento que pueda tener el caso, aunque en voz baja, exfuncionarios critican la estrategia legal elegida, pues se optó por ir con recurso de amparo y una medida cautelar, ante que, con una demanda, como por ejemplo realizan todas las provincias.
La Corte antes de decidir podría elegir la posibilidad de convocar a una audiencia de conciliación para que las partes expongan públicamente sus argumentos, como lo hizo en otros casos de relevancia institucional.
En el poder anidó la idea de que la Corte buscaría compensar con un fallo a favor de la Ciudad, la sentencia de los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fue leída como beneficiosa para el Gobierno.
En la Corte rechazan de plano esta idea y hasta la interpretación de que el caso de Bertuzzi y Bruglia hubiera sido favorable a los intereses del gobierno nacional. Razonan que el oficialismo vio como un desaire que la Corte hubiera eludido referirse a los dos decretos de Alberto Fernández y a las sesiones del Senado donde se trató el asunto. Como si los hubieran ignorado. Y encima Bertuzzi y Bruglia, si bien a plazo fijo, pero quedaron en sus cargos, señalan.
El caso está paralizado y en la Ciudad sin embargo empezaron a recibir algunas señales positivas de que se puede mover en función de sus intereses de modo que probablemente el asunto este en la agenda judicial las próximas semanas.
La Ciudad le dijo a la Corte que en la Constitución "no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación".
Y le señaló: "La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad de Buenos Aires".
Los coeficientes sucesivamente asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron siempre establecidos mediante actos bilaterales entre la Ciudad y el Estado Nacional, destacó la Ciudad.
"En tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna", señaló el escrito del procurador porteño Gabriel Astarloa.
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