Coronavirus en la Argentina: El ajuste salarial también amenaza al empleo público

En términos laborales, la guadaña del coronavirus cayó por ahora solo sobre el sector privado. De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de La Izquierda Diario, ya son más de 375.000 los trabajadores afectados en el país por despidos (8876) o suspensiones con y sin rebaja salarial (368.446). El cierre de la muestra, elaborada a partir de publicaciones periodísticas en medios nacionales y provinciales, fue el 25 de abril pasado.

A esa estadística habría entonces que añadirle hoy los acuerdos con recortes de hasta un 25% del salario neto que se pactaron tras el apretón de manos entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA), y que convalidó el Gobierno el jueves pasado en el Boletín Oficial. Avanzaron esta semana con rebajas de sueldos la UOM, comercio y textiles. Siguieron las huellas del Smata, pasteleros, gastronómicos, petroleros y un puñado de gremios aeronáuticos, salvo los que dependen de la estatal Aerolíneas Argentinas. La lista de sindicatos se extenderá mientras la pandemia continúe siendo una amenaza. En la cima de la CGT calculan que el impacto económico de la peste afectaría a un millón de empleos privados, públicos e informales.

Ahora bien, ¿los recortes llegarán finalmente al sector público? La presencia del jefe de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez, durante la firma del acuerdo por rebajas con la UIA reforzó el interrogante. "En el sector público los salarios se van a pagar al 100 por ciento. Dijeron que acepté una quita del 20% y nada que ver. El Estado está funcionando", se defendió Rodríguez, número tres de la CGT, en una entrevista radial.

El aislamiento obligatorio y preventivo dejó al descubierto que la administración pública puede funcionar con menos personal del que tiene registrado, evaluaron ante LA NACION en algunos despachos de organismos nacionales, provinciales y en un municipio bonaerense.

"Hay unos tres millones de trabajadores estatales. Con un 15% basta para que el sistema funcione. Quedó demostrado en la primera etapa de la cuarentena", dijo un jerárquico de la CGT que habla a diario con la cúpula del Gobierno. Si bien el jefe de UPCN no comparte del todo este diagnóstico, ya avisó que está dispuesto a poner la guardia en alto. "Si vienen con recortes o despidos en el Estado, primero tendrán que bajarse el sueldo los cargos políticos. Nosotros no lo vamos a aceptar y hay un decreto presidencial que lo impide", desafió un dirigente cercano a Andrés Rodríguez. La tensión se anticipa en escalada.

La posible poda de sueldos y cargos en el sector público reflotó una vieja disputa entre los gremios estatales. ATE, que suele objetar los acuerdos sellados entre UPCN y la Casa Rosada, se desmarcó rápidamente del pacto entre la CGT-UIA y advirtió que no avalará las rebajas. Las críticas reverdecieron ayer, en las diferentes manifestaciones por el Día del Trabajador. Ya no son solo las dos vertientes de la CTA y la izquierda las que cuestionan la negociación de la CGT. Comenzaron a surgir voces antagónicas en la misma central peronista.

Entre los estatales, ATE es el de mayor presencia territorial, mientras que UPCN pisa fuerte en las áreas jerárquicas. Ni siquiera pudieron articular juntos la estrategia para enfrentar los recortes que activó la gestión de Mauricio Macri. Este nuevo desafío los encuentra otra vez en veredas opuestas, aunque bajo la misma amenaza.

El debate por el teletrabajo

En ATE aseguraron que entre un 60% y un 70% de los empleados públicos están hoy activos de manera remota. En paralelo, en el Ministerio de Trabajo se apura un proyecto de ley para avanzar en la regulación del teletrabajo o home office después de varios planteos sindicales. Uno de ellos fue de ATE, donde algunos dirigentes califican esta práctica como "trabajo a domicilio", ya que los empleados utilizan material propio y tampoco hay legislación vigente. Otro planteo que llegó al despacho de Claudio Moroni fue el del gremio de los docentes privados. El Sadop afirma que el 63% de sus afiliados no tienen computadora propia en sus domicilios, lo que afecta al dictado de clases virtuales que se está imponiendo en la mayoría de escuelas privadas.

La pandemia obligó a muchas empresas a apelar al home office, una modalidad que mucho antes del coronavirus generaba ruido y poca adhesión entre los sindicalistas. ¿A qué se debe el rechazo? Los gremialistas temen que su poder de representación pueda diluirse, además de significar un alivio importante en los bolsillos del empleador, ya que se ahorrarían los gastos por el lugar de trabajo, insumos, viáticos y hasta el pago de la aseguradora de riesgos del trabajo. El debate sobre su regulación y los derechos ya se abrió.

El home office, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo que circuló hace algunas semanas por la CGT, produce una baja en la calidad y en la productividad. Sin embargo, la situación actual de emergencia convenció a los jefes sindicales de que es la salida más viable para aquellas industrias que lo puedan implementar. Aceptar esta modalidad es, ante todo, un atajo para conservar vivo el empleo. Más aún cuando la realidad que traza el coronavirus proyecta caídas de puestos de trabajo, rebajas salariales e inflación en alza.

Bajo presión, se evalúa por estos días en la CGT una estrategia conjunta para diferenciar las negociaciones salariales entre las actividades paralizadas y las que se mantienen activas. "Hay que ver área por área, pero las industrias que tengan vida y espalda tendrán que recomponer salarios si siguieron funcionando", señaló un jerárquico cegetista, que consideró "prematuro" afirmar que habría un contexto generalizado de paritarias cero. El tiempo corre en la CGT, mientras el camionero Hugo Moyano prepara en silencio su reaparición para oponerse al pacto con la UIA y exhibir que su gremio siempre está dispuesto a ganarle a la inflación.

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